Descentralización y Municipalización de la Educación ( I ).

José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

Antecedentes de la Municipalización en la Educación Peruana.

Estamos a casi 20 años de la imposición de la reforma educativa neoliberal por el gobierno del hoy sentenciado Alberto Fujimori Fujimori sin haber experimentado, por lo menos, una ligera mejora de la situación educativa cuya crisis se agudizó en la década de los 80. Decimos que es una reforma impuesta porque no mereció ningún debate, ni consulta, ni fundamentación para que el gobierno lo convirtiera en política de Estado. Fueron los “expertos” y los “consultores” de los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) quienes dieron las líneas maestras para esa reforma educativa como parte del “ajuste estructural” dictado por el denominado “Consenso de Washington”. Desde luego que intervinieron también los funcionarios del gobierno y algunos “expertos” de ciertas ONG que apoyaron la implementación de la reforma.

Para corroborar lo que decimos basta mencionar que en marzo de 1991, mediante un Decreto Supremo, el gobierno de Fujimori anuló los derechos fundamentales de los maestros que establecía la Ley 24029 (Ley del Profesorado), medida previa para luego establecer un sistema masivo de trabajo docente por contrato y la evaluación estandarizada que hoy continúa aplicando el gobierno actual.

En el mismo año se dio el Decreto Legislativo 699 que privatizaba y municipalizaba la educación peruana, ofreciendo su administración a toda persona individual o jurídica que quisiera conducir un centro educativo, incluyendo la entrega de las escuelas a los padres de familia y a los propios maestros que decidieran organizarse para tal objetivo. Los maestros, organizados en su sindicato, el SUTEP, desarrollaron una lucha contra la pretendida privatización y municipalización, lucha que tuvo un impacto positivo en los padres de familia y en el propio Parlamento, que decidió derogar  el decreto.

Después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, en el mes de diciembre de ese año, el gobierno fujimorista promulgó los Decretos Leyes 26011, 26012 y 26013, que sistematizaban mejor la reforma educativa neoliberal de privatización de la educación y de liberalización o desregulación del trabajo docente, su evaluación estandarizada y el establecimiento de los “bonos educativos” para los estudiantes que asistieran regularmente a la escuela. Hay que aclarar que este esquema de sistema educativo fue copiado, con algunas variantes, de la reforma educativa que la dictadura de Augusto Pinochet aplicó en Chile desde principios de los años 80 del siglo XX, cuyos resultados han sido permanentemente cuestionados por investigadores serios, por los estudiantes y maestros chilenos y hasta por los propios políticos que han venido gobernando ese país desde 1990.


El Decreto Ley 26011 establecía la entrega total de las escuelas a las municipalidades a través de un organismo, el COMUNED (Consejo Municipal de Educación), bajo la presidencia del correspondiente Alcalde. Es decir, el mismo sistema de municipalización que la dictadura de Pinochet había impuesto en su país, bajo la batuta del Banco Mundial, cuyas orientaciones en materia educativa y de salud son de “financiamiento compartido”, “focalización del gasto” y “autonomía” de las escuelas y los centros de salud. La lucha de los maestros y padres de familia, además del rechazo mayoritario de los alcaldes al plan de municipalización de la educación durante los años 1993 y 1994, obligaron al gobierno fujimorista a derogar sus tres decretos a través del Parlamento que controlaba en aquellos años.

Pero el fujimorismo seguía empeñado en la municipalización, pues ésta constituía una pieza importante en el proceso de privatización de la educación y de ahorro fiscal. Es así que, en su discurso presidencial del 28 de julio de 1997, volvió a proponer la municipalización de la educación y la salud. Nuevamente, el SUTEP y los gremios de los trabajadores de la salud, impulsaron un movimiento de rechazo a las políticas anunciadas por tercera vez, obstaculizando su aplicación, en momentos en que el fujimorismo iba debilitándose debido a las permanentes luchas y las denuncias de corrupción y de violación de los derechos humanos.

Los antecedentes de la municipalización de la educación que estamos mencionando, son los más próximos a la nueva experiencia que vivimos con el gobierno actual. Pero en la historia del Perú republicano hay dos experiencias fallidas, mejor dicho fracasadas, de municipalización de la educación. La primera, cuando en 1839, con el argumento de que el Estado no tenía recursos para sufragar los gastos de las escuelas primarias (abrumadoramente mayoritarias en aquellos tiempos, por lo tanto que requerían de un mayor gasto frente a los centros de educación secundaria y superior), consistió en dejar en manos de las municipalidades las escuelas primarias del interior del país. Esta experiencia, como lo registra la historia, fue un rotundo fracaso. La segunda experiencia, con el mismo argumento y con la misma metodología, se impuso entre 1872 y 1876, sin resultados positivos. Desde entonces, ningún gobierno republicano se atrevió a plantear la municipalización de la educación en el Perú, pues las municipalidades en nuestro país tienen ya demasiados problemas como para pretender intervenir en la conducción de la educación, que no es lo mismo que apoyar las políticas educativas.

