LA ESTAFA DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP

ANTECEDENTES NECESARIOS .

El hecho más relevante en los casi 20 últimos años, aunque no por ello positivo para la educación peruana, ha sido la reforma educativa neoliberal que el fujimorismo impuso en la década de los 90 como parte, qué duda cabe, del proyecto económico-social neoliberal en su conjunto.

Tal reforma educativa, como el proyecto neoliberal en general, no fue derrotada con la debacle de ese régimen vende patria y corrupto. Sin deslindar con ella, el gobierno transitorio de Valentín Paniagua dio paso a un denominado “Acuerdo Nacional por la Educación” que formuló un documento cuyos lineamientos generales no contradecía el carácter privatizador de la herencia educativa fujimorista. Quienes formaron parte del grupo que elaboró el documento, incluyendo al Secretario General del SUTEP de ese período (2000-2001), bajo la hegemonía de los integrantes de Foro Educativo, consideraron que con orientaciones pedagogistas se enfrentaría la crisis educativa. No abordaron, por ejemplo, el problema de la privatización de la educación que tenía una ley específica que la promovía (DL 802, de 1996, vigente aún). Mucho menos se interesaron por la vigencia de los derechos de los maestros, cuya carrera pública establecida por la Ley 24029 y su Ley Modificatoria No. 25212, había sido prácticamente liquidada desde marzo de 1991.

El gobierno de Alejandro Toledo, con el “izquierdista” Nicolás Linch como Ministro de Educación, hizo suyo el documento del “Acuerdo...”, sobre la base del cual el mencionado Ministro elaboró sus “Lineamientos” para el período 2001-2006, pero, al mismo tiempo, prosiguió con la aplicación de las pruebas estandarizadas a los maestros para contratarlos y nombrarlos, levantando como “creación heroica” la tesis tecnocrática de la “meritocracia”, que años después el gobierno aprista quiso aplicar a los profesores universitarios, incluido el meritocrático Linch, quien, sin recordar su campaña contra los maestros y su sindicato, tuvo que rechazar también. Pero el gobierno de Toledo, secundado por un Parlamento de mayoría neoliberal, avanzó con la promulgación de la Ley General de Educación (28044) en el 2003, norma que legaliza todo lo actuado por el fujimorismo, incluido el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, de impronta pinochetista y que el fujimorismo había ensayado a través de un Decreto Ley de 1992, año en que impuso el Decreto Ley de municipalización de la educación.

Como es de conocimiento público, el gobierno aprista actual es más fujimorista que Fujimori en la aplicación del proyecto neoliberal. En materia educativa, además de introducir pequeños cambios en el currículo impuesto por Fujimori-Montesinos, se está esmerando en imponer la municipalización de la educación y en proseguir con la evaluación estandarizada de maestros y estudiantes, con el demagógico objetivo de “mejorar la calidad de la educación”. Pero su mejor faena es, hasta hoy, en materia educativa, la promulgación de la Ley de Carrera Pública Magisterial, antecedida de una campaña de evaluación que la dirigencia nacional del SUTEP no pudo enfrentar con la fuerza pedagógica necesaria, pues al dudar sobre la tendencia del rechazo que venía de las regiones y provincias y al carecer de argumentos para rebatir a un ignorante en pedagogía como José Antonio Chang, propició la derrota del gremio y la creación de una opinión pública favorable a las evaluaciones estandarizadas, por tanto, a la imposición de una carrera pública magisterial que es, desde todo punto de vista, una gran estafa para la educación, para los estudiantes, para los padres de familia y, por supuesto, para los maestros.

Con una actitud soberbia y evidentemente triunfalista, el gobierno aprista ya empezó a aplicar su ley y está propiciando que los maestros se adapten a la nueva escala profesional.

LA GRAN ESTAFA.

La nueva Ley de Carrera Pública Magisterial elimina todos los derechos de los maestros peruanos. No necesito ser minucioso para demostrar lo que afirmo como punto de partida general, pues la dirigencia actual del SUTEP, luego de un período de 8 años de vacilaciones, ha publicado un comunicado (ver La República de Lima, 23/04/2009, p. 9) que desbarata todos los argumentos de quienes, desde el Ministerio de Educación, del Poder Ejecutivo, del propio Parlamento y de un periodismo venal e ignorante, vienen pontificando sobre los “jugosos salarios” que percibirán los maestros peruanos.

