Antecedentes de la Municipalización de la Educación Peruana.
Estamos a casi 20 años de la imposición de la reforma educativa neoliberal por el gobierno del hoy sentenciado Alberto Fujimori Fujimori sin haber experimentado, por lo menos, una ligera mejora de la situación educativa cuya crisis se agudizó en la década de los 80. Decimos que es una reforma impuesta porque no mereció ningún debate, ni consulta, ni fundamentación para que el gobierno lo convirtiera en política de Estado. Fueron los “expertos” y los “consultores” de los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) quienes dieron las líneas maestras para esa reforma educativa como parte del “ajuste estructural” dictado por el denominado “Consenso de Washington”. Desde luego que intervinieron también los funcionarios del gobierno y algunos “expertos” de ciertas ONG que apoyaron la implementación de la reforma.
Para corroborar lo que decimos basta mencionar que en marzo de 1991, mediante un Decreto Supremo, el gobierno de Fujimori anuló los derechos fundamentales de los maestros que establecía la Ley 24029 (Ley del Profesorado), medida previa para luego establecer un sistema masivo de trabajo docente por contrato y la evaluación estandarizada que hoy continúa aplicando el gobierno actual.
En el mismo año se dio el Decreto Legislativo 699 que privatizaba y municipalizaba la educación peruana, ofreciendo su administración a toda persona individual o jurídica que quisiera conducir un centro educativo, incluyendo la entrega de las escuelas a los padres de familia y a los propios maestros que decidieran organizarse para tal objetivo. Los maestros, organizados en su sindicato, el SUTEP, desarrollaron una lucha contra la pretendida privatización y municipalización, lucha que tuvo un impacto positivo en los padres de familia y en el propio Parlamento, que decidió derogar el decreto.
Después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, en el mes de diciembre de ese año, el gobierno fujimorista promulgó los Decretos Leyes 26011, 26012 y 26013, que sistematizaban mejor la reforma educativa neoliberal de privatización de la educación y de liberalización o desregulación del trabajo docente, su evaluación estandarizada y el establecimiento de los “bonos educativos” para los estudiantes que asistieran regularmente a la escuela. Hay que aclarar que este esquema de sistema educativo fue copiado, con algunas variantes, de la reforma educativa que la dictadura de Augusto Pinochet aplicó en Chile desde principios de los años 80 del siglo XX, cuyos resultados han sido permanentemente cuestionados por investigadores serios, por los estudiantes y maestros chilenos y hasta por los propios políticos que han venido gobernando ese país desde 1990.
El Decreto Ley 26011 establecía la entrega total de las escuelas a las municipalidades a través de un organismo, el COMUNED (Consejo Municipal de Educación), bajo la presidencia del correspondiente Alcalde. Es decir, el mismo sistema de municipalización que la dictadura de Pinochet había impuesto en su país, bajo la batuta del Banco Mundial, cuyas orientaciones en materia educativa y de salud son de “financiamiento compartido”, “focalización del gasto” y “autonomía” de las escuelas y los centros de salud. La lucha de los maestros y padres de familia, además del rechazo mayoritario de los alcaldes al plan de municipalización de la educación durante los años 1993 y 1994, obligaron al gobierno fujimorista a derogar sus tres decretos a través del Parlamento que controlaba en aquellos años.
Pero el fujimorismo seguía empeñado en la municipalización, pues ésta constituía una pieza importante en el proceso de privatización de la educación y de ahorro fiscal. Es así que, en su discurso presidencial del 28 de julio de 1997, volvió a proponer la municipalización de la educación y la salud. Nuevamente, el SUTEP y los gremios de los trabajadores de la salud, impulsaron un movimiento de rechazo a las políticas anunciadas por tercera vez, obstaculizando su aplicación, en momentos en que el fujimorismo iba debilitándose debido a las permanentes luchas y las denuncias de corrupción y de violación de los derechos humanos.
