5 DE ABRIL, DE MEMORIA, UNA MEMORIA

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

A Juan Corilloclla, maestro huancavelicano asesinado por Sendero Luminoso; a Esteban Flores, asesinado por el Ejército en Tingo María y a todos los luchadores sociales que cayeron en la ignominiosa década de los 90 en el Perú, mi recuerdo y mi esperanza.

Hace 18 años se produjo en el Perú un golpe de Estado, de los tantos que han sido perpetrados por las clases dominantes para dar curso a sus objetivos estratégicos: perpetuarse en el poder para servir mejor a sus intereses. Pueden variar las motivaciones inmediatas (pretextos “razonables”), incluso las formas de promover y llevar a cabo el acto de seguir con el poder por otros medios, pero nuestros golpistas peruanos, siempre con la fuerza militar, no han buscado más que los beneficios de los dueños de esta republiqueta. La prensa que registra los hechos en el día a día, articulistas “de opinión” que escriben con sumo cuidado para no herir a los nuevos mandones, historiadores que usan la perspectiva “del largo plazo”, generalmente registran las formas, los efectos inmediatos; y hoy, bajo el imperio de las encuestas como método de inducción de conciencias, la reacción emotiva de la gente. El esfuerzo, la necesidad de interpretación objetiva de los acontecimientos, no existen porque, en el fondo del problema, los “intérpretes” del momento con acceso a los medios no hacen más que acomodarse a la nueva situación creada por los golpistas del momento. Poco les interesan las verdaderas causas de los hechos, o carecen de entereza para señalarlas.

El 5 de abril de 1992, a las 10 de la noche, un domingo como hoy, empieza el mensaje del hoy procesado Alberto Kenya Fujimori Fujimori anunciando la disolución del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial y la instalación de un gobierno de “reconstrucción nacional”, nada menos. Ejercía yo el cargo de Secretario General del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), en las vísperas de nuestro VII Congreso Nacional. Estaba en mi casa. Una llamada telefónica de un dirigente nacional que se hospedaba en el local sindical pero que en ese momento estaba afuera, me advierte de la toma de la sede sindical por un contingente del ejército peruano. En el interior estaban dos dirigentes nacionales que debían de haber viajado al interior del país y no lo hicieron oportunamente. Quedaron detenidos, tal como ocurrió con algunos parlamentarios en su domicilio. Me enteré que me buscaban y debí vivir 15 días fuera de casa para seguir luchando contra la dictadura civil-militar impuesta. Desde el día siguiente empezamos a denunciar los atropellos del régimen, cuya soldadesca destruyó nuestros archivos, hurtó máquinas de escribir y el dinero que guardábamos en uno de los escritorios para los gastos diarios del sindicato. No era posible denunciar legalmente esos robos porque los más importantes medios de prensa estaban rodeados por los tanques militares.

EL CONTEXTO DEL GOLPE NEOLIBERAL

El gobierno fujimorista instalado el 28 de julio de 1990 empezó con el shock económico el 8 de agosto de ese año, invocando a Dios para que “nos ayude”, pues constituía un zarpazo contra los más pobres, que ya venían sufriendo la agudización de la crisis durante toda la década de los 80, que se convirtió en una hiperinflación a fines de esa década durante el primer gobierno del APRA con Alan García como Presidente de la República. El shock fujimorista era el signo inequívoco del inicio del programa neoliberal que había anunciado Mario Vargas Llosa desde 1989, cuando lanzó su candidatura con un amplio frente de la derecha más rancia del Perú de aquellos años, propuesta que fuera denunciada no solamente por los apristas de entonces, como hoy se dice interesadamente, sino por toda la izquierda y los sindicatos y organizaciones populares dirigidas por ésta.

