José Ramos Bosmediano, Lic. en Pedagogía, Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, ex Secretario General del SUTEP y miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en América (Canadá) .
1. Un inventario de la reforma educativa neoliberal de los 90.
Con el gobierno del fujimorismo se inicia en el Perú la reforma educativa neoliberal, correlato del programa del denominado “Consenso de Washington” que se venía aplicando, desde los 80, en Inglaterra, Estados Unidos y Chile; y que desde 1988, en Brasil, Venezuela, Colombia, para generalizarse desde 1990 en casi todos los países de América latina y El Caribe.
Con el gobierno del fujimorismo se inicia en el Perú la reforma educativa neoliberal, correlato del programa del denominado “Consenso de Washington” que se venía aplicando, desde los 80, en Inglaterra, Estados Unidos y Chile; y que desde 1988, en Brasil, Venezuela, Colombia, para generalizarse desde 1990 en casi todos los países de América latina y El Caribe.
En el Perú la reforma educativa neoliberal empieza con la anulación “de facto” de los derechos económicos y sociales de los maestros peruanos, mediante un decreto supremo de marzo de 1991, mutilando la Ley del Profesorado y su Reglamento en todo lo que favorecía a los maestros.
Pero como reforma educativa neoliberal propiamente dicha empieza con el Decreto 699 de noviembre de 1991, a través del cual se establece la transferencia de las escuelas a entidades privadas, individuales o asociativas. En 1992, después del golpe de Estado del 5 de abril de ese año, el fujimorismo promulga los decretos leyes 26011, 26012 y 26013, a través de los cuales se establecía la transferencia de las escuelas a las municipalidades y también al sector privado, se establecía un sistema de subsidios (ya no financiamiento real) para los estudiantes asistentes, y un sistema de evaluación para los maestros como base de su reconocimiento salarial, respectivamente; todo lo cual no es pura coincidencia con lo que hoy está aplicando el gobierno aprista.
Al lado de las políticas de ahorro de recursos en el sector Educación, el fujimorismo, a partir de 1995, empezó a imponer el modelo ideológico de la pedagogía neoliberal a través del llamado “nuevo enfoque” o pedagogía constructivista, su currículo integrado por áreas y su enseñanza por competencias, con el auxilio de las nuevas tendencias de la sicología cognitivista, mostrándose como lo novedoso y de grandes perspectivas para “mejorar la calidad de la educación”, imagen que subyugó a no pocos educadores “de prestigio” y “expertos” bien pagados, como ocurrió también con la reforma educativa del velasquismo en los años 70.
Para justificar sus políticas educativas neoliberales el fujimorismo apeló al discurso del Banco Mundial sobre el desempeño de los maestros en el aula como factor exclusivo (fundamental y crucial, dicen) de la calidad de la educación; y, como la educación en nuestro país carece de calidad, hay que centrar la atención en los docentes, cuyos salarios, si bien son bajos, no justifican su mal desempeño y hasta su incapacidad total; discurso que empezó a minar la profesión docente y a menoscabar los derechos conquistados por los maestros a través de su organización sindical. Para el discurso neoliberal el “buen desempeño” docente está al margen de las condiciones materiales de su vida y de las de los educandos, de las condiciones económicas y sociales del país.
En 1996 el fujimorismo promulgó el decreto 882 que abrió al sector privado el mercado de la educación superior, promoviendo todo tipo de universidades e institutos de formación magisterial para generar una oferta de trabajo más allá de las posibilidades presupuestarias, creando un “ejército” de maestros desocupados que abarató más el salario docente, especialmente en la creciente educación privada.
La reforma educativa neoliberal ha creado dos imágenes falsas de la realidad educativa del país y de la crisis educativa: a) La crisis educativa es responsabilidad de los maestros; b) La educación privada peruana tiene una gran calidad y hay que protegerla y promoverla.
