México: 1910 -1917.

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú).

Este 20 de noviembre el pueblo mexicano está celebrando el bicentenario de su independencia nacional del dominio español y el centenario de la Revolución Mexicana, uno de los hechos sociales más significativos al iniciarse el siglo XX, al lado de las dos revoluciones rusas (1905 y 1917), el inicio de la Revolución China (1911) y la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918).

De los dos acontecimientos celebrados hoy, el de mayor relieve es, por su contenido de clase, la Revolución Mexicana, la primera en América Latina que intentó destruir el dominio terrateniente a través de la lucha armada y con una perspectiva implícita de avanzar hacia un sistema social que hiciera todas las reformas necesarias para satisfacer las reivindicaciones del vasto campesinado mexicano y crear una república moderna con soberanía y democracia.

Los partidos que dominan hoy en México (PRI y PAN), sus intelectuales, periodistas y dueños de los medios, afines al neoliberalismo hegemónico, están dando su propia versión de aquella epopeya del pueblo mexicano, con réplicas en los medios de comunicación de los demás países de nuestra América, tratando de desmerecer esa lucha. Es un imperativo que las fuerzas progresistas y de izquierda la reivindiquemos como uno de los hechos de la revolución mundial en el siglo XX.

Sobre la descentralización de la educación.

Por: José Ramos Bosmediano, Ex Secretario General del SUTEP.

Sin haber resuelto el problema de la educación en general, es decir, sin haber trazado un proyecto de educación nacional que constituya un nuevo derrotero para superar la ya larga y profunda crisis de nuestra educación, se está poniendo énfasis en la descentralización educativa y la elaboración de un proyecto educativo regional en cada una de las regiones establecidas a partir del 2002. Pero, podría argumentarse, está la nueva Ley General de Educación, la Ley No. 28044, que diseña un nuevo sistema educativo nacional. Desde nuestro punto de vista, que venimos exponiendo en los seminarios pedagógicos del SUTEP a los cuales podemos asistir cuando somos invitados, la nueva ley de educación no plantea un nuevo sistema educativo; pues lo que hace es recomponer parte del sistema escolar tomando como base la teoría neoliberal de la educación que impuso el Banco Mundial durante la década del fujimorismo, con sus fundamentos privatizadores. Este es el problema de fondo de todo proceso de descentralizador de la educación: qué sistema educativo descentralizaremos, ¿el viejo, el neoliberal que nos han impuesto? No es muy fácil, pues, reunirse y elaborar un proyecto de educación regional (Tumbes, Loreto, Ancash, etc.) y ya estamos descentralizando la educación peruana.

Municipalización de la Educación: Fracaso anunciado.

Lic. José Ramos Bosmediano, Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

Desde que el gobierno neoliberal del hoy condenado Alberto Fujimori lanzara la orden de municipalizar la educación, basándonos en los antecedentes de la reforma educativa chilena de Pinochet y su municipalización fracasada, desde el sindicato que dirigimos en aquella década (1990-2000) advertimos que esta política no tenía el objetivo de “descentralizar” la educación para “hacer más eficiente la gestión” y lograr el “mejoramiento de la calidad”, sino que buscaba disminuir las responsabilidades económicas del gobierno central en función del ahorro fiscal en materia educativa, con graves consecuencias para la escuela pública, por ende, para la gran mayoría de niños y jóvenes que son matriculados en ella; pero también para los propios docentes que no tendrían ningún derecho a reclamar a los alcaldes sus reivindicaciones económicas. Se denunció el signo privatizador de la municipalización de la educación. El fujimorismo lanzó hasta tres veces el desfachatado proyecto. Las tres veces debió de recular frente al esclarecimiento de sus reales objetivos.

En el marco de la nueva Ley General de Educación (28044) promulgada por el gobierno de Alejandro Toledo con el ignorante apoyo parlamentario de todos los “demócratas” de aquel Parlamento (2001-2006), el actual gobierno del señor Alan García Pérez, también con la complicidad de los actuales parlamentarios, ha puesto en marcha, desde el 2007, el plan piloto de la municipalización de la educación. Los apristas pueden denostar del fujimorismo todo lo que quieran, pero no pueden negar que son fieles herederos de toda la política económica, social y cultural del neoliberalismo impuesto por el socio de Montesinos. Son, incluso, más diligentes para seguir vendiendo el país y proseguir con la privatización de los servicios sociales, como la educación y la salud. La destrucción real de la carrera pública docente es, en el mismo sentido, el cumplimiento de lo que el fujimorismo no pudo realizar.

Descentralización y Municipalización de la Educación.

José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

Antecedentes de la Municipalización de la Educación Peruana.

Estamos a casi 20 años de la imposición de la reforma educativa neoliberal por el gobierno del hoy sentenciado Alberto Fujimori Fujimori sin haber experimentado, por lo menos, una ligera mejora de la situación educativa cuya crisis se agudizó en la década de los 80. Decimos que es una reforma impuesta porque no mereció ningún debate, ni consulta, ni fundamentación para que el gobierno lo convirtiera en política de Estado. Fueron los “expertos” y los “consultores” de los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) quienes dieron las líneas maestras para esa reforma educativa como parte del “ajuste estructural” dictado por el denominado “Consenso de Washington”. Desde luego que intervinieron también los funcionarios del gobierno y algunos “expertos” de ciertas ONG que apoyaron la implementación de la reforma.

Para corroborar lo que decimos basta mencionar que en marzo de 1991, mediante un Decreto Supremo, el gobierno de Fujimori anuló los derechos fundamentales de los maestros que establecía la Ley 24029 (Ley del Profesorado), medida previa para luego establecer un sistema masivo de trabajo docente por contrato y la evaluación estandarizada que hoy continúa aplicando el gobierno actual.