Inmediatamente el Parlamento, de mayoría derechista, otorgó al gobierno de Fujimori facultades extraordinarias para legislar en materia económica y de lucha contra el terrorismo, ya que Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) pusieron en jaque al Estado burgués en el Perú, aunque sin mayores posibilidades de triunfar porque, bajo una concepción exclusivamente militarista, carecían de capacidad para comprometer a las amplias masas y fuerzas progresistas a sus objetivos de “toma del poder”. Con todo el poder en sus manos, el gobierno empezó a promulgar decretos que orientaban la economía hacia la privatización de los bienes y recursos del Estado, la desregulación laboral y la preparación de las condiciones jurídicas que permitiesen al gran capital extranjero apoderarse del país. Un plan de despidos masivos de trabajadores estatales estaba a la vista para vender las empresas y “achicar” el Estado, es decir, ahorrar recursos fiscales para cumplir con el pago de la deuda externa y entregar el mercado a los empresarios privados. En el año 91 nuestro sindicato debió de realizar una huelga en defensa de la educación pública, pues el régimen anunciaba la privatización y había congelado los derechos económicos que establecía la Ley del Profesorado 24029, conquistados con la lucha de los maestros durante las huelgas de 1984 y 1990. La huelga duró 109 días con la consigna: “Primero son los niños y no la deuda externa”. El 28 de julio de 1991, en plena huelga y cuando Fujimori ofrecía en el Congreso su mensaje presidencial (28 de julio: día de la independencia nacional del Perú), nuestro sindicato interrumpió su discurso con pancartas y manifestaciones en el Hemiciclo. Fujimori y sus seguidores directos e indirectos, nunca nos perdonaron semejante “afrenta”.

En los meses de enero, febrero y marzo de 1992 afloraron contradicciones del Ejecutivo con fuerzas parlamentarias de izquierda y algunas de derecha por ciertos decretos antiterroristas que vulneraban los derechos ciudadanos, pero también por dispositivos de tipo económico-tributario, opuestos a la Constitución vigente (la de 1979). El gobierno de Fujimori no podía gobernar con un Congreso que no le garantizaba, del todo, carta blanca para imponer el neoliberalismo ni desarrollar la guerra sucia contra todo lo que consideraba terrorismo. El Parlamento debió de revisar y derogar algunos decretos que vulneraban el orden constitucional, pese a que, en agosto del 91, una mayoría conformada por fujimoristas, apristas y ultraderechistas del transitorio partido de Vargas Llosa (FREDEMO), le salvó de la censura a su Ministro de Educación cuestionado por el SUTEP. Por nuestra parte, se había cerrado ya cualquier posibilidad de dialogar con el gobierno para defender los derechos de los maestros, lo que explica el estallido de la huelga del 91. El 7 de noviembre de este año Fujimori impuso el decreto 699 que privatizaba la educación y hasta militarizaba las escuelas en las zonas de emergencia (militar). La lucha del SUTEP logró que el Parlamento derogase el decreto a principios de 1992. Para Fujimori y los neoliberales, pues, la situación no era propicia para llevar a cabo su política económica y social. El último diálogo entre el SUTEP y el Ministro de Educación de aquel momento se produjo a fines de marzo de 1992. Nunca más, hasta la huida del dictador en el 2000, hubo conversaciones entre el sindicato magisterial y el gobierno. Simplemente se nos negaban cualquier tipo de negociación, salvo con funcionarios de segundo orden. Después del golpe de Estado, en diciembre del 92, Fujimori promulgó tres decretos leyes imponiendo la privatización de la educación, la municipalización educativa con privatización, el subsidio por alumno y la evaluación estandarizada que hoy está aplicando el nuevo régimen aprista. La lucha del SUTEP obligó al fujimorismo a derogar sus decretos, aun cuando su política privatizadora y antimagisterial seguía aplicándose de facto.

No hay que olvidar que el movimiento sindical y popular ya había ingresado, en el Perú, a una crisis de dirección, desde 1985 por lo menos, acelerada por la recesión del aparato productivo y despidos de trabajadores por cierre de empresas.