No todas las políticas educativas del fujimorismo pudieron ser ejecutadas debido a la firme lucha del SUTEP; pero algunas de ellas, especialmente las políticas curriculares y administrativas, fueron aplicadas aun cuando el sindicato nunca se comprometió con esa aplicación, señalando con claridad su destino de fracaso rotundo, como ha ocurrido en otros países. Cuando se trata de las políticas estatales, su aplicación es coactiva y los sindicatos, por más que se opongan, tienen limitaciones para impedir su ejecución; pero debe quedar claro que los trabajadores no pueden comprometerse con tales políticas, independientemente de que los maestros, como trabajadores del Estado, las ejecuten por razones administrativas, fenómeno que siempre ha ocurrido, como cuando se dio la reforma educativa del velasquismo o cuando se dieron los concursos fujimoristas.
Ya desde 1997 se notaba que la crisis de la educación peruana venía agravándose pese a la aplicación de las políticas neoliberales, del nuevo enfoque constructivista, del PEI y de los concursos para ocupar las plazas docentes con nombramiento o mediante contrato; en el fondo se trataba de la crisis histórica y estructural de la educación peruana en las nuevas condiciones de la economía bajo el neoliberalismo y el agravamiento de la crisis social del país, evidenciándose mejor con las mediciones que la UNESCO y la OCDE realizaron en el todo el mundo y en América Latina en particular, midiendo conocimientos en matemáticas, lenguaje y ciencias, con resultados negativos incluso para países que, como Chile, supuestamente se habían puesto “a la vanguardia” de todos los demás de nuestro subcontinente.
2. El “Acuerdo Nacional por la Educación” 2000-2001.
Durante el breve Gobierno de Transición del Dr. Valentín Paniagua, por iniciativa de Foro Educativo y del Ministro de Educación Rubio Correa, se instaló una Comisión encargada de discutir y elaborar un proyecto de educación que fue denominado “Acuerdo Nacional por la Educación”, documento publicado durante el gobierno de Alejandro Toledo cuando era Ministro de Educación el sociólogo Nicolás Linch, quien hizo suyo el proyecto, dando paso, bajo ese modelo, a su propuesta gubernamental de “Lineamientos del Plan Educativo 2001-2006”, sin ninguna novedad y sin ninguna diferencia sustancial con la reforma neoliberal.
2. El “Acuerdo Nacional por la Educación” 2000-2001.
Durante el breve Gobierno de Transición del Dr. Valentín Paniagua, por iniciativa de Foro Educativo y del Ministro de Educación Rubio Correa, se instaló una Comisión encargada de discutir y elaborar un proyecto de educación que fue denominado “Acuerdo Nacional por la Educación”, documento publicado durante el gobierno de Alejandro Toledo cuando era Ministro de Educación el sociólogo Nicolás Linch, quien hizo suyo el proyecto, dando paso, bajo ese modelo, a su propuesta gubernamental de “Lineamientos del Plan Educativo 2001-2006”, sin ninguna novedad y sin ninguna diferencia sustancial con la reforma neoliberal.
El “Acuerdo Nacional por la Educación” es un proyecto que, sin cuestionar la reforma educativa neoliberal, traza lineamientos curriculares y de administración educativa que pretenden mejorar el sistema sin cambiarlo, reafirmando el postulado del financiamiento compartido de la educación entre el Estado, la comunidad y el sector privado, tesis del Banco Mundial, dejando así intacta la reforma privatizadora del fujimorismo.
Observando la composición del actual Consejo Nacional de Educación, su orientación fundamental en materia pedagógica es la misma que de Foro Educativo, por lo tanto, no es nada extraño que el PEN del CNE actual tenga semejante contenido.
Lo único de positivo que dio el Gobierno de Transición fue la apertura del diálogo con el SUTEP, permitiendo que el Secretario General del período 2000-2002 integrara la Comisión del “Acuerdo Nacional por la Educación”; diálogo que permitió la restitución de algunos derechos sindicales, como la licencia sindical y el derecho a la negociación colectiva, pero en materia económica el programa neoliberal seguía restringiendo el gasto presupuestal, por ende, el salario de los maestros.
3. La política educativa del gobierno de Perú Posible 2001-2006.
3.1. El gobierno del Presidente Alejandro Toledo, de la mano con el Congreso, en cuya composición ha sido difícil distinguir alguna oposición programática, centró su política en los siguientes aspectos: a) La propuesta de elevar el presupuesto para la educación al 6 % del PBI a razón de 0.25 % anual; b) Duplicar el sueldo magisterial hasta el año 2006; c) La elaboración y promulgación de una nueva Ley de Educación; d) Los proyectos de educación rural y de educación de las niñas; e) La educación inclusiva; f) El “Plan Huascarán”; g) La política educativa para la emergencia declarada en el 2003 como si fuera un gran descubrimiento, con planes curriculares para la superación de los vacíos en el aprendizaje de la lectura, de las matemáticas y de los valores.
