José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.
Me convoca a escribir estas líneas las declaraciones del Dr. en Educación, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y ex Coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO (La República, 26/1/2009, p. 16), presentación que le hace la sumilla del diario a don Javier Murillo T.
Por mucho tiempo no será demasiado hablar de la crisis de la educación peruana, y no solamente partiendo de los resultados obtenidos por las evaluaciones estandarizadas dirigidas, generalmente, desde Europa, el Banco Mundial y la propia UNESCO, sino desde una visión histórica del Perú y de América Latina, teniendo en cuenta que, con la digna excepción de la Cuba de los últimos 50 años bien cumplidos de la revolución socialista, todos los países latinoamericanos y caribeños sufren la carga de una educación desfasada con respecto a la evolución y las necesidades culturales y científico-tecnológicas de las sociedades modernas.
Los neoliberales en el Perú creyeron –y siguen creyendo- que a partir de la reforma educativa impuesta por la dictadura fujimorista, y desde los resultados de las evaluaciones estandarizadas de fines de los 90 y primeros años del siglo XXI (evaluaciones PISA), se descubrió que la educación peruana estaba en crisis. Pero lo más curioso es que, desde esa “comprobación”, los nuevos reformadores y sus ecos periodísticos, amén de intelectuales conservadores como el Dr. Luis Jaime Cisneros, bajo la batuta de ministros de educación que viven del negocio de la educación privada, descargaron la responsabilidad exclusiva de la crisis sobre los docentes de la escuela pública. En consecuencia, la “solución” del problema pasaba por evaluar a los docentes, también con una prueba estandarizada de conocimientos, para “demostrar” que los docentes peruanos carecen de competencia incluso para reclamar un salario menos miserable del que siempre han percibido. Fieles a esta lógica, los gobernantes de turno, en este caso el gobierno aprista, en complicidad con el Congreso, promulgaron una Ley de Carrera Magisterial inspirada en el individualista criterio de los incentivos por productividad, cuyo origen empresarial es indudable.
Siempre he reclamado la lectura de la historia de la educación peruana a partir de los testimonios y de los análisis de Manuel Vicente Villarán, José Antonio Encinas, José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre G., Luis Alberto Sánchez, Emilio Barrantes, Augusto Salazar Bondy, entre los más serios estudiosos de nuestra educación. La lectura detenida de sus textos nos llevan a la conclusión de que la crisis actual de la educación es parte y continuación de la crisis de su raíz colonial, de su pertenencia también a una estructura económico-social atrasada, factores que la república creada en el siglo XIX no ha hecho más que perpetuar hasta hoy. Si en Uruguay, Argentina o Chile la educación tuvo un desarrollo mayor desde el siglo XX, ese desarrollo no ha conducido a una educación propiamente moderna. Ambos países sufren hoy los estragos de la reforma neoliberal de los 90, con algunas especificidades, pero no han podido superar la herencia del atraso secular. Como se sabe, para los neoliberales la historia no cuenta. Es el presente y su utilidad inmediata lo que define las acciones de las políticas educativas.
Preguntado por la periodista Consuelo Alonzo C., el Dr. Murillo señala que la característica fundamental de la educación latinoamericana es la inequidad, denominación eufemística de las desigualdades culturales, por ende, educativas, de sociedades económica y socialmente desiguales, profundamente polarizadas entre un puñado de ricos y una gran masa de oprimidos y excluidos de los medios de vida más elementales. El entrevistado distingue entre factores socio-culturales y étnico-culturales que determinan las inequidades educativas, expresadas, principalmente, en la diferencia entre educación rural y educación urbana.
Con sentido crítico, del que carecen los neoliberales, Murillo considera que un cambio en la educación no se producirá en poco tiempo en América Latina. Y tiene razón. La reforma educativa neoliberal en Chile ya tiene más de 25 años y no ha podido superar los problemas que existían antes de la reforma de Pinochet. En cambio, en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, países escandinavos de similares características educativas (Noruega fue, hasta hace cinco años, el país con mayor índice de desarrollo educativo y otros índices de desarrollo humano, según el PNUD), en solo 20 años se han producido grandes avances en el proceso de la educación; y no porque se evaluó estandarizadamente a estudiantes y maestros, sino por que implicó dinero, compromiso de toda la sociedad, confianza en los maestros y no la magnificación de la desconfianza que hay en los docentes. El Dr. Murillo indica, con innegable espíritu crítico, refiriéndose al Perú, que Estos últimos años hay una incidencia en las evaluaciones para conocer a los culpables de educación peruana. El culpable en Perú es el docente, incluso las evaluaciones son para detectar al mal docente.