Los antecedentes de la municipalización de la educación que estamos mencionando, son los más próximos a la nueva experiencia que vivimos con el gobierno actual. Pero en la historia del Perú republicano hay dos experiencias fallidas, mejor dicho fracasadas, de municipalización de la educación. La primera, cuando en 1839, con el argumento de que el Estado no tenía recursos para sufragar los gastos de las escuelas primarias (abrumadoramente mayoritarias en aquellos tiempos, por lo tanto que requerían de un mayor gasto frente a los centros de educación secundaria y superior), consistió en dejar en manos de las municipalidades las escuelas primarias del interior del país. Esta experiencia, como lo registra la historia, fue un rotundo fracaso. La segunda experiencia, con el mismo argumento y con la misma metodología, se impuso entre 1872 y 1876, sin resultados positivos. Desde entonces, ningún gobierno republicano se atrevió a plantear la municipalización de la educación en el Perú, pues las municipalidades en nuestro país tienen ya demasiados problemas como para pretender intervenir en la conducción de la educación, que no es lo mismo que apoyar las políticas educativas.
Lo que hoy enfrentamos ya no es la propuesta de municipalización de la educación de la vieja oligarquía terrateniente, sino el proyecto de los neoliberales que se han posesionado del Estado desde 1990, con argumentos más o menos atractivos y con una serie de falsas informaciones para convencer a los alcaldes y a la opinión pública en general, particularmente a los padres de familia que matriculan a sus hijos en las escuelas del Estado. Es necesario, pues, tener en cuenta los argumentos que los neoliberales vienen esgrimiendo a favor de la municipalización de la educación desde los años del fujimorismo y que hoy repiten los gobernantes actuales y sus funcionarios.
Los argumentos neoliberales para la Municipalización de la Educación.
Son argumentos que se desprenden de la concepción que ha difundido el Banco Mundial sobre la descentralización del Estado. Para el Banco Mundial, descentralizar es transferir no solamente competencias administrativas del gobierno central hacia las regiones y los gobiernos locales, sino, principalmente, transferir obligaciones económicas recortando el presupuesto nacional para la edeucación, pues el gobierno central debe ahorrar más recursos para equilibrar los ingresos y gastos de la macroeconomía, principalmente de la deuda externa, cuyo elevado gasto presupuestal no debe ponerse en peligro. Esta “descentralización” del gasto en los servicios sociales (educación y salud, fundamentalmente) obliga a derivar parte del financiamiento hacia abajo, hacia las instancias regionales, pero sobre todo, locales o municipales, según la experiencia chilena, argentina, etc., cuando en esos países los neoliberales impusieron tales políticas educativas. Se trata, entonces, de una política presupuestal para equilibrar la macroeconomía: deuda externa, balanza de pagos, balanza comercial, superávit, etc. Este argumento no aparece mucho en los discursos porque se trata de ocultar el verdadero objetivo de la municipalización. Por lo tanto, los neoliberales adornan su propuesta con argumentos atractivos, aparentemente pedagógicos y técnico-administrativos. Veamos los más significativos.
a) Los gobiernos municipales conocen mejor los problemas de su jurisdicción y pueden plantear mejores y oportunas soluciones; en consecuencia, desde esta perspectiva de aproximación política a la sociedad, jugarían un papel muy positivo en la conducción y administración de la educación pública. Si este argumento se sustentaría en la realidad, hace tiempo que los gobiernos municipales habrían ya resuelto los problemas de sus ámbitos de competencia que históricamente han venido asumiendo por mandato constitucional: infraestructura urbana, transporte, saneamiento ambiental, seguridad ciudadana, ética pública en el manejo de los fondos municipales, políticas de fomento a la cultura, para mencionar los más importantes. Basta revisar el accionar de los gobiernos municipales, pese a los esfuerzos desplegados por muchos de ellos, para darnos cuenta de que los problemas mencionados siguen sin solución. ¿Hay, realmente, en los gobiernos municipales el conocimiento pleno de los problemas educativos como para que asuman su conducción y dirección? Si los conociesen, tendrían la capacidad de abordarlos al lado de los problemas que todavía exigen solución para la población cuyos reclamos observamos permanentemente.