3. La política educativa del gobierno de Perú Posible 2001-2006.
3.1. El gobierno del Presidente Alejandro Toledo, de la mano con el Congreso, en cuya composición ha sido difícil distinguir alguna oposición programática, centró su política en los siguientes aspectos: a) La propuesta de elevar el presupuesto para la educación al 6 % del PBI a razón de 0.25 % anual; b) Duplicar el sueldo magisterial hasta el año 2006; c) La elaboración y promulgación de una nueva Ley de Educación; d) Los proyectos de educación rural y de educación de las niñas; e) La educación inclusiva; f) El “Plan Huascarán”; g) La política educativa para la emergencia declarada en el 2003 como si fuera un gran descubrimiento, con planes curriculares para la superación de los vacíos en el aprendizaje de la lectura, de las matemáticas y de los valores.
3.2. La propuesta del incremento presupuestal en los términos indicados viene de los años 97 y 98, una propuesta demagógica porque el incremento del 0.25 % anual se esfumaría con el promedio de inflación anual y con el incremento de la población escolar, además de que un país, como el Perú, con inmensas carencias educativas y sociales, requiere de un presupuesto no menor del 8 % del PBI anual; pero lo cierto es que ni la propuesta del % anual prometido se ha podido cumplir.
3.3. La duplicación del sueldo magisterial al 2006 ha sido otro embuste, pues de 800 soles promedio en el 2001 se ha pasado al millar de soles, con el agravante de que no menos de 300 soles simplemente carecen de valor pensionario.
3.4. La elaboración de la nueva Ley General de Educación promulgada en el 2003 fue, supuestamente, un proceso democrático, de consulta a decenas de miles de maestros, pero en su contenido final se observa la impronta y el sello de la reforma educativa fujimorista, de tal manera que la nueva Ley (No. 28044) legaliza los postulados y todo lo actuado por la reforma neoliberal: su carácter privatizador y su adecuación a la penetración de las transnacionales de la educación a nuestro país, mucho más si se lograra firmar el TLC con Estados Unidos, como viene ocurriendo en México.
3.5. Los proyectos de educación rural y de las niñas, propuestas demagógicas del Banco Mundial, carecen de plasmación concreta y se han quedado como simples proyectos.
3.6. La educación inclusiva también constituye una iniciativa del Banco Mundial en la línea de la búsqueda de la “equidad”; propuesta que en realidad puede ser plausible parcialmente en ciertas condiciones, pero que en este caso lo que se busca es, desde la perspectiva neoliberal, ahorrar más recursos integrando a los discapacitados a las aulas de educación en condiciones normales, pues para la gran mayoría de discapacitados la educación especial es una necesidad antes de que puedan integrarse a las aulas regulares, y esa educación especial requiere un gran esfuerzo presupuestal.
3.7. El “Plan Huascarán” es una de esas iniciativas que forman parte de la propaganda sobre “innovaciones”, como si una herramienta didáctica, como el ordenador, requeriría un plan especial desligado del proceso integral de la enseñanza-aprendizaje. Su fracaso ha sido rotundo no solamente porque no era necesario singularizar su presencia en las escuelas, sino porque su magro presupuesto tenía que hacer colapsar su funcionamiento normal y regular.
3.8. La declaratoria en emergencia a la educación el 2003 constituyó el reconocimiento legal del fracaso de la reforma educativa neoliberal, fracaso que los congresistas no mencionaron al fundamentar su Ley de Emergencia Educativa; por consiguiente, las políticas trazadas a partir del 2003 no atacan los problemas de fondo, como la propia reforma neoliberal, sino que introducen en las escuelas elementos curriculares y metodológicos para que los maestros sean los únicos responsables de superar esa emergencia.