Ante tan contundente criterio, la periodista pregunta, como si estuviera descubriendo la verdad real, que la solución no estaría en la evaluación a la que se somete hoy a los docentes peruanos; a lo que el entrevistado reclama la revaloración de la profesión docente y una mayor confianza en el trabajo que realizan los maestros: La solución es más formación, sueldos más dignos, apoyo para que sigan formándose. La clave en AL es una mayor confianza hacia los docentes. Pero la periodista, con su ignorancia y los prejuicios remachados por la campaña contra el maestro y su sindicato, arremete con la afirmación de que el SUTEP se opone a las evaluaciones y capacitaciones, sin tener en cuenta la diferencia entre las evaluaciones neoliberales y la evaluación científico-pedagógica que exigen los maestros peruanos y su gremio. Es importante transcribir la siguiente acotación del Dr. Murillo:
Trabajar con los sindicatos es una obligación de los políticos (léase los gobernantes, aclaración mía). Los sindicatos representan no solo los intereses sino las ideas de los docentes, que en suma forman parte de la sociedad. Cualquier gobierno que quiera enfrentar una evaluación de profesores debe contar con ello y para eso las evaluaciones no deben ser represivas sino de apoyo
Puedo agregar, recordando tantos argumentos en contra de la reforma educativa neoliberal de los 90, que debieran de ser reforzados en estos años y en los venideros, que los neoliberales están incapacitados para entender la crisis de la educación y el papel de los maestros en la búsqueda de una transformación educativa fundamental; para entender el papel de la escuela pública como la alternativa de igualdad, justicia, integralidad, financiamiento estatal suficiente, universalidad y gratuidad, planificación de la educación, dignificación de la profesión docente. Para justificar su proyecto privatizador y elitista, pretenden estrangular económica, social y profesionalmente a los docentes, presentándoles como los culpables del atraso educativo del país, mientras ministros, viceministros y no pocos burócratas lucran con la educación privada.
Un verdadero proyecto educativo nacional (PEN) no tiene nada que ver con el PEN elaborado por un grupo adecuado a los lineamientos neoliberales establecidos por la Ley General de Educación No. 28044, promulgada en el 2003. El gobierno aprista tiene más de mil razones para haber hecho suyo ese proyecto que, inexplicablemente, es acogido también por ciertos dirigentes del Sutep.
Lima, enero 26 del 2009
Me convoca a escribir estas líneas las declaraciones del Dr. en Educación, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y ex Coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO (La República, 26/1/2009, p. 16), presentación que le hace la sumilla del diario a don Javier Murillo T.
Por mucho tiempo no será demasiado hablar de la crisis de la educación peruana, y no solamente partiendo de los resultados obtenidos por las evaluaciones estandarizadas dirigidas, generalmente, desde Europa, el Banco Mundial y la propia UNESCO, sino desde una visión histórica del Perú y de América Latina, teniendo en cuenta que, con la digna excepción de la Cuba de los últimos 50 años bien cumplidos de la revolución socialista, todos los países latinoamericanos y caribeños sufren la carga de una educación desfasada con respecto a la evolución y las necesidades culturales y científico-tecnológicas de las sociedades modernas.
Los neoliberales en el Perú creyeron –y siguen creyendo- que a partir de la reforma educativa impuesta por la dictadura fujimorista, y desde los resultados de las evaluaciones estandarizadas de fines de los 90 y primeros años del siglo XXI (evaluaciones PISA), se descubrió que la educación peruana estaba en crisis. Pero lo más curioso es que, desde esa “comprobación”, los nuevos reformadores y sus ecos periodísticos, amén de intelectuales conservadores como el Dr. Luis Jaime Cisneros, bajo la batuta de ministros de educación que viven del negocio de la educación privada, descargaron la responsabilidad exclusiva de la crisis sobre los docentes de la escuela pública. En consecuencia, la “solución” del problema pasaba por evaluar a los docentes, también con una prueba estandarizada de conocimientos, para “demostrar” que los docentes peruanos carecen de competencia incluso para reclamar un salario menos miserable del que siempre han percibido. Fieles a esta lógica, los gobernantes de turno, en este caso el gobierno aprista, en complicidad con el Congreso, promulgaron una Ley de Carrera Magisterial inspirada en el individualista criterio de los incentivos por productividad, cuyo origen empresarial es indudable.