b) Los gobiernos municipales están más cerca de la población y pueden resolver los problemas directamente, mientras que el gobierno central, al situarse a la distancia de los pueblos, carece de capacidad para abordarlos oportunamente. Este argumento es de proximidad espacial, y tiene relación con el argumento anterior porque si no existe una capacidad para abordar un problema, comprenderlo y considerarlo adecuadamente, la proximidad espacial carece de valor. Si el gobierno fuera sincero, no hubiese creado los “núcleos ejecutores” dirigidos desde palacio de gobierno para atender, supuestamente, la realización de las obras (en realidad, pequeñísimas obras) que los pueblos necesitan, dejando a un lado a los gobiernos municipales, cuyos ingresos vienen siendo recortados en el Presupuesto de la República. Es decir, la “cercanía” que vale para administrar la educación no sirve, sin embargo, para la realización de las pequeñas obras en los ámbitos de las municipalidades. Si el gobierno fuera coherente, empezaría por otorgar a las municipalidades la potestad de organizar los núcleos ejecutores y la realización de las obras. Por lo demás, estas obras de infraestructura corresponden a las potestades y posibilidades de los gobiernos municipales y regionales. Hay que agregar que los núcleos ejecutores fueron utilizados por el fujimorismo y cuyas obras nadie recuerda porque no han tenido ningún impacto en la vida de los pueblos supuestamente beneficiados. Sus antecedentes están la denominada “cooperación popular del ex Presidente Fernando Belaúnde Terry y el PAIT del primer gobierno del APRA (1985 – 1990). En ambos casos, sus objetivos principales han sido de proselitismo político.
c) Los gobiernos municipales, al estar más cerca de las escuelas, podrían controlar mejor a los maestros, capacitarlos y garantizarles mejores condiciones para su trabajo. Con este argumento lo único que se conseguiría es anular el papel de los directores y funcionarios intermedios del Ministerio de Educación. La contradicción con lo que el gobierno hace con los maestros y las escuelas y su argumento de una mejor administración de las escuelas por los gobiernos municipales, está en que el Ministerio de Educación es el que impone la evaluación estandarizada a los maestros a través de una prueba elaborada en Lima, con un sistema de contratos y nombramientos que obligan a los docentes a concentrar su atención en esas evaluaciones y no en el proceso enseñanza-aprendizaje. Las municipalidades que han asumido la administración de la educación no cumplen ningún papel en las políticas educativas, ni son consultadas para establecer las normas administrativas ni las orientaciones pedagógicas. No hacen más que aplicar sumisamente los procedimientos ordenados por el Ministerio de Educación. O sea que el propio gobierno central considera, en la práctica, que los gobiernos municipales carecen de capacidades para definir las orientaciones pedagógicas y administrativas. Lo que se observa es que en las municipalidades “comprometidas” se han designado comisiones conformadas por personas que, incluso, tienen intereses en la educación privada, y que solamente están en la comisión por la elevada remuneración que perciben. Estas comisiones se convertirán, en el futuro, en una especie de entidades al margen de los alcaldes, muchos de los cuales no conocen el problema de la educación ya hasta carecen de educación superior. Se trata de confundir las atribuciones político-administrativas con las competencias profesionales que se requieren para determinadas áreas de los servicios sociales, siendo que la educación constituye uno de los problemas más complejos de las sociedades modernas, cuya discusión requiere un nivel adecuado de preparación y compenetración, desde perspectivas científicas interdisciplinarias. Confundir la educación con el mero control de los maestros no es más que una visión superficial del problema. Que los alcaldes deleguen funciones en personas supuestamente capacitadas para conducir la educación, significa, en la práctica, ponerse al margen del problema, lo que necesariamente va a ocurrir, mucho más si sus recursos financieros son insuficientes.