El Estado oligárquico estaba demostrando su incapacidad para seguir manejándose con las orientaciones desarrollistas ya fracasadas. La histórica lacra de la corrupción comprometía toda la estructura del Estado, haciéndose más visible en el Poder Judicial. La crisis de la democracia burguesa se expresaba en un Parlamento inútil para generar un nuevo rumbo al país. La crisis de la educación y la salud no parecía tener solución. En el plano internacional, el neoliberalismo tenía en Chile el modelo que los neoliberales peruanos, recién integrados al nuevo credo, anhelaban imitar. Charlatanes de la economía política, en realidad verdaderos tahúres de los negocios bajo el paraguas extranjero y los manejos turbios, empezaron a divulgar las bondades del nuevo “orden” que venía del “Consenso de Washington”.

En este contexto se produjo el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, denominado de distintas maneras en esos momentos: “golpe de Estado cívico-militar”o “autogolpe de Estado” por ser el mismo Ejecutivo que viró en otra dirección por su propia decisión, desde adentro y no, como en el pasado, aparentemente desde una fuerza militar que atropella a la “civilidad”. Pero se trata de un golpe de Estado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GOLPE DE ESTADO

No puedo menos que reiterar las calificaciones que hice en comunicados públicos, como Secretario General del SUTEP, sobre el golpe de Estado de Alberto Fujimori y su socio más cercano, Vladimiro Montesinos, espía de la Cía desde la década de los 70, expulsado del Ejército, abogado intrigante, mendaz e inescrupuloso al servicio de cualquier aventurero político que podría requerir de sus servicios, narcotraficante y traficante de armas, desalmado torturador de sus adversarios, experto en embaucar a políticos ignorantes pero ansiosos de poder, un pobre diablo que las circunstancias elevaron, primero, hasta la cima del poder para, luego y definitivamente, arrastrarle a la existencia sórdida. A su paso, lleva, encharcados, a todos los que, por su ignorancia y sus ambiciones, creyeron en su “eficiencia” para “derrotar al terrorismo”.

No era difícil darse cuenta, desde el momento mismo del golpe de Estado, de los objetivos estratégicos de los nuevos dictadores.

En el fondo de los objetivos estaba el programa neoliberal, su imposición y aplicación acelerada para convertir al Estado peruano en un Estado neoliberal, que es hoy. El golpe de Estado fue apoyado por todos los empresarios ligados al capital transnacional. El discurso del libre mercado caló inmediatamente en quienes, sin ser grandes capitalistas, se ilusionan con la posibilidad del éxito personal en un mercado informal bajo el dominio de los monopolios. El golpe de Estado buscaba, en realidad, crear las condiciones para aplicar el modelo del libre mercado, la orientación imperialista para abrir las economías “en desarrollo” a los monopolios y oligopolios. ¿Y cuáles eran las condiciones a crear?

Primero, cambiar todo el ordenamiento jurídico; poner a las viejas instituciones al servicio de la “nueva economía política”; debilitar a las fuerzas políticas que pudieran obstaculizar la aplicación de las nuevas orientaciones; destruir a los sindicatos por considerarlos defensores de “trabajadores privilegiados” con estabilidad laboral y negociación colectiva; liberalizar los servicios públicos y el mercado laboral para incentivar las inversiones privadas, principalmente extranjeras; privatizar todo lo que sea posible de vender para generar inversiones. Si miramos el Perú de hoy, el golpe de Estado de 1992 ha cumplido con su gran objetivo estratégico de rapiña, pero ha fracasado en su ofrecimiento de crear un país desarrollado y con “calidad de vida” La gran burguesía que ha salido gananciosa, con una capa tecnocrática de su lado, no puede sino considerar incuestionable las “bondades” del fujimorismo. En el fondo, desea que vuelva, no importa si a través de una ignorante como Keiko Sofía, educada con un dinerillo facilitado por el propio Vladimiro Montesinos echando mano a los presupuestos secretos del SIN. Por supuesto que hay una masa de pobres cuya conciencia ha sido engullida por el asistencialismo. El toledismo de los años 2001-2006 y el aprismo-alanismo del presente no son sino continuadores del neoliberalismo con su asistencialismo como “política social” que manda el Banco Mundial para “combatir la pobreza”.