En la Ley hay dos elementos fundamentales que niegan el significado mismo de carrera pública magisterial desde un punto de vista de la profesión docente. El primer elemento se refiere a las posibilidades de que todos los maestros puedan ascender hasta los niveles IV y V para alcanzar tan importante remuneración. La Ley está hecha para que la gran mayoría de los maestros permanezcan en los niveles inferiores, pues hay porcentajes y tiempos de permanencia en cada nivel que limitan esas posibilidades. Esta lógica conduce a impedir que los maestros reclamen mejores salarios, pues tienen que conquistarlos a través de las evaluaciones estandarizadas, complementadas con maestrías y doctorados, gran negocio para las universidades, obligando a los docentes endeudarse para pagar esos estudios. En consecuencia, la Ley está hecha para que el Estado ahorre más en salarios docentes, un objetivo eminentemente neoliberal, pero también para enriquecer más a los dueños de las universidades privadas, en una competencia que degenerará más los estudios de postgrado, como viene ocurriendo en Brasil.

El otro elemento es la aplicación de la evaluación estandarizada a los maestros a efecto de introducir ellos no solamente una visión parcializada y unidimensional del conocimiento, convirtiendo a la pedagogía en un mero razonamiento verbal y matemático, instrumentalismo puro, pragmatismo pedagógico; sino también convertir a la carrera pública magisterial en un campo de competencia individualista entre docentes, quienes solamente estarán interesados en ganar puntajes a como dé lugar en vez de preparar bien el proceso enseñanza-aprendizaje.

No es cierto, pues, que con la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial ganará la educación peruana, ni los padres de familia, mucho menos los maestros. La estafa es evidente.

MAESTROS A LUCHAR.

Nunca debió haberse pronunciado la palabra “perdón” por no haber participado en las tramposas evaluaciones impuestas por el neoliberalismo aprista, como ocurrió en el 2007 desde la dirigencia nacional del SUTEP. Esta actitud envalentonó a los neoliberales encaramados en el Ministerio de Educación. Propició en los maestros un espíritu de derrota moral y hasta profesional. El contenido del comunicado del 23 de abril 2009 expresa, en gran medida, la recuperación del espíritu de lucha de los maestros peruanos, aun cuando la confrontación que se avecina demandará de estos mucho sacrificio. No luchar contra un proyecto neoliberal que ha demostrado su fracaso en toda América es negar el papel que ha cumplido el SUTEP en la historia del nuestro país desde la década de los 70, rol sistemáticamente negado por los detentadores del poder político y mediático.

El magisterio mexicano, argentino, chileno, ecuatoriano, hondureño, canadiense, estadounidense, etc., han rechazado la estafa de las evaluaciones estandarizadas y la supuesta carrera magisterial sustentada en aquéllas. ¿Dirán nuestros intelectuales criollos y nuestros periodistas acomodaticios que los millones de maestros de América y sus sindicatos temen ser evaluados porque son “burros”?

En esta lucha está la pedagogía como arma ideológica de los maestros, esa ciencia que no puede confundirse con el “liderazgo” que propugnan los empresarios de ESAN y los dueños de universidades que se han apoderado de las instituciones educativas del Estado.

Hay que advertir que el gobierno aprista está gastando grandes cantidades de dinero en la propaganda para animar a los maestros a inscribirse para ser evaluados. Ha tenido que librar partidas presupuestales para incentivar a los maestros que ya están en el I Nivel de la nueva carrera pública magisterial, a efecto de que los que “aún no están” vayan presurosos a esa manipulación académica.

La lucha del magisterio nacional debe ser acompañada por las facultades de educación de las universidades públicas, pues también éstas son agredidas al poner en duda su propia capacidad para formar maestros. Es penoso que un ingeniero industrial con un pasado estudiantil nada claro, comerciante, además, de la educción a través de la Universidad Privada San Martín de Porres, sea hoy el operador de turno de la destrucción de la escuela pública y de la profesión docente.

Lima, abril 24 del 2009

¡ No a la Evaluación Neoliberal Aprista en el Perú !