d) La municipalización de la educación es un “paso importante” hacia la descentralización del Estado. Este argumento es “atractivo” en la medida en que la descentralización es concebida como la transferencia de ciertas competencias administrativas: control, elaboración de planillas, reconstrucción o construcción de infraestructura educativa y mobiliario escolar. Pero desde el punto de vista de la necesidad de dotar a la población de una escuela pública moderna y gratuita, ligada a las necesidades reales de educación en todos los espacios territoriales del país, la descentralización de la que hablan los gobernantes no pasa de ser una simple desconcentración de ciertas competencias. Hay que recordar que descentralizar es extender los resultados del desarrollo hacia todos los ámbitos nacionales, un desarrollo integral y no solamente, como lo conciben los neoliberales, pequeñas obras de infraestructura, asistencia a los más pobres con trabajo temporal y comedores populares, sin cambiar sus condiciones de vida. Mientras las municipalidades van asumiendo ciertas atribuciones para la administración de la educación, el gobierno central viene promoviendo una mayor privatización de la educación y reduciendo el presupuesto para la educación pública. La denominada descentralización no pasa de ser un argumento falaz.
e) Un nuevo argumento ha surgido en estos tiempos: la educación en Finlandia y en Cuba es de gran nivel porque se ha municipalizado. Este argumento tiene mucha relación con el viaje de ciertos parlamentarios a Finlandia, viaje costeado por la Universidad Alas Peruanas, suyas relaciones con los gobiernos de turno guardan relación con su rápido crecimiento lucrativo. Los parlamentarios involucrados en el viaje fueron a Finlandia a “observar” la supuesta municipalización de la educación para apuntalar la transferencia de las escuelas a las municipalidades del Perú. ¿Cuál es la verdad? En ningún país de Europa la educación está municipalizada, en el sentido que se pretende en el Perú. Ni se evalúa a los maestros tal como se está haciendo en nuestro país. Ni mucho menos el control de los maestros está a cargo de las municipalidades. La educación finlandesa, como la de los demás países de la Europa Nórdica (Noruega, Suecia, Dinamarca), tiene una conducción y dirección estatales y es, principalmente, de escuela pública, con un % de escuela privada insignificante, con maestros adecuadamente remunerados y formados por centros de nivel universitario, con un presupuesto de triplica el asignado por los gobiernos peruanos a nuestra educación, con un desarrollo de la ciencia y tecnología que tiene décadas de esfuerzo, con una concepción de la educación como derecho y no como mercancía. Es una educación que corresponde a un país de capitalismo de alto desarrollo y con una redistribución del ingreso menos desigual. El papel de las municipalidades, en ese contexto, es de apoyo y no de sustitución de la conducción nacional y de las responsabilidades financieras del gobierno central. Para conocer esta realidad no era necesario volar en unas “alas peruanas” de sospechosas plumas. El caso de Cuba es similar, pero no igual. Lo que Fidel Castro está denominando “municipalización de la educación superior” es que en cada Municipio, en su ámbito, debe funcionar un centro de educación superior para universalizar más el derecho a ese nivel educativo, puesto que en Cuba ya se ha concluido, desde los años 80, con la universalización de la educación hasta la básica (Secundaria). Nuevamente se descubre que sin conocer lo que ocurre en la educación mundial se pretende vender la municipalización de la educación como si fuera la panacea para resolver la crisis de nuestra educación. Nadie puede ignorar que la educación cubana se ha desarrollado tanto porque su política educativa es de escuela pública única, conducida por el Estado, con un presupuesto de no menos del 8% del PBI, y con una política educativa y cultural de intensa promoción de la investigación científica y tecnológica, pero bajo condiciones políticas que valoran la cultura nacional y asumen la educación como un derecho colectivo, desde una perspectiva socialista. Sin esas condiciones, no se hubiese desarrollado hasta alcanzar el nivel que hoy tiene. ¿De qué municipalización están hablando hoy los neoliberales?
