José Ramos Bosmediano,
educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública (Red SEPA, Canadá),
ex Secretario General del SUTEP (Perú)
El gobierno del Presidente Ollanta Humala ha empezado a tomar decisiones
sobre la educación peruana. Una de ellas
es el incremento del presupuesto para el 2012 dedicado a potenciar la educación
inicial, la capacitación y “acompañamiento” de los maestros de aula, la Beca 18
para los estudiantes “de bajos recursos
con alto rendimiento” (¿?), continuar con la municipalización de la educación,
continuar con las evaluaciones para contratos de docentes “por servicios
personales” para el año lectivo 2012 y “mejoramiento” de la denominada Carrera
Pública Magisterial, tan defendida por el ex Ministro de Economía y Finanzas
del gobierno aprista, Luis Carranza y por el trío neoliberal del anterior
Ministerio de Educación presidido por el empresario de la educación José
Antonio Chang.
En lo que se refiere a la educación inicial, se mantiene la fragmentación
de ese nivel dividido en Cuna Más, Wawawasis y la educación inicial de la
escolarización regular.
No vemos, por ningún lado, pues, un proyecto educativo diferente al que
venimos arrastrando desde hace 20 años, es decir, la reforma neoliberal que ha
fracasado ya tres ves: durante el período de su imposición por el gobierno de
Alberto Fujimori – Vladimiro Montesinos (1990 – 2000), durante los 5 años del
gobierno de Alejandro Toledo (2001 – 2006) y en el tiempo atosigante del
gobierno aprista (2006 – 2011).
Estamos, sin duda alguna, ante una educación cuya crisis no solamente sigue
irresuelta desde que se la detectara por enésima vez en la vida republicana del
Perú, sino que se presenta hoy con nuevos elementos que amenazan con volverla
irreversible de no mediar fuertes convulsiones sociales que remuevan las bases
económicas, sociales y políticas del actual Estado neoliberal.
El programa electoral del presidente Humala ofreció una “revolución
educativa”. No era posible creerle
cuando en aras de la concertación con la derecha, entibió sus propuestas de
cambios antineoliberales. Pero, por lo
menos se esperaba un conjunto de reformas que permitieran un cambio
importante. La proyección de sus
parciales y nada transformadoras políticas adoptadas nos demuestra que el
continuismo neoliberal, en adelante, está garantizado.
Líneas generales para un programa educativo
transformador
Con cargo a desarrollar cada uno de los planteamientos, procedo a señalar
las medidas más generales para elaborar una nueva reforma educativa que haga
frente a la crisis actual y remonte la fracasada reforma neoliberal.
Lo primero: derogar todas las leyes, decretos,
resoluciones y normas correspondientes
que la reforma neoliberal ha legalizado
para crear un mercado para el negocio de la educación y para la desregulación
laboral de los maestros y trabajadores administrativos. Esa legislación es una camisa de fuerza para
reformar la educación peruana.
Lo segundo: elaborar una propuesta de educación que
tenga como elementos fundamentales: la escuela pública como base fundamental y financiada plenamente por Estado; el derecho a
la enseñanza gratuita, universal e integral (lo integral sustituye a la
palabreja “calidad”) para todos los peruanos; los fines y los objetivos de una
nueva educación; los postulados programáticos que hagan posible el cumplimiento
de los fines y objetivos; los niveles regulares desde la educación inicial hasta la superior
universitaria y tecnológica intermedia; una nueva escuela rural ligada al trabajo y la concentración adecuada de la
población escolar; los niveles de educación de adultos no regulares hasta la
educación tecnológica intermedia; el papel de la sociedad y las instituciones
en el marco de la educación pública, que
no puede ser sustituidapor los privados; los lineamientos del nuevo currículo,
la metodología y la nueva administración de las escuelas; el papel pedagógico
científico de la informática en la educación; el financiamiento suficiente y permanente de la educación como prioridad material inmediata.
Lo tercero: un nuevo estatuto docente o Ley de
Carrera Pública Magisterial que recupere los derechos de los docentes peruanos
en concordancia con la Resolución de la UNESCO de octubre 5 de 1966, eliminando
la concepción productivista e individualista del docente, que el neoliberalismo
ha venido en llamar “meritocrática”, concepción esta que solo conduce a la
competencia individual entre docentes y a la obsesión por las evaluaciones en
pos de “incentivos” como se denomina hoy a las remuneraciones de los maestros y
demás profesionales en el sector público.
Eliminación del humillante sistema de contratos.
En cuarto lugar: un programa planificado de
alfabetización y postalfabetización que permita dar continuidad educativa a
todos los alfabetizados hasta concluir su educación básica, por lo menos, con
proyección hacia la educación superior.
En quinto lugar: un programa planificado de recuperación
de niños, adolescentes y jóvenes en situación social de abandono y/o conflictivo,
cuya formación debe estar ligada al trabajo como medio de recuperación
individual y colectiva.
En sexto lugar: la creación masiva de centros de
educación especial para todos los niños en situación de discapacidad y asumir
su integración a la educación regular de acuerdo con su recuperación previa,
pues lo que viene ocurriendo con la denominada “educación inclusiva” es agravar
los problemas de la discapacidad en aras de ahorrar recursos materiales y
humanos.
En sétimo lugar: recuperación del papel conductor del
Ministerio de Educación y eliminación de la tercerización de sus funciones y
competencias en lo pedagógico y administrativo, desde la sede central hasta las
dependencias regionales y locales, lo que obliga a establecer con claridad las
relaciones entre la función rectora del
Ministerio de Educación y el papel de los gobiernos regionales y municipales.
Esta recuperación del Ministerio de Educación supone, necesariamente, la
profesionalizacióny estabilidad de los funcionarios especializados, creando
funcionarios capaces y responsables para dirigir la educación en todas las
instancias, eliminando los actuales
procedimientos de cooptación de “funcionarios de confianza” que no responden por
nada y ante nadie.
En octavo lugar: un proyecto de universidad peruana basada en la
educación pública gratuita y financiada plenamente por el Estado para la
investigación científica básica y aplicada, la formación de profesionales
suficientes para el desarrollo del país y para la creación y difusión de la
cultura en todas sus expresiones. Esto
significa la planificación de la formación de profesionales y técnicos para el
futuro desarrollo del país, de tal manera que el Estado no promueva la
desprofesionalización funcional por desocupación prolongada. En este asunto
cobra importancia la planificación del funcionamiento de las decenas de
universidades privadas y la creación de
nuevas universidades públicas.
Un proyecto de nueva educación, como ocurrió con la reforma Francesa de
fines de los 50 del siglo XX, requiere una Comisión de Reforma conformada por
profesionales con la suficiente formación científica y cultural, pedagógica y
humanística, un equipo multidisciplinario donde conjuguen esfuerzos y
propuestas filósofos, pedagogos, académicos, tecnólogos, historiadores,
antropólogos y cultores de la literatura y de las demás artes; en el caso del
Perú, integrando por lo menos a un representante de los docentes sindicalizados
en el SUTEP, en el SIDESP y en la FENDUP.
No abordar el problema educativo en su integridad, solo nos conducirá a los
mismos fracasos de siempre.
Iquitos, octubre 29 del 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario