José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEPANTECEDENTES NECESARIOS .
El hecho más relevante en los casi 20 últimos años, aunque no por ello positivo para la educación peruana, ha sido la reforma educativa neoliberal que el fujimorismo impuso en la década de los 90 como parte, qué duda cabe, del proyecto económico-social neoliberal en su conjunto.
Tal reforma educativa, como el proyecto neoliberal en general, no fue derrotada con la debacle de ese régimen vende patria y corrupto. Sin deslindar con ella, el gobierno transitorio de Valentín Paniagua dio paso a un denominado “Acuerdo Nacional por la Educación” que formuló un documento cuyos lineamientos generales no contradecía el carácter privatizador de la herencia educativa fujimorista. Quienes formaron parte del grupo que elaboró el documento, incluyendo al Secretario General del SUTEP de ese período (2000-2001), bajo la hegemonía de los integrantes de Foro Educativo, consideraron que con orientaciones pedagogistas se enfrentaría la crisis educativa. No abordaron, por ejemplo, el problema de la privatización de la educación que tenía una ley específica que la promovía (DL 802, de 1996, vigente aún). Mucho menos se interesaron por la vigencia de los derechos de los maestros, cuya carrera pública establecida por la Ley 24029 y su Ley Modificatoria No. 25212, había sido prácticamente liquidada desde marzo de 1991.
El gobierno de Alejandro Toledo, con el “izquierdista” Nicolás Linch como Ministro de Educación, hizo suyo el documento del “Acuerdo...”, sobre la base del cual el mencionado Ministro elaboró sus “Lineamientos” para el período 2001-2006, pero, al mismo tiempo, prosiguió con la aplicación de las pruebas estandarizadas a los maestros para contratarlos y nombrarlos, levantando como “creación heroica” la tesis tecnocrática de la “meritocracia”, que años después el gobierno aprista quiso aplicar a los profesores universitarios, incluido el meritocrático Linch, quien, sin recordar su campaña contra los maestros y su sindicato, tuvo que rechazar también. Pero el gobierno de Toledo, secundado por un Parlamento de mayoría neoliberal, avanzó con la promulgación de la Ley General de Educación (28044) en el 2003, norma que legaliza todo lo actuado por el fujimorismo, incluido el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, de impronta pinochetista y que el fujimorismo había ensayado a través de un Decreto Ley de 1992, año en que impuso el Decreto Ley de municipalización de la educación.
Como es de conocimiento público, el gobierno aprista actual es más fujimorista que Fujimori en la aplicación del proyecto neoliberal. En materia educativa, además de introducir pequeños cambios en el currículo impuesto por Fujimori-Montesinos, se está esmerando en imponer la municipalización de la educación y en proseguir con la evaluación estandarizada de maestros y estudiantes, con el demagógico objetivo de “mejorar la calidad de la educación”. Pero su mejor faena es, hasta hoy, en materia educativa, la promulgación de la Ley de Carrera Pública Magisterial, antecedida de una campaña de evaluación que la dirigencia nacional del SUTEP no pudo enfrentar con la fuerza pedagógica necesaria, pues al dudar sobre la tendencia del rechazo que venía de las regiones y provincias y al carecer de argumentos para rebatir a un ignorante en pedagogía como José Antonio Chang, propició la derrota del gremio y la creación de una opinión pública favorable a las evaluaciones estandarizadas, por tanto, a la imposición de una carrera pública magisterial que es, desde todo punto de vista, una gran estafa para la educación, para los estudiantes, para los padres de familia y, por supuesto, para los maestros.
Con una actitud soberbia y evidentemente triunfalista, el gobierno aprista ya empezó a aplicar su ley y está propiciando que los maestros se adapten a la nueva escala profesional.
LA GRAN ESTAFA.
La nueva Ley de Carrera Pública Magisterial elimina todos los derechos de los maestros peruanos. No necesito ser minucioso para demostrar lo que afirmo como punto de partida general, pues la dirigencia actual del SUTEP, luego de un período de 8 años de vacilaciones, ha publicado un comunicado (ver La República de Lima, 23/04/2009, p. 9) que desbarata todos los argumentos de quienes, desde el Ministerio de Educación, del Poder Ejecutivo, del propio Parlamento y de un periodismo venal e ignorante, vienen pontificando sobre los “jugosos salarios” que percibirán los maestros peruanos.