f) Un argumento que escuché en Iquitos, tratando de justificar la euforia municipalizadora de la Alcaldesa del distrito de San Juan, es que si hay experiencias fracasadas en otros países, “en el Perú podemos tener éxito” y “hay que arriesgar”. Por supuesto que este argumento viene siendo esgrimido por los integrantes de la Comisión, una de cuyos miembros es, al mismo tiempo, dueña de una escuela privada. Para los autores de este argumento las experiencias históricas no cuentan, no sirven para aprender. Si una experiencia social ha dado resultados positivos, se aprende de ella, incluso de sus errores; pero si hay experiencias tan nefastas como las de Argentina, Chile, Nicaragua, etc., sin ningún hecho positivo que se pueda emular, no nos queda más que rechazarlas. Se arriesga mientras no haya un antecedente que nos dé la pauta a aplicar o rechazar esa experiencia. En el Perú hemos arriesgado tanto en reformas educativas que seguimos pagando las deudas contraídas sin haber obtenido resultados positivos. Para ciertas personas que integran las comisiones de municipalización, “arriesgarse” sólo significa seguir manteniendo su posición de burócratas bien remunerados. Después del fracaso, no se les volverá a ver para exigirles que rindan cuenta de sus actos y sus argumentos. Esto mismo podemos decir de los alcaldes y concejales que alegremente aceptan la municipalización de la educación, sin tener en cuenta los objetivos reales que el neoliberalismo persigue con esa política educativa. ¿Dónde están hoy los “expertos” y las ONG que colaboraron con el fujimorismo para aplicar su fracasada reforma educativa? ¿Se han hecho alguna autocrítica? Al contrario, han venido colaborando con el gobierno de Perú Posible y hoy están haciéndolo con el gobierno aprista.
Los fracasos de la Municipalización en América Latina.
Aunque conocidos son los casos del fracaso de la municipalización de la educación en los países latinoamericanos donde ciertos gobiernos neoliberales la impusieron como parte de sus reformas educativas de privatización, es necesario volver a recordar esas experiencias.
Es necesario hacerlo por cuanto hay gobernantes y funcionarios, incluidos parlamentarios que, en lugar de estudiar los casos donde realmente se dio la municipalización y ésta fracasó, se ufanan en buscar “modelos” donde no existen (Finlandia y Cuba, en ese caso). Podrían haber viajado a Chile para que vean cuáles son los restos de las escuelas municipalizadas por Pinochet. También a Argentina para comprobar lo que dejó el gobierno neoliberal de Saúl Menem con su política educativa de privatización y municipalización.
El caso chileno es el de mayor relevancia en las experiencias de municipalización de la educación en América Latina bajo la dirección del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es relevante no solamente porque fue el primero en América Latina, sino porque los gobiernos neoliberales que vinieron a partir de fines de los 80 del siglo XX lo consideraron una especie de modelo, como parte de la reforma educativa neoliberal. Pero luego de las evaluaciones del rendimiento escolar se comprobó los resultados negativos en las escuelas municipalizadas, en las directamente privatizadas y subsidiadas. No hubo, pues, un mejoramiento de la calidad educativa. Pero lo más negativo fue observado en 1990, cuando la Concertación Democrática asumió el gobierno luego de la derrota política del candidato de Pinochet: todas las escuelas municipalizadas se encontraban abandonadas, con escasez de alumnos y con una administración calamitosa. El gobierno decidió “recuperar” cinco mil escuelas e invertir en ellas. Toda la reforma educativa neoliberal de Chile fracasó. Lo que algunos llaman “educación de calidad” en Chile es la que conservan, para sus fines, las clases dominantes en sus centros privados, donde forman a sus cuadros técnicos al servicio del gran capital, pero estas escuelas solo cubren un % mínimo de la matrícula, como escuela de una élite que maneja ese país. Por supuesto que hay algunas universidades del Estado que mantienen el nivel que tenían desde mediados del siglo XX, antes de la reforma neoliberal, como ocurre en el Perú con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que, pese al abandono presupuestal por el gobierno central, todos los años ocupa el primer lugar en las ciencias médicas, a lo que se suma su prestigio en el campo de las ciencias sociales, las ciencias políticas y las ciencias del lenguaje.