3.9. Pero, al margen de las iniciativas fracasadas del toledismo en materia educativa, la reforma educativa neoliberal ha seguido su marcha destructora de la educación pública y de la profesión docente, a la vez que impulsora de la educación privada en todos sus matices. El nuevo gobierno aprista encontró esta realidad dibujada por los datos cuantitativos de analfabetismo, deserción, repetición y ausentismo de casi 2 millones de niños y jóvenes en edad escolar, de maestros con doble actividad diaria para sobrevivir, con escuelas que se caen y con una burocracia educativa inútil y parasitaria.
4. La política educativa aprista
4.1. El Partido Aprista Peruano no ha logrado, en toda su historia, sistematizar un proyecto propio de educación para el Perú, acorde con los acuerdos de su I Congreso Nacional de 1931 que aprobó su Plan de Acción Inmediata, con frases muy generales sobre el derecho a la educción de las mayorías, el aumento del presupuesto (sin señalar cuánto), la creación de escuelas, institutos y universidades. Estas generalidades son recogidas por Haya de la Torre en su “Discurso Programa” de 1931 como candidato presidencial, discurso en el cual levanta el postulado de la “escuela pública única” que posteriormente fue brillantemente olvidado, pues ni cuando fueron gobierno se acordaron de ese planteamiento originariamente de la burguesía revolucionaria de los siglos XVIII y XIX, pero que la educación socialista lo recoge y desarrolla, como en Cuba y en la ex Unión Soviética.
4. La política educativa aprista
4.1. El Partido Aprista Peruano no ha logrado, en toda su historia, sistematizar un proyecto propio de educación para el Perú, acorde con los acuerdos de su I Congreso Nacional de 1931 que aprobó su Plan de Acción Inmediata, con frases muy generales sobre el derecho a la educción de las mayorías, el aumento del presupuesto (sin señalar cuánto), la creación de escuelas, institutos y universidades. Estas generalidades son recogidas por Haya de la Torre en su “Discurso Programa” de 1931 como candidato presidencial, discurso en el cual levanta el postulado de la “escuela pública única” que posteriormente fue brillantemente olvidado, pues ni cuando fueron gobierno se acordaron de ese planteamiento originariamente de la burguesía revolucionaria de los siglos XVIII y XIX, pero que la educación socialista lo recoge y desarrolla, como en Cuba y en la ex Unión Soviética.
4.2. El antecedente nefasto de la política educativa aprista de 1985-1990 debe tenerse en cuenta para enjuiciar su política educativa actual. En ese período gubernamental el APRA no hizo más que engrosar la burocracia educativa con sus militantes, llevar a las aulas y a los cargos administrativos y de servicios de las escuelas a militantes que carecían de preparación para esas funciones. Es decir, su gobierno contribuyó a la degeneración del aparato educativo y a mantener la política clientelista del pasado republicano.
4.3. Durante el gobierno del Presidente Toledo los ahora gobernantes apristas no solamente apoyaron con entusiasmo la actual Ley General de Educación, sino que la hoy Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas se esmeraba en los programas radiales y de la TV para alabar la citada Ley, especialmente el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, cuyo antecedente más conocido en América Latina es su aplicación en México a raíz de la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá, y cuyos resultados no tienen nada que ver con el “mejoramiento de la calidad” de la educación mexicana. Hoy se han olvidado de la “escuela pública única”, de la cual el propio Haya de la Torre no volvió a hablar, incluso ni cuando fue Presidente de la Constituyente de 1978-1979.
4.4. La política educativa del gobierno aprista se resume en los siguientes aspectos:
a) La continuación integral de la reforma educativa neoliberal del fujimorismo.