Evaluación Neoliberal

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MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN: FRACASO ANUNCIADO

Lic. José Ramos Bosmediano, Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

Desde que el gobierno neoliberal del hoy condenado Alberto Fujimori lanzara la orden de municipalizar la educación, basándonos en los antecedentes de la reforma educativa chilena de Pinochet y su municipalización fracasada, desde el sindicato que dirigimos en aquella década (1990-2000) advertimos que esta política no tenía el objetivo de “descentralizar” la educación para “hacer más eficiente la gestión” y lograr el “mejoramiento de la calidad”, sino que buscaba disminuir las responsabilidades económicas del gobierno central en función del ahorro fiscal en materia educativa, con graves consecuencias para la escuela pública, por ende, para la gran mayoría de niños y jóvenes que son matriculados en ella; pero también para los propios docentes que no tendrían ningún derecho a reclamar a los alcaldes sus reivindicaciones económicas. Se denunció el signo privatizador de la municipalización de la educación. El fujimorismo lanzó hasta tres veces el desfachatado proyecto. Las tres veces debió de recular frente al esclarecimiento de sus reales objetivos.

En el marco de la nueva Ley General de Educación (28044) promulgada por el gobierno de Alejandro Toledo con el ignorante apoyo parlamentario de todos los “demócratas” de aquel Parlamento (2001-2006), el actual gobierno del señor Alan García Pérez, también con la complicidad de los actuales parlamentarios, ha puesto en marcha, desde el 2007, el plan piloto de la municipalización de la educación. Los apristas pueden denostar del fujimorismo todo lo que quieran, pero no pueden negar que son fieles herederos de toda la política económica, social y cultural del neoliberalismo impuesto por el socio de Montesinos. Son, incluso, más diligentes para seguir vendiendo el país y proseguir con la privatización de los servicios sociales, como la educación y la salud. La destrucción real de la carrera pública docente es, en el mismo sentido, el cumplimiento de lo que el fujimorismo no pudo realizar.

Volvemos nuevamente al tema de la municipalización de la educación a raíz de los permanentes reclamos de uno de los alcaldes distritales de Lima: del señor Juan Manuel del Mar, Alcalde del distrito de Santiago de Surco, quien, entusiasmado por la municipalización, aceptó, presuroso, “el reto”, como suelen decir desaprensivos -cuando no ignorantes- alcaldes que se han comprometido con la administración de la educación sin saber exactamente lo que harán.

El Alcalde del Mar, desde el 2008, viene reclamando al gobierno central, a través de los medios de prensa, la transferencia del dinero para administrar la educación, pues los recursos de su municipalidad son insuficientes para enfrentar los nuevos gastos que supone la tarea asumida en materia educativa. Y téngase en cuenta que su distrito es uno de los más solventes de Lima Metropolitana, en el mismo nivel elevado de ingresos que Miraflores, La Molina y San Isidro. Como el gobierno central no le ha escuchado, hoy plantea, agobiado por el problema en el que se ha involucrado, no pagar el IGV Impuesto General a las Venta) al Estado para que ese dinero se invierta en el mantenimiento de las escuelas, la capacitación de los maestros, la edición y distribución de libros a los estudiantes y docentes, la entrega de computadores a los centros educativos, etc. Después de haber aceptado, irresponsablemente, asumir la administración de la educación en su distrito, hoy, irresponsablemente también, pretende quedarse con el IGV que corresponde al gobierno central. ¿Qué hará si no le aceptan tan peregrina propuesta? No se sabe. Podría reconsiderar la municipalización aceptada y devolver las escuelas al Ministerio de Educación; o hacer lo que las autoridades provinciales de la Argentina cuando se vieron imposibilitados de seguir manteniendo las escuelas: crear nuevos impuestos para los gastos de la educación en su jurisdicción, lo que llevó a derivar la responsabilidad de sufragar los gastos educativos a los padres de familia y al pueblo en general, precisamente lo que busca el neoliberalismo. El grito desesperado del Alcalde del Mar (véase La República de Lima, 14/04/2009, p. 22) tiene el tufillo demagógico de quien oculta su incapacidad para tomar decisiones sobre asuntos que desconoce y que, en realidad, no le competen. Del Mar, con la misma ingenuidad con la que aceptó “el reto”, dice ahora: convoco a toda la comunidad educativa a sumar voluntades para mejorar la calidad educativa y formar mejores ciudadanos con valores”. No hay duda que este Alcalde se ha contagiado de la demagogia del Presidente Alan García, del Ministro de Educación José Antonio Chang y su Viceministro Idel Vexler Talledo, cuyas declaraciones permanentes nos recuerdan los discursos triunfalistas de los reformadores fujimoristas, de triste recordación.