Lo que ocurrió en Argentina es más calamitoso, porque se trata de un país que tenía, hasta los años 80, el sistema educativo más avanzado de América Latina, con una población escolarizada y de un nivel escolar promedio superior al de los demás países de este subcontinente. La reforma educativa de Saúl Menem, entre 1990 y 2000, procedió, entre otras políticas de Estado, a municipalizar la educación, la salud y hasta el servicio de la policía. Como el presupuesto girado por el gobierno central era insuficiente, como lo es en el Perú, las municipalidades tuvieron que resolver el faltante. Hacia 1997 los gobiernos provinciales se encontraron en falencia económica para pagar las remuneraciones de los servidores públicos, recurriendo a los vales cambiables en los centros de comercio. Menem dejó su país en bancarrota y su sistema educativo en completo caos. ¿Cuánto ha costado su “reforma” y cuánto está costando, en los años que van del siglo XXI, resolver los problemas creados?
¿Y Nicaragua? Desde 1990, cuando la presidenta Violeta Chamorro empezó a imponer las políticas neoliberales, también estableció la municipalización de la educación y obligó a los maestros desintegrar su sindicato nacional y organizase en sindicatos provinciales (municipales). Como siguió siendo sustituida por otros gobernantes neoliberales, la municipalización de la educación continuó hasta hace tres años, en que el nuevo gobierno sandinista se ha propuesto reestructurar el sistema educativo de Nicaragua. ¿Qué ocurrió? No solamente se deterioró más la educación pública escolarizada, sino que se abandonó el seguimiento de la alfabetización, de manera que este flagelo cultural volvió a Nicaragua en menos de quince años. Con el gobierno sandinista actual se ha vuelto a recuperar la alfabetización. ¿Se interesaron las municipalidades en resolver los problemas de la educación? En caso de que se hubieran interesado, ¿tuvieron la capacidad económica y profesional para hacerlo?
¿Qué ha ocurrido en Brasil, Honduras, México y Bolivia, por ejemplo, con la municipalización de la educación y con toda la reforma educativa neoliberal? Los cantos de sirena de los reformadores se han esfumado, pero no se escucha ninguna autocrítica de su parte.
¿Y qué está ocurriendo con la Municipalización "Piloto" en el Perú actual?
El 2006 el gobierno aprista anunció su decisión de municipalizar la educación y estableció su Plan Piloto apelando a los argumentos que hemos mencionado líneas arriba. En su discurso de anuncio, el Presidente Alan García afirmó que las municipalidades tienen la capacidad para conducir la educación.
La primera evidencia es que la municipalización no ha estado, en ningún momento, en la agenda de los gobiernos locales. Ningún evento de la AMPE lo ha planteado como parte de su programa administrativo de las ciudades y pueblos. Es el gobierno central el que les ha “propuesto” la transferencia de la educación primaria. La mayoría de los gobiernos municipales incluidos en el Plan Piloto han aceptado sin un mayor análisis del significado de tal política educativa. Algunos de ellos, incluso, se han sentido “honrados” por haber sido incluidos en el Plan, como ocurrió en 1992 con los alcaldes de Tacna y Tumbes, cuando Fujimori dio el Decreto de la municipalización educativa.
En el momento actual no hay una discusión seria sobre la municipalización educativa. Pero se nota que hay incertidumbre sobre el futuro presupuestal que depara a las municipalidades ante la ausencia de un presupuesto nacional adecuado para las escuelas públicas.
Un informe firmado por el Coordinador Regional del Ministerio de Educación, que no se puede citar porque es un documento fotocopiado y sin número de páginas, señala que del 100% del monto gastado hasta octubre del presente año en el proceso de la municipalización educativa en curso, el 70% corresponde a los fondos municipales y sólo el 30% al gobierno central. Esta información es suficiente para saber, con anticipación, que el gobierno central está buscando evadir su responsabilidad económica. El informante eleva loas a los gobiernos municipales involucrados porque están “demostrando” que son capaces de liderar la municipalización de la educación para “mejorar la calidad de la educación”.
Pero ya sabemos que, conociendo lo que viene ocurriendo, el Alcalde de Surco ha anticipado la devolución de las escuelas al Ministerio de Educación por cuanto éste no ha cumplido con girar el presupuesto programado. De igual manera, en el distrito de Belén, en la provincia de Maynas-Iquitos, Alcalde y concejales han puesto condiciones para asumir la municipalización, entre ellas, el cumplimiento de las obligaciones presupuestales por el gobierno central. En Parcona, Ica, uno de los concejales que asistió a una conferencia convocada por el SUTE distrital en el 2008, declaró, en su intervención que ellos habían aceptado asumir la administración de la educación sin haber discutido previamente esta política educativa, sobre todo porque el Alcalde se había comprometido ante el Ministerio de Educación.