b) La campaña de desprestigio de la profesión docente como parte de proyecto neoliberal de debilitamiento y reducción de la escuela pública,
c) La destrucción de los derechos de los maestros con mecanismos de descrédito como son las evaluaciones neoliberales que viene aplicando para hacer más difícil la permanencia en la carrera pública magisterial, a lo que se une el proyecto de ley que declara a la educación “servicio público esencial” por tres años a efecto de impedir cualquier paralización huelguística con el argumento de que con esas medidas de lucha se perjudican los estudiantes, lo que constituye una medida represiva, pues aunque el proyecto señale que los maestros tienen derecho a la huelga, el objetivo gubernamental es imponer sanciones a los huelguistas, además de “persuadir” a los maestros a no paralizar sus labores,
d) El apoyo al proyecto neoliberal de la Nueva Carrera Pública Magisterial, de innegable propiedad intelectual del Banco Mundial y su “enriquecimiento” con el concepto de la “meritocracia” que compagina con el valor neoliberal de la competencia individualista entre los maestros,
e) La apropiación del Proyecto Educativo Nacional del Consejo Nacional de Educación, que no es sino el desagregado de la Ley 28024, con todas sus implicancias al servicio de la expansión de la educación privada,
f) La política de municipalización de la educación en marcha en su etapa de “plan piloto” que busca transferir hacia la comunidad el gasto educativo con las consecuencias que se dieron en Chile, Argentina y Nicaragua, principalmente,
g) La prolongación del horario escolar para “profundizar” los programas curriculares de lectura, matemáticas y la “reflexión” en torno a los valores, ofreciendo a los maestros, como si se tratara de mendigos, la suma de 35 soles de “incentivo” salarial, sin tener en cuenta que esa sobrecarga horaria no producirá en los alumnos mejores condiciones para la asimilación de los conocimientos, teniendo en cuenta su precarias situación nutricional,
h) El adelanto del inicio de clases, que viene del gobierno de Toledo, constituye un largo anhelo de los dueños de la educación privada para garantizar un mayor número de pensiones al año pero sin mejorar sustancialmente el desarrollo del año lectivo, pues el mes de diciembre es un tiempo casi perdido para el proceso enseñanza-aprendizaje.
LA REALIDAD EDUCATIVA ACTUAL Y SUS PERSPECTIVAS.
1. La primera comprobación que resalta sobre la educación peruana actual es la existencia de la crisis de todo el sistema educativo, intacta y en proceso de ahondamiento. En perspectiva, esta crisis no tiene solución en los marcos del neoliberalismo ni mucho menos bajo el predominio del capitalismo liberal, en caso de que haya una derrota del modelo neoliberal. Cualquier reforma más o menos progresista solamente atenuaría la crisis.
a) La continuación integral de la reforma educativa neoliberal del fujimorismo.
b) La campaña de desprestigio de la profesión docente como parte de proyecto neoliberal de debilitamiento y reducción de la escuela pública,
c) La destrucción de los derechos de los maestros con mecanismos de descrédito como son las evaluaciones neoliberales que viene aplicando para hacer más difícil la permanencia en la carrera pública magisterial, a lo que se une el proyecto de ley que declara a la educación “servicio público esencial” por tres años a efecto de impedir cualquier paralización huelguística con el argumento de que con esas medidas de lucha se perjudican los estudiantes, lo que constituye una medida represiva, pues aunque el proyecto señale que los maestros tienen derecho a la huelga, el objetivo gubernamental es imponer sanciones a los huelguistas, además de “persuadir” a los maestros a no paralizar sus labores,
d) El apoyo al proyecto neoliberal de la Nueva Carrera Pública Magisterial, de innegable propiedad intelectual del Banco Mundial y su “enriquecimiento” con el concepto de la “meritocracia” que compagina con el valor neoliberal de la competencia individualista entre los maestros,
e) La apropiación del Proyecto Educativo Nacional del Consejo Nacional de Educación, que no es sino el desagregado de la Ley 28024, con todas sus implicancias al servicio de la expansión de la educación privada,
f) La política de municipalización de la educación en marcha en su etapa de “plan piloto” que busca transferir hacia la comunidad el gasto educativo con las consecuencias que se dieron en Chile, Argentina y Nicaragua, principalmente,
g) La prolongación del horario escolar para “profundizar” los programas curriculares de lectura, matemáticas y la “reflexión” en torno a los valores, ofreciendo a los maestros, como si se tratara de mendigos, la suma de 35 soles de “incentivo” salarial, sin tener en cuenta que esa sobrecarga horaria no producirá en los alumnos mejores condiciones para la asimilación de los conocimientos, teniendo en cuenta su precarias situación nutricional,
h) El adelanto del inicio de clases, que viene del gobierno de Toledo, constituye un largo anhelo de los dueños de la educación privada para garantizar un mayor número de pensiones al año pero sin mejorar sustancialmente el desarrollo del año lectivo, pues el mes de diciembre es un tiempo casi perdido para el proceso enseñanza-aprendizaje.