Siempre he reclamado la lectura de la historia de la educación peruana a partir de los testimonios y de los análisis de Manuel Vicente Villarán, José Antonio Encinas, José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre G., Luis Alberto Sánchez, Emilio Barrantes, Augusto Salazar Bondy, entre los más serios estudiosos de nuestra educación. La lectura detenida de sus textos nos llevan a la conclusión de que la crisis actual de la educación es parte y continuación de la crisis de su raíz colonial, de su pertenencia también a una estructura económico-social atrasada, factores que la república creada en el siglo XIX no ha hecho más que perpetuar hasta hoy. Si en Uruguay, Argentina o Chile la educación tuvo un desarrollo mayor desde el siglo XX, ese desarrollo no ha conducido a una educación propiamente moderna. Ambos países sufren hoy los estragos de la reforma neoliberal de los 90, con algunas especificidades, pero no han podido superar la herencia del atraso secular. Como se sabe, para los neoliberales la historia no cuenta. Es el presente y su utilidad inmediata lo que define las acciones de las políticas educativas.
Preguntado por la periodista Consuelo Alonzo C., el Dr. Murillo señala que la característica fundamental de la educación latinoamericana es la inequidad, denominación eufemística de las desigualdades culturales, por ende, educativas, de sociedades económica y socialmente desiguales, profundamente polarizadas entre un puñado de ricos y una gran masa de oprimidos y excluidos de los medios de vida más elementales. El entrevistado distingue entre factores socio-culturales y étnico-culturales que determinan las inequidades educativas, expresadas, principalmente, en la diferencia entre educación rural y educación urbana.
Con sentido crítico, del que carecen los neoliberales, Murillo considera que un cambio en la educación no se producirá en poco tiempo en América Latina. Y tiene razón. La reforma educativa neoliberal en Chile ya tiene más de 25 años y no ha podido superar los problemas que existían antes de la reforma de Pinochet. En cambio, en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, países escandinavos de similares características educativas (Noruega fue, hasta hace cinco años, el país con mayor índice de desarrollo educativo y otros índices de desarrollo humano, según el PNUD), en solo 20 años se han producido grandes avances en el proceso de la educación; y no porque se evaluó estandarizadamente a estudiantes y maestros, sino por que implicó dinero, compromiso de toda la sociedad, confianza en los maestros y no la magnificación de la desconfianza que hay en los docentes. El Dr. Murillo indica, con innegable espíritu crítico, refiriéndose al Perú, que Estos últimos años hay una incidencia en las evaluaciones para conocer a los culpables de educación peruana. El culpable en Perú es el docente, incluso las evaluaciones son para detectar al mal docente.
Ante tan contundente criterio, la periodista pregunta, como si estuviera descubriendo la verdad real, que la solución no estaría en la evaluación a la que se somete hoy a los docentes peruanos; a lo que el entrevistado reclama la revaloración de la profesión docente y una mayor confianza en el trabajo que realizan los maestros: La solución es más formación, sueldos más dignos, apoyo para que sigan formándose. La clave en AL es una mayor confianza hacia los docentes. Pero la periodista, con su ignorancia y los prejuicios remachados por la campaña contra el maestro y su sindicato, arremete con la afirmación de que el SUTEP se opone a las evaluaciones y capacitaciones, sin tener en cuenta la diferencia entre las evaluaciones neoliberales y la evaluación científico-pedagógica que exigen los maestros peruanos y su gremio. Es importante transcribir la siguiente acotación del Dr. Murillo:
Trabajar con los sindicatos es una obligación de los políticos (léase los gobernantes, aclaración mía). Los sindicatos representan no solo los intereses sino las ideas de los docentes, que en suma forman parte de la sociedad. Cualquier gobierno que quiera enfrentar una evaluación de profesores debe contar con ello y para eso las evaluaciones no deben ser represivas sino de apoyo
Puedo agregar, recordando tantos argumentos en contra de la reforma educativa neoliberal de los 90, que debieran de ser reforzados en estos años y en los venideros, que los neoliberales están incapacitados para entender la crisis de la educación y el papel de los maestros en la búsqueda de una transformación educativa fundamental; para entender el papel de la escuela pública como la alternativa de igualdad, justicia, integralidad, financiamiento estatal suficiente, universalidad y gratuidad, planificación de la educación, dignificación de la profesión docente. Para justificar su proyecto privatizador y elitista, pretenden estrangular económica, social y profesionalmente a los docentes, presentándoles como los culpables del atraso educativo del país, mientras ministros, viceministros y no pocos burócratas lucran con la educación privada.
Un verdadero proyecto educativo nacional (PEN) no tiene nada que ver con el PEN elaborado por un grupo adecuado a los lineamientos neoliberales establecidos por la Ley General de Educación No. 28044, promulgada en el 2003. El gobierno aprista tiene más de mil razones para haber hecho suyo ese proyecto que, inexplicablemente, es acogido también por ciertos dirigentes del Sutep.
Lima, enero 26 del 2009
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