Lo que está ocurriendo con el Alcalde Juan Manuel del Mar es el anunciado fracaso de la municipalización de la educación en el Perú, fracaso ya ocurrido en los países americanos donde se ha impuesto la mencionada política educativa.

Lima, abril 4 del 2009

5 DE ABRIL, DE MEMORIA, UNA MEMORIA

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

A Juan Corilloclla, maestro huancavelicano asesinado por Sendero Luminoso; a Esteban Flores, asesinado por el Ejército en Tingo María y a todos los luchadores sociales que cayeron en la ignominiosa década de los 90 en el Perú, mi recuerdo y mi esperanza.

Hace 18 años se produjo en el Perú un golpe de Estado, de los tantos que han sido perpetrados por las clases dominantes para dar curso a sus objetivos estratégicos: perpetuarse en el poder para servir mejor a sus intereses. Pueden variar las motivaciones inmediatas (pretextos “razonables”), incluso las formas de promover y llevar a cabo el acto de seguir con el poder por otros medios, pero nuestros golpistas peruanos, siempre con la fuerza militar, no han buscado más que los beneficios de los dueños de esta republiqueta. La prensa que registra los hechos en el día a día, articulistas “de opinión” que escriben con sumo cuidado para no herir a los nuevos mandones, historiadores que usan la perspectiva “del largo plazo”, generalmente registran las formas, los efectos inmediatos; y hoy, bajo el imperio de las encuestas como método de inducción de conciencias, la reacción emotiva de la gente. El esfuerzo, la necesidad de interpretación objetiva de los acontecimientos, no existen porque, en el fondo del problema, los “intérpretes” del momento con acceso a los medios no hacen más que acomodarse a la nueva situación creada por los golpistas del momento. Poco les interesan las verdaderas causas de los hechos, o carecen de entereza para señalarlas.

El 5 de abril de 1992, a las 10 de la noche, un domingo como hoy, empieza el mensaje del hoy procesado Alberto Kenya Fujimori Fujimori anunciando la disolución del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial y la instalación de un gobierno de “reconstrucción nacional”, nada menos. Ejercía yo el cargo de Secretario General del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), en las vísperas de nuestro VII Congreso Nacional. Estaba en mi casa. Una llamada telefónica de un dirigente nacional que se hospedaba en el local sindical pero que en ese momento estaba afuera, me advierte de la toma de la sede sindical por un contingente del ejército peruano. En el interior estaban dos dirigentes nacionales que debían de haber viajado al interior del país y no lo hicieron oportunamente. Quedaron detenidos, tal como ocurrió con algunos parlamentarios en su domicilio. Me enteré que me buscaban y debí vivir 15 días fuera de casa para seguir luchando contra la dictadura civil-militar impuesta. Desde el día siguiente empezamos a denunciar los atropellos del régimen, cuya soldadesca destruyó nuestros archivos, hurtó máquinas de escribir y el dinero que guardábamos en uno de los escritorios para los gastos diarios del sindicato. No era posible denunciar legalmente esos robos porque los más importantes medios de prensa estaban rodeados por los tanques militares.

EL CONTEXTO DEL GOLPE NEOLIBERAL

El gobierno fujimorista instalado el 28 de julio de 1990 empezó con el shock económico el 8 de agosto de ese año, invocando a Dios para que “nos ayude”, pues constituía un zarpazo contra los más pobres, que ya venían sufriendo la agudización de la crisis durante toda la década de los 80, que se convirtió en una hiperinflación a fines de esa década durante el primer gobierno del APRA con Alan García como Presidente de la República. El shock fujimorista era el signo inequívoco del inicio del programa neoliberal que había anunciado Mario Vargas Llosa desde 1989, cuando lanzó su candidatura con un amplio frente de la derecha más rancia del Perú de aquellos años, propuesta que fuera denunciada no solamente por los apristas de entonces, como hoy se dice interesadamente, sino por toda la izquierda y los sindicatos y organizaciones populares dirigidas por ésta.