Los conflictos que se vienen generando en la Municipalidad de Los Olivos por el comportamiento autoritario del actual alcalde, un fujimorista que vienen ofreciendo su seudo partido para la candidatura de Alex Kouri a la alcaldía de Lima, constituyen una prueba de que el compromiso asumido por las autoridades municipales sólo obedece a sus ambiciones políticas y no a los objetivos de la educación. Médico de profesión, ese alcalde concibe el papel de los maestros como parte de su aparato de propaganda política, pues, en el plano de la educación, es un empresario, codueño de una universidad privada. Sometido a investigación por las irregularidades en su gestión municipal, carece de autoridad moral para la gestión de la educación pública. Al gobierno, pues, no le interesa que la educación sea administrada por autoridades incompetentes y corruptas.
Ya han comenzado a manifestarse los problemas presupuestales para el pago de los maestros en algunas municipalidades que están procesando las planillas, respondiendo con el argumento de las “fallas técnicas”, que también ha sido el argumento del Ministro de Educación frente a las irregularidades ocurridas durante la evaluación estandarizada del 15 de noviembre 2009.
Lo que viene ocurriendo no son sino pequeños indicios de lo que ocurrirá más adelante, en el mediano y largo plazo, con la municipalización de la educación.
Los objetivos reales de la Municipalización Educativa.
Los argumentos para la municipalización que levantan los neoliberales esconden los verdaderos objetivos que persiguen con la transferencia de las escuelas a las municipalidades.
En primer lugar, la municipalización de la educación busca reducir más el presupuesto del gobierno central para la educación pública, cargando gran parte del gasto a las municipalidades, lo que obligará a éstas a reducir sus gastos en otros rubros. En Argentina, las municipalidades, insolventes para sus gastos ordinarios, debieron de crear impuestos en sus respectivas jurisdicciones para financiar la educación pública, afectado los ingresos familiares. En el momento actual esta situación no se ha presentado aún, pues el gobierno central está cuidando el proceso de transferencias iniciales para no desanimar a los alcaldes y concejales. La reducción del gasto en educación por el gobierno central se aplicará también en el rubro de los salarios magisteriales, cuyo congelamiento ha empezado con el gobierno fujimorista, continuando con el gobierno del ex Presidente Alejandro Toledo y convirtiéndose en norma con la Les 29062, mal llamada Ley de Carrera Pública Magisterial.
En segundo lugar, con la municipalización de la educación se promueve la privatización indirecta de la educación, ya que las municipalidades, para cumplir con las distintas acciones que supone la conducción de la educación, realizará convenios con entidades privadas, las que lucrarán con parte del presupuesto dedicado a la educación; adjudicará determinadas escuelas a entidades privadas, como viene ocurriendo con las escuelas “por convenio”, con las consecuencias que supone una administración escolar que busca el lucro. En el mediano y largo plazo, las principales responsabilidades de la conducción de la educación por las municipalidades serán asumidas por delegación, por convenio y obligando mayores gastos a los padres de familia.
En tercer lugar, la municipalización de la educación busca la extinción paulatina de las relaciones laborales de los trabajadores en la educación (docentes y personal administrativo) con el gobierno central, pero sin que las municipalidades asuman tales responsabilidades laborales, salvo la ejecución de los pagos como ordena el gobierno central. La Ley 29062 es el instrumento ad hoc para la desregulación laboral de los maestros. No hay duda que ante la extinción de las relaciones laborales con el gobierno central, los trabajadores en la educación exigirán sus derechos ante los gobiernos municipales, que es lo que el gobierno persigue para desentenderse de los derechos laborales y profesionales.