En la Ley hay dos elementos fundamentales que niegan el significado mismo de carrera pública magisterial desde un punto de vista de la profesión docente. El primer elemento se refiere a las posibilidades de que todos los maestros puedan ascender hasta los niveles IV y V para alcanzar tan importante remuneración. La Ley está hecha para que la gran mayoría de los maestros permanezcan en los niveles inferiores, pues hay porcentajes y tiempos de permanencia en cada nivel que limitan esas posibilidades. Esta lógica conduce a impedir que los maestros reclamen mejores salarios, pues tienen que conquistarlos a través de las evaluaciones estandarizadas, complementadas con maestrías y doctorados, gran negocio para las universidades, obligando a los docentes endeudarse para pagar esos estudios. En consecuencia, la Ley está hecha para que el Estado ahorre más en salarios docentes, un objetivo eminentemente neoliberal, pero también para enriquecer más a los dueños de las universidades privadas, en una competencia que degenerará más los estudios de postgrado, como viene ocurriendo en Brasil.
El otro elemento es la aplicación de la evaluación estandarizada a los maestros a efecto de introducir ellos no solamente una visión parcializada y unidimensional del conocimiento, convirtiendo a la pedagogía en un mero razonamiento verbal y matemático, instrumentalismo puro, pragmatismo pedagógico; sino también convertir a la carrera pública magisterial en un campo de competencia individualista entre docentes, quienes solamente estarán interesados en ganar puntajes a como dé lugar en vez de preparar bien el proceso enseñanza-aprendizaje.
No es cierto, pues, que con la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial ganará la educación peruana, ni los padres de familia, mucho menos los maestros. La estafa es evidente.
MAESTROS A LUCHAR.
Nunca debió haberse pronunciado la palabra “perdón” por no haber participado en las tramposas evaluaciones impuestas por el neoliberalismo aprista, como ocurrió en el 2007 desde la dirigencia nacional del SUTEP. Esta actitud envalentonó a los neoliberales encaramados en el Ministerio de Educación. Propició en los maestros un espíritu de derrota moral y hasta profesional. El contenido del comunicado del 23 de abril 2009 expresa, en gran medida, la recuperación del espíritu de lucha de los maestros peruanos, aun cuando la confrontación que se avecina demandará de estos mucho sacrificio. No luchar contra un proyecto neoliberal que ha demostrado su fracaso en toda América es negar el papel que ha cumplido el SUTEP en la historia del nuestro país desde la década de los 70, rol sistemáticamente negado por los detentadores del poder político y mediático.
El magisterio mexicano, argentino, chileno, ecuatoriano, hondureño, canadiense, estadounidense, etc., han rechazado la estafa de las evaluaciones estandarizadas y la supuesta carrera magisterial sustentada en aquéllas. ¿Dirán nuestros intelectuales criollos y nuestros periodistas acomodaticios que los millones de maestros de América y sus sindicatos temen ser evaluados porque son “burros”?
En esta lucha está la pedagogía como arma ideológica de los maestros, esa ciencia que no puede confundirse con el “liderazgo” que propugnan los empresarios de ESAN y los dueños de universidades que se han apoderado de las instituciones educativas del Estado.
Hay que advertir que el gobierno aprista está gastando grandes cantidades de dinero en la propaganda para animar a los maestros a inscribirse para ser evaluados. Ha tenido que librar partidas presupuestales para incentivar a los maestros que ya están en el I Nivel de la nueva carrera pública magisterial, a efecto de que los que “aún no están” vayan presurosos a esa manipulación académica.
La lucha del magisterio nacional debe ser acompañada por las facultades de educación de las universidades públicas, pues también éstas son agredidas al poner en duda su propia capacidad para formar maestros. Es penoso que un ingeniero industrial con un pasado estudiantil nada claro, comerciante, además, de la educción a través de la Universidad Privada San Martín de Porres, sea hoy el operador de turno de la destrucción de la escuela pública y de la profesión docente.
Lima, abril 24 del 2009
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