Inmediatamente el Parlamento, de mayoría derechista, otorgó al gobierno de Fujimori facultades extraordinarias para legislar en materia económica y de lucha contra el terrorismo, ya que Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) pusieron en jaque al Estado burgués en el Perú, aunque sin mayores posibilidades de triunfar porque, bajo una concepción exclusivamente militarista, carecían de capacidad para comprometer a las amplias masas y fuerzas progresistas a sus objetivos de “toma del poder”. Con todo el poder en sus manos, el gobierno empezó a promulgar decretos que orientaban la economía hacia la privatización de los bienes y recursos del Estado, la desregulación laboral y la preparación de las condiciones jurídicas que permitiesen al gran capital extranjero apoderarse del país. Un plan de despidos masivos de trabajadores estatales estaba a la vista para vender las empresas y “achicar” el Estado, es decir, ahorrar recursos fiscales para cumplir con el pago de la deuda externa y entregar el mercado a los empresarios privados. En el año 91 nuestro sindicato debió de realizar una huelga en defensa de la educación pública, pues el régimen anunciaba la privatización y había congelado los derechos económicos que establecía la Ley del Profesorado 24029, conquistados con la lucha de los maestros durante las huelgas de 1984 y 1990. La huelga duró 109 días con la consigna: “Primero son los niños y no la deuda externa”. El 28 de julio de 1991, en plena huelga y cuando Fujimori ofrecía en el Congreso su mensaje presidencial (28 de julio: día de la independencia nacional del Perú), nuestro sindicato interrumpió su discurso con pancartas y manifestaciones en el Hemiciclo. Fujimori y sus seguidores directos e indirectos, nunca nos perdonaron semejante “afrenta”.

En los meses de enero, febrero y marzo de 1992 afloraron contradicciones del Ejecutivo con fuerzas parlamentarias de izquierda y algunas de derecha por ciertos decretos antiterroristas que vulneraban los derechos ciudadanos, pero también por dispositivos de tipo económico-tributario, opuestos a la Constitución vigente (la de 1979). El gobierno de Fujimori no podía gobernar con un Congreso que no le garantizaba, del todo, carta blanca para imponer el neoliberalismo ni desarrollar la guerra sucia contra todo lo que consideraba terrorismo. El Parlamento debió de revisar y derogar algunos decretos que vulneraban el orden constitucional, pese a que, en agosto del 91, una mayoría conformada por fujimoristas, apristas y ultraderechistas del transitorio partido de Vargas Llosa (FREDEMO), le salvó de la censura a su Ministro de Educación cuestionado por el SUTEP. Por nuestra parte, se había cerrado ya cualquier posibilidad de dialogar con el gobierno para defender los derechos de los maestros, lo que explica el estallido de la huelga del 91. El 7 de noviembre de este año Fujimori impuso el decreto 699 que privatizaba la educación y hasta militarizaba las escuelas en las zonas de emergencia (militar). La lucha del SUTEP logró que el Parlamento derogase el decreto a principios de 1992. Para Fujimori y los neoliberales, pues, la situación no era propicia para llevar a cabo su política económica y social. El último diálogo entre el SUTEP y el Ministro de Educación de aquel momento se produjo a fines de marzo de 1992. Nunca más, hasta la huida del dictador en el 2000, hubo conversaciones entre el sindicato magisterial y el gobierno. Simplemente se nos negaban cualquier tipo de negociación, salvo con funcionarios de segundo orden. Después del golpe de Estado, en diciembre del 92, Fujimori promulgó tres decretos leyes imponiendo la privatización de la educación, la municipalización educativa con privatización, el subsidio por alumno y la evaluación estandarizada que hoy está aplicando el nuevo régimen aprista. La lucha del SUTEP obligó al fujimorismo a derogar sus decretos, aun cuando su política privatizadora y antimagisterial seguía aplicándose de facto.