En cuarto lugar, la municipalización de la educación pretende debilitar las organizaciones sindicales de docentes y administrativos al municipalizar las relaciones laborales. En tal sentido, la municipalización de la educación, como ocurrió en Chile y Nicaragua, persigue la atomización de las organizaciones sindicales nacionales que hoy existen.
Las consecuencias de la Municipalización de la Educación.
Una primera consecuencia será el mayor abandono de la escuela pública, en dos sentidos: por la reducción del presupuesto nacional y por una gestión pedagógica y administrativa sin orientación coherente.
Otra consecuencia que vendrá es la atomización del proceso educativo, la disgregación en la orientación pedagógica, pues cada municipalidad, con sus asesores, hará lo que crea conveniente, al margen de una orientación articulada que dé sentido al proceso educativo.
Una tercera consecuencia se refiere al empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes, debilitando su espíritu de trabajo y su dedicación exclusiva al trabajo educativo, como ya viene ocurriendo en las últimas cuatro décadas.
Todo lo anterior influirá en un mayor ahondamiento de la crisis de la educación peruana, en el mayor deterioro del proceso educativo que estamos viviendo, consecuencia que en nada interesa a los gobernantes, pues ellos tienen, para su familia, sus propias escuelas y universidades, no tanto para formar buenos profesionales al servicio del país, sino para lucrar con el negocio de la educación y las relaciones en las altas esferas del poder.
Algunas conclusiones y propuestas.
Con la fuerza que tiene actualmente la derecha neoliberal en el gobierno y en la economía, más su influencia ideológica y política en la gran mayoría de gobiernos regionales y municipales, la municipalización de la educación puede imponerse en todo el país si el 2011 los neoliberales vuelven a ganar las elecciones generales.
Hay, sin embargo, posibilidades para contrarrestar esa hegemonía neoliberal y debilitar la municipalización de la educación si es que se retoma el trabajo de explicación de su verdadero significado, de esclarecimiento a los padres de familia y a las propias autoridades municipales y regionales, pues se observa una falta de iniciativa al respecto, salvo los maestros de base que vienen desarrollando una campaña para evitar que la municipalización de la educación se convierta en otro factor de la crisis de nuestra educación.
En el mediano y largo plazo, de imponerse la municipalización de la educación, su fracaso es un hecho indiscutible, no porque simplemente busquemos ese fracaso, sino porque constituye una política neoliberal, por tanto, contraria al desarrollo de una educación pública de contenido integral y al servicio de las mayorías. El neoliberalismo ha demostrado ya su fracaso, pero en el Perú se pretende mantenerlo y hasta consolidarlo.
Hay algunas alternativas que debemos desarrollar:
a) Estudiar, comprender y explicar el contenido y el significado de la municipalización de la educación, como parte de las políticas neoliberales, para buscar que el pueblo asuma la lucha contra ella y a favor de la escuela pública gratuita y universal.
b) Plantear con precisión las responsabilidades de los gobiernos municipales que asumen la municipalización de la educación, advirtiéndoles que en el futuro no rehúyan tales responsabilidades cuando el fracaso se haga evidente. Los maestros debemos de advertir con claridad lo que va a ocurrir para en el futuro no vuelvan a culparnos de la actual crisis de la educación ni del fracaso de la municipalización de la educación.
c) Exigir al gobierno central los derechos económicos y sociales del magisterio y de todos los trabajadores en la educación, pero también, eventualmente, a los gobiernos municipales que hayan asumido la municipalización de la educación.
d) En articular, los maestros debemos seguir luchando por una nueva educación en el Perú a través de un Proyecto Educativo Nacional sustentado en la escuela pública única, de contenido integral al servicio del pueblo y del desarrollo nacional. Esta lucha debe traducirse en la elaboración, desde el seno del magisterio organizado en su sindicato, de los proyecto educativos regionales, tal como viene haciéndolo el SUTE Regional Loreto y sus bases provinciales.
e) En el contexto de las elecciones regionales y municipales del 2010 debemos emplazar a los candidatos frente al proyecto neoliberal de municipalización de la educación: ¡ Ningún municipalizador a los gobiernos locales !
Lima, marzo del 2009.
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