LA REALIDAD EDUCATIVA ACTUAL Y SUS PERSPECTIVAS.
1. La primera comprobación que resalta sobre la educación peruana actual es la existencia de la crisis de todo el sistema educativo, intacta y en proceso de ahondamiento. En perspectiva, esta crisis no tiene solución en los marcos del neoliberalismo ni mucho menos bajo el predominio del capitalismo liberal, en caso de que haya una derrota del modelo neoliberal. Cualquier reforma más o menos progresista solamente atenuaría la crisis.
2. El sistema educativo peruano, con la expansión de la educación privada, se ha desarticulado más dando paso a la existencia de centros de educación cada vez más dispares en sus orientaciones curriculares y en la tan mentada “calidad”. La perspectiva no es a mejorar sino a volverse cada vez más inmanejable.
3. Para la consolidación de la reforma educativa neoliberal heredada del fujimorismo el gobierno aprista está empeñado en imponer la municipalización de la educación como reforma de “segunda generación” que llevaría a un significativo ahorro fiscal al gobierno central; también la imposición de un nuevo modelo laboral para los maestros tal como lo define el Proyecto de Ley de Carrera Pública Magisterial, de la cual es un adelanto el sistema de evaluación que está imponiendo desde el 20 de diciembre del 2006. En torno a estas dos medidas neoliberales se ha polarizado la discusión actual. Si bien el elemento más sensible y efectista es la evaluación de los maestros, la municipalización significa parte importante de la “reforma del Estado” en el sentido de su “achicamiento” y la reducción de sus responsabilidades económicas en la educación.
4. Al lado de los objetivos macroeconómicos que persigue el gobierno con la nueva carrera pública magisterial y con la municipalización, tiene el propósito concreto de enfrentar al SUTEP con el pueblo, con los padres de familia y con una opinión pública distorsionadamente orientada por los medios de comunicación al servicio del neoliberalismo, a efecto de debilitarlo y crear las condiciones para que el gremio sea capturado por los neoliberales o por fuerzas políticas proclives al consenso con el neoliberalismo. Una respuesta equivocada y débil ha permitido que la campaña del gobierno haya avanzado hasta producir una evidente derrota ideológica, política, pedagógica y sindical en el movimiento sindical magisterial, con el antecedente de una polarización innecesaria en el seno del magisterio con motivo de la imposición del Colegio de Profesores del Perú. Esta situación de derrota viene siendo aprovechada por sectores neoliberales y por grupos oportunistas que agitan el “voto universal” para “democratizar” los sindicatos. Por supuesto que poco les interesa los demás sindicatos; les interesa más, por hoy, el SUTEP.
5. Un SUTEP debilitado y adecuado a las propuestas neoliberales en curso, facilitará más el avance de éstas, creará condiciones más favorables para los sectores derechistas y oportunistas, incluido el senderismo aventurero.
6. En este período se torna significativo y necesario desarrollar una profunda lucha ideológica, desde el campo de la pedagogía principalmente, entre el proyecto educativo del CNE (que incluye la Ley General de Educación 28044) y el proyecto educativo del SUTEP. Sin una comprensión clara de esta confrontación no será posible orientar la lucha magisterial en función de la lucha por una nueva educación en el Perú y de los derechos de los maestros como trabajadores, incluyendo a los maestros de la escuela privada, explotados, como están, por los dueños de las empresas educativas en todo el país.
7. Al margen de que el gobierno imponga, bajo evidente chantaje, sus medidas neoliberales en la educación, los maestros y su sindicato deben mantener una actitud firme y digna. Los insultos neoliberales que menoscaban la idoneidad profesional de la gran mayoría de loa maestros peruanos, no son nuevos, como no es nueva la actitud de desprecio que las clases dominantes han tenido siempre hacia “el maestrillo”, pues esas clases dominantes del Perú republicano han tenido y tienen su propia escuela, supuestamente de gran calidad para formar sus propios cuadros para dar continuidad a su dominio de clase Esta es una contradicción entre la educación oficial dominante y la nueva educación, renovadora y popular, de debe abrirse paso en un nuevo contexto de cambios profundos en la sociedad peruana.
Lima, 16 de Febrero de 2007.
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