No hay que olvidar que el movimiento sindical y popular ya había ingresado, en el Perú, a una crisis de dirección, desde 1985 por lo menos, acelerada por la recesión del aparato productivo y despidos de trabajadores por cierre de empresas.

El Estado oligárquico estaba demostrando su incapacidad para seguir manejándose con las orientaciones desarrollistas ya fracasadas. La histórica lacra de la corrupción comprometía toda la estructura del Estado, haciéndose más visible en el Poder Judicial. La crisis de la democracia burguesa se expresaba en un Parlamento inútil para generar un nuevo rumbo al país. La crisis de la educación y la salud no parecía tener solución. En el plano internacional, el neoliberalismo tenía en Chile el modelo que los neoliberales peruanos, recién integrados al nuevo credo, anhelaban imitar. Charlatanes de la economía política, en realidad verdaderos tahúres de los negocios bajo el paraguas extranjero y los manejos turbios, empezaron a divulgar las bondades del nuevo “orden” que venía del “Consenso de Washington”.

En este contexto se produjo el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, denominado de distintas maneras en esos momentos: “golpe de Estado cívico-militar”o “autogolpe de Estado” por ser el mismo Ejecutivo que viró en otra dirección por su propia decisión, desde adentro y no, como en el pasado, aparentemente desde una fuerza militar que atropella a la “civilidad”. Pero se trata de un golpe de Estado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GOLPE DE ESTADO

No puedo menos que reiterar las calificaciones que hice en comunicados públicos, como Secretario General del SUTEP, sobre el golpe de Estado de Alberto Fujimori y su socio más cercano, Vladimiro Montesinos, espía de la Cía desde la década de los 70, expulsado del Ejército, abogado intrigante, mendaz e inescrupuloso al servicio de cualquier aventurero político que podría requerir de sus servicios, narcotraficante y traficante de armas, desalmado torturador de sus adversarios, experto en embaucar a políticos ignorantes pero ansiosos de poder, un pobre diablo que las circunstancias elevaron, primero, hasta la cima del poder para, luego y definitivamente, arrastrarle a la existencia sórdida. A su paso, lleva, encharcados, a todos los que, por su ignorancia y sus ambiciones, creyeron en su “eficiencia” para “derrotar al terrorismo”.

No era difícil darse cuenta, desde el momento mismo del golpe de Estado, de los objetivos estratégicos de los nuevos dictadores.

En el fondo de los objetivos estaba el programa neoliberal, su imposición y aplicación acelerada para convertir al Estado peruano en un Estado neoliberal, que es hoy. El golpe de Estado fue apoyado por todos los empresarios ligados al capital transnacional. El discurso del libre mercado caló inmediatamente en quienes, sin ser grandes capitalistas, se ilusionan con la posibilidad del éxito personal en un mercado informal bajo el dominio de los monopolios. El golpe de Estado buscaba, en realidad, crear las condiciones para aplicar el modelo del libre mercado, la orientación imperialista para abrir las economías “en desarrollo” a los monopolios y oligopolios. ¿Y cuáles eran las condiciones a crear?

Primero, cambiar todo el ordenamiento jurídico; poner a las viejas instituciones al servicio de la “nueva economía política”; debilitar a las fuerzas políticas que pudieran obstaculizar la aplicación de las nuevas orientaciones; destruir a los sindicatos por considerarlos defensores de “trabajadores privilegiados” con estabilidad laboral y negociación colectiva; liberalizar los servicios públicos y el mercado laboral para incentivar las inversiones privadas, principalmente extranjeras; privatizar todo lo que sea posible de vender para generar inversiones. Si miramos el Perú de hoy, el golpe de Estado de 1992 ha cumplido con su gran objetivo estratégico de rapiña, pero ha fracasado en su ofrecimiento de crear un país desarrollado y con “calidad de vida” La gran burguesía que ha salido gananciosa, con una capa tecnocrática de su lado, no puede sino considerar incuestionable las “bondades” del fujimorismo. En el fondo, desea que vuelva, no importa si a través de una ignorante como Keiko Sofía, educada con un dinerillo facilitado por el propio Vladimiro Montesinos echando mano a los presupuestos secretos del SIN. Por supuesto que hay una masa de pobres cuya conciencia ha sido engullida por el asistencialismo. El toledismo de los años 2001-2006 y el aprismo-alanismo del presente no son sino continuadores del neoliberalismo con su asistencialismo como “política social” que manda el Banco Mundial para “combatir la pobreza”.