Segundo, destruir las fuerzas sociales revolucionarias y populares para aplicar “en paz y en orden” el programa neoliberal. Era crucial vencer, a como dé lugar, a SL y al MRTA; pero, al mismo tiempo, a los sindicatos y organizaciones populares. Ya en 1992, uno de los ministros más ladrones del fujimorismo había anunciado la destrucción del SUTEP y de la Federación de Empleados Bancarios (ésta fue derrotada totalmente). La guerra sucia se impuso como modelo de lucha contra el terrorismo, término con el cual se envolvía a todos los que luchaban en las calles y en las huelgas. Algunos periodistas, que hoy son “fervientes demócratas”, ayudaban al régimen señalando que la huelga del SUTEP de 1991 estaba dirigida por SL. Toda la legislación antilaboral que desde 1992 se ha promulgado en el Perú, incluyendo las últimas leyes del gobierno aprista que legalizan la liberalización del mercado laboral y las vacaciones de sólo 15 días, son parte de la destrucción de los derechos de los trabajadores. Otro tanto constituye el proceso de privatización de la salud, la seguridad social y la propia educación, destruyendo, en este último caso, la profesión docente como carrera pública.

En resumen, el gran objetivo estratégico del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 fue la aplicación del programa neoliberal. La guerra sucia fue un medio no solamente para derrotar al terrorismo de los grupos armados, sino también para destruir a las fuerzas sociales antineoliberales

UN JUICIO INCOMPLETO

Ha concluido lo que se denomina el juicio oral principal contra el dictador Alberto Fujimori. Si en el mejor de los casos el día 7 de abril del 2009 la sentencia es condenatoria y luego ratificada por la segunda y definitiva instancia, quedan otros juicios que la extradición chilena aprobó, casos relacionados con el aparato de corrupción que elevó a la enésima potencia, pero no todas las tropelías que cometió y permitió perpetrar en el manejo de los fondos públicos.

Penalmente, hay un bosque de delitos por los que no responderán ni Fujimori ni sus allegados y familiares.

Pero queda la herencia política neoliberal que tanto daño ha hecho al Perú. El orden neoliberal impuesto por el fujimorismo, aprobado y alabado por toda la derecha política, los empresarios y la prensa en su conjunto, con la voz intelectual de Mario Vargas Llosa, constituye, para la historia del Perú actual, un retroceso más en el esfuerzo, fallido hasta hoy, de construir una nación soberana, justa, próspera y desarrollada. Nada más insuficiente que alegrarse solamente por una condena por violación de los derechos humanos, lo que debe ser castigado indudablemente. Si no reparamos en lo que significó, de conjunto, el fujimorismo como instrumento armado y corrupto del neoliberalismo, todo juicio histórico que pueda elaborarse será siempre parcial, por tanto, favorable para que el fujimorismo o algo parecido siga reproduciéndose en nuestro país.

Es fácil, muchas veces, por la evidente indignación que produce, censurar y exigir sanción por violación de los derechos humanos. Pero, al mismo tiempo, esas mismas personas defensoras de la vida aprueban la “modernización” del Estado de corte neoliberal que ha dejado Fujimori y continúan los gobiernos que le han sucedido, como si el programa no violara también derechos fundamentales de la persona, creando condiciones para la pervivencia y profundización de las desigualdades sociales, la exclusión y todo tipo de inequidades sociales.

Porque no se incide en la herencia neoliberal del fujimorismo, hay masas encandiladas por el “trabajo del chino” Fujimori en los pueblos más atrasados del país, cuyas condiciones, sin embargo, no han cambiado hacia la conquista de sus derechos como personas libres, cultas y con dignidad. La manipulación asistencialista de que son objeto por los políticos burgueses dan razón a Fujimori y fortalece la absurda inclinación hacia la misma opción corrupta y antinacional.

La lucha continúa: en lo ideológico, político y de masas.

Lima, abril 5 del 2009