Lo que hoy enfrentamos ya no es la propuesta de municipalización de la educación de la vieja oligarquía terrateniente, sino el proyecto de los neoliberales que se han posesionado del Estado desde 1990, con argumentos más o menos atractivos y con una serie de falsas informaciones para convencer a los alcaldes y a la opinión pública en general, particularmente a los padres de familia que matriculan a sus hijos en las escuelas del Estado. Es necesario, pues, tener en cuenta los argumentos que los neoliberales vienen esgrimiendo a favor de la municipalización de la educación desde los años del fujimorismo y que hoy repiten los gobernantes actuales y sus funcionarios.

Los argumentos neoliberales para la municipalización de la Educación.

Son argumentos que se desprenden de la concepción que ha difundido el Banco Mundial sobre la descentralización del Estado. Para el Banco Mundial, descentralizar es transferir no solamente competencias administrativas del gobierno central hacia las regiones y los gobiernos locales, sino, principalmente, transferir obligaciones económicas recortando el presupuesto nacional para la educación, pues el gobierno central debe ahorrar más recursos para equilibrar los ingresos y gastos de la macroeconomía, principalmente de la deuda externa, cuyo elevado gasto presupuestal no debe ponerse en peligro. Esta “descentralización” del gasto en los servicios sociales (educación y salud, fundamentalmente) obliga a derivar parte del financiamiento hacia abajo, hacia las instancias regionales, pero sobre todo, locales o municipales, según la experiencia chilena, argentina, etc., cuando en esos países los neoliberales impusieron tales políticas educativas. Se trata, entonces, de una política presupuestal para equilibrar la macroeconomía: deuda externa, balanza de pagos, balanza comercial, superávit, etc. Este argumento no aparece mucho en los discursos porque se trata de ocultar el verdadero objetivo de la municipalización. Por lo tanto, los neoliberales adornan su propuesta con argumentos atractivos, aparentemente pedagógicos y técnico-administrativos. Veamos los más significativos.

a) Los gobiernos municipales conocen mejor los problemas de su jurisdicción y pueden plantear mejores y oportunas soluciones; en consecuencia, desde esta perspectiva de aproximación política a la sociedad, jugarían un papel muy positivo en la conducción y administración de la educación pública. Si este argumento se sustentaría en la realidad, hace tiempo que los gobiernos municipales habrían ya resuelto los problemas de sus ámbitos de competencia que históricamente han venido asumiendo por mandato constitucional: infraestructura urbana, transporte, saneamiento ambiental, seguridad ciudadana, ética pública en el manejo de los fondos municipales, políticas de fomento a la cultura, para mencionar los más importantes. Basta revisar el accionar de los gobiernos municipales, pese a los esfuerzos desplegados por muchos de ellos, para darnos cuenta de que los problemas mencionados siguen sin solución. ¿Hay, realmente, en los gobiernos municipales el conocimiento pleno de los problemas educativos como para que asuman su conducción y dirección? Si los conociesen, tendrían la capacidad de abordarlos al lado de los problemas que todavía exigen solución para la población cuyos reclamos observamos permanentemente.

b) Los gobiernos municipales están más cerca de la población y pueden resolver los problemas directamente, mientras que el gobierno central, al situarse a la distancia de los pueblos, carece de capacidad para abordarlos oportunamente. Este argumento es de proximidad espacial, y tiene relación con el argumento anterior porque si no existe una capacidad para abordar un problema, comprenderlo y considerarlo adecuadamente, la proximidad espacial carece de valor. Si el gobierno fuera sincero, no hubiese creado los “núcleos ejecutores” dirigidos desde palacio de gobierno para atender, supuestamente, la realización de las obras (en realidad, pequeñísimas obras) que los pueblos necesitan, dejando a un lado a los gobiernos municipales, cuyos ingresos vienen siendo recortados en el Presupuesto de la República. Es decir, la “cercanía” que vale para administrar la educación no sirve, sin embargo, para la realización de las pequeñas obras en los ámbitos de las municipalidades. Si el gobierno fuera coherente, empezaría por otorgar a las municipalidades la potestad de organizar los núcleos ejecutores y la realización de las obras. Por lo demás, estas obras de infraestructura corresponden a las potestades y posibilidades de los gobiernos municipales y regionales. Hay que agregar que los núcleos ejecutores fueron utilizados por el fujimorismo y cuyas obras nadie recuerda porque no han tenido ningún impacto en la vida de los pueblos supuestamente beneficiados. Sus antecedentes están la denominada “cooperación popular del ex Presidente Fernando Belaúnde Terry y el PAIT del primer gobierno del APRA (1985 – 1990). En ambos casos, sus objetivos principales han sido de proselitismo político.