Segundo, destruir las fuerzas sociales revolucionarias y populares para aplicar “en paz y en orden” el programa neoliberal. Era crucial vencer, a como dé lugar, a SL y al MRTA; pero, al mismo tiempo, a los sindicatos y organizaciones populares. Ya en 1992, uno de los ministros más ladrones del fujimorismo había anunciado la destrucción del SUTEP y de la Federación de Empleados Bancarios (ésta fue derrotada totalmente). La guerra sucia se impuso como modelo de lucha contra el terrorismo, término con el cual se envolvía a todos los que luchaban en las calles y en las huelgas. Algunos periodistas, que hoy son “fervientes demócratas”, ayudaban al régimen señalando que la huelga del SUTEP de 1991 estaba dirigida por SL. Toda la legislación antilaboral que desde 1992 se ha promulgado en el Perú, incluyendo las últimas leyes del gobierno aprista que legalizan la liberalización del mercado laboral y las vacaciones de sólo 15 días, son parte de la destrucción de los derechos de los trabajadores. Otro tanto constituye el proceso de privatización de la salud, la seguridad social y la propia educación, destruyendo, en este último caso, la profesión docente como carrera pública.

En resumen, el gran objetivo estratégico del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 fue la aplicación del programa neoliberal. La guerra sucia fue un medio no solamente para derrotar al terrorismo de los grupos armados, sino también para destruir a las fuerzas sociales antineoliberales

UN JUICIO INCOMPLETO

Ha concluido lo que se denomina el juicio oral principal contra el dictador Alberto Fujimori. Si en el mejor de los casos el día 7 de abril del 2009 la sentencia es condenatoria y luego ratificada por la segunda y definitiva instancia, quedan otros juicios que la extradición chilena aprobó, casos relacionados con el aparato de corrupción que elevó a la enésima potencia, pero no todas las tropelías que cometió y permitió perpetrar en el manejo de los fondos públicos.

Penalmente, hay un bosque de delitos por los que no responderán ni Fujimori ni sus allegados y familiares.

Pero queda la herencia política neoliberal que tanto daño ha hecho al Perú. El orden neoliberal impuesto por el fujimorismo, aprobado y alabado por toda la derecha política, los empresarios y la prensa en su conjunto, con la voz intelectual de Mario Vargas Llosa, constituye, para la historia del Perú actual, un retroceso más en el esfuerzo, fallido hasta hoy, de construir una nación soberana, justa, próspera y desarrollada. Nada más insuficiente que alegrarse solamente por una condena por violación de los derechos humanos, lo que debe ser castigado indudablemente. Si no reparamos en lo que significó, de conjunto, el fujimorismo como instrumento armado y corrupto del neoliberalismo, todo juicio histórico que pueda elaborarse será siempre parcial, por tanto, favorable para que el fujimorismo o algo parecido siga reproduciéndose en nuestro país.

Es fácil, muchas veces, por la evidente indignación que produce, censurar y exigir sanción por violación de los derechos humanos. Pero, al mismo tiempo, esas mismas personas defensoras de la vida aprueban la “modernización” del Estado de corte neoliberal que ha dejado Fujimori y continúan los gobiernos que le han sucedido, como si el programa no violara también derechos fundamentales de la persona, creando condiciones para la pervivencia y profundización de las desigualdades sociales, la exclusión y todo tipo de inequidades sociales.

Porque no se incide en la herencia neoliberal del fujimorismo, hay masas encandiladas por el “trabajo del chino” Fujimori en los pueblos más atrasados del país, cuyas condiciones, sin embargo, no han cambiado hacia la conquista de sus derechos como personas libres, cultas y con dignidad. La manipulación asistencialista de que son objeto por los políticos burgueses dan razón a Fujimori y fortalece la absurda inclinación hacia la misma opción corrupta y antinacional.

La lucha continúa: en lo ideológico, político y de masas.

Lima, abril 5 del 2009