Lic. José Ramos Bosmediano, Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.
Desde que el gobierno neoliberal del hoy condenado Alberto Fujimori lanzara la orden de municipalizar la educación, basándonos en los antecedentes de la reforma educativa chilena de Pinochet y su municipalización fracasada, desde el sindicato que dirigimos en aquella década (1990-2000) advertimos que esta política no tenía el objetivo de “descentralizar” la educación para “hacer más eficiente la gestión” y lograr el “mejoramiento de la calidad”, sino que buscaba disminuir las responsabilidades económicas del gobierno central en función del ahorro fiscal en materia educativa, con graves consecuencias para la escuela pública, por ende, para la gran mayoría de niños y jóvenes que son matriculados en ella; pero también para los propios docentes que no tendrían ningún derecho a reclamar a los alcaldes sus reivindicaciones económicas. Se denunció el signo privatizador de la municipalización de la educación. El fujimorismo lanzó hasta tres veces el desfachatado proyecto. Las tres veces debió de recular frente al esclarecimiento de sus reales objetivos.
En el marco de la nueva Ley General de Educación (28044) promulgada por el gobierno de Alejandro Toledo con el ignorante apoyo parlamentario de todos los “demócratas” de aquel Parlamento (2001-2006), el actual gobierno del señor Alan García Pérez, también con la complicidad de los actuales parlamentarios, ha puesto en marcha, desde el 2007, el plan piloto de la municipalización de la educación. Los apristas pueden denostar del fujimorismo todo lo que quieran, pero no pueden negar que son fieles herederos de toda la política económica, social y cultural del neoliberalismo impuesto por el socio de Montesinos. Son, incluso, más diligentes para seguir vendiendo el país y proseguir con la privatización de los servicios sociales, como la educación y la salud. La destrucción real de la carrera pública docente es, en el mismo sentido, el cumplimiento de lo que el fujimorismo no pudo realizar.
Volvemos nuevamente al tema de la municipalización de la educación a raíz de los permanentes reclamos de uno de los alcaldes distritales de Lima: del señor Juan Manuel del Mar, Alcalde del distrito de Santiago de Surco, quien, entusiasmado por la municipalización, aceptó, presuroso, “el reto”, como suelen decir desaprensivos -cuando no ignorantes- alcaldes que se han comprometido con la administración de la educación sin saber exactamente lo que harán.
El Alcalde del Mar, desde el 2008, viene reclamando al gobierno central, a través de los medios de prensa, la transferencia del dinero para administrar la educación, pues los recursos de su municipalidad son insuficientes para enfrentar los nuevos gastos que supone la tarea asumida en materia educativa. Y téngase en cuenta que su distrito es uno de los más solventes de Lima Metropolitana, en el mismo nivel elevado de ingresos que Miraflores, La Molina y San Isidro. Como el gobierno central no le ha escuchado, hoy plantea, agobiado por el problema en el que se ha involucrado, no pagar el IGV Impuesto General a las Venta) al Estado para que ese dinero se invierta en el mantenimiento de las escuelas, la capacitación de los maestros, la edición y distribución de libros a los estudiantes y docentes, la entrega de computadores a los centros educativos, etc. Después de haber aceptado, irresponsablemente, asumir la administración de la educación en su distrito, hoy, irresponsablemente también, pretende quedarse con el IGV que corresponde al gobierno central. ¿Qué hará si no le aceptan tan peregrina propuesta? No se sabe. Podría reconsiderar la municipalización aceptada y devolver las escuelas al Ministerio de Educación; o hacer lo que las autoridades provinciales de la Argentina cuando se vieron imposibilitados de seguir manteniendo las escuelas: crear nuevos impuestos para los gastos de la educación en su jurisdicción, lo que llevó a derivar la responsabilidad de sufragar los gastos educativos a los padres de familia y al pueblo en general, precisamente lo que busca el neoliberalismo. El grito desesperado del Alcalde del Mar (véase La República de Lima, 14/04/2009, p. 22) tiene el tufillo demagógico de quien oculta su incapacidad para tomar decisiones sobre asuntos que desconoce y que, en realidad, no le competen. Del Mar, con la misma ingenuidad con la que aceptó “el reto”, dice ahora: convoco a toda la comunidad educativa a sumar voluntades para mejorar la calidad educativa y formar mejores ciudadanos con valores”. No hay duda que este Alcalde se ha contagiado de la demagogia del Presidente Alan García, del Ministro de Educación José Antonio Chang y su Viceministro Idel Vexler Talledo, cuyas declaraciones permanentes nos recuerdan los discursos triunfalistas de los reformadores fujimoristas, de triste recordación.
Lo que está ocurriendo con el Alcalde Juan Manuel del Mar es el anunciado fracaso de la municipalización de la educación en el Perú, fracaso ya ocurrido en los países americanos donde se ha impuesto la mencionada política educativa.
Lima, abril 4 del 2009.
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