c) Los gobiernos municipales, al estar más cerca de las escuelas, podrían controlar mejor a los maestros, capacitarlos y garantizarles mejores condiciones para su trabajo. Con este argumento lo único que se conseguiría es anular el papel de los directores y funcionarios intermedios del Ministerio de Educación. La contradicción con lo que el gobierno hace con los maestros y las escuelas y su argumento de una mejor administración de las escuelas por los gobiernos municipales, está en que el Ministerio de Educación es el que impone la evaluación estandarizada a los maestros a través de una prueba elaborada en Lima, con un sistema de contratos y nombramientos que obligan a los docentes a concentrar su atención en esas evaluaciones y no en el proceso enseñanza-aprendizaje. Las municipalidades que han asumido la administración de la educación no cumplen ningún papel en las políticas educativas, ni son consultadas para establecer las normas administrativas ni las orientaciones pedagógicas. No hacen más que aplicar sumisamente los procedimientos ordenados por el Ministerio de Educación. O sea que el propio gobierno central considera, en la práctica, que los gobiernos municipales carecen de capacidades para definir las orientaciones pedagógicas y administrativas. Lo que se observa es que en las municipalidades “comprometidas” se han designado comisiones conformadas por personas que, incluso, tienen intereses en la educación privada, y que solamente están en la comisión por la elevada remuneración que perciben. Estas comisiones se convertirán, en el futuro, en una especie de entidades al margen de los alcaldes, muchos de los cuales no conocen el problema de la educación y hasta carecen de educación superior. Se trata de confundir las atribuciones político-administrativas con las competencias profesionales que se requieren para determinadas áreas de los servicios sociales, siendo que la educación constituye uno de los problemas más complejos de las sociedades modernas, cuya discusión requiere un nivel adecuado de preparación y compenetración, desde perspectivas científicas interdisciplinarias. Confundir la educación con el mero control de los maestros no es más que una visión superficial del problema. Que los alcaldes deleguen funciones en personas supuestamente capacitadas para conducir la educación, significa, en la práctica, ponerse al margen del problema, lo que necesariamente va a ocurrir, mucho más si sus recursos financieros son insuficientes.

d) La municipalización de la educación es un “paso importante” hacia la descentralización del Estado. Este argumento es “atractivo” en la medida en que la descentralización es concebida como la transferencia de ciertas competencias administrativas: control, elaboración de planillas, reconstrucción o construcción de infraestructura educativa y mobiliario escolar. Pero desde el punto de vista de la necesidad de dotar a la población de una escuela pública moderna y gratuita, ligada a las necesidades reales de educación en todos los espacios territoriales del país, la descentralización de la que hablan los gobernantes no pasa de ser una simple desconcentración de ciertas competencias. Hay que recordar que descentralizar es extender los resultados del desarrollo hacia todos los ámbitos nacionales, un desarrollo integral y no solamente, como lo conciben los neoliberales, pequeñas obras de infraestructura, asistencia a los más pobres con trabajo temporal y comedores populares, sin cambiar sus condiciones de vida. Mientras las municipalidades van asumiendo ciertas atribuciones para la administración de la educación, el gobierno central viene promoviendo una mayor privatización de la educación y reduciendo el presupuesto para la educación pública. La denominada descentralización no pasa de ser un argumento falaz.

e) Un nuevo argumento ha surgido en estos tiempos: la educación en Finlandia y en Cuba es de gran nivel porque se ha municipalizado. Este argumento tiene mucha relación con el viaje de ciertos parlamentarios a Finlandia, viaje costeado por la Universidad Alas Peruanas, cuyas relaciones con los gobiernos de turno guardan relación con su rápido crecimiento lucrativo. Los parlamentarios involucrados en el viaje fueron a Finlandia a “observar” la supuesta municipalización de la educación para apuntalar la transferencia de las escuelas a las municipalidades del Perú. ¿Cuál es la verdad? En ningún país de Europa la educación está municipalizada, en el sentido que se pretende en el Perú. Ni se evalúa a los maestros tal como se está haciendo en nuestro país. Ni mucho menos el control de los maestros está a cargo de las municipalidades. La educación finlandesa, como la de los demás países de la Europa Nórdica (Noruega, Suecia, Dinamarca), tiene una conducción y dirección estatales y es, principalmente, de escuela pública, con un % de escuela privada insignificante, con maestros adecuadamente remunerados y formados por centros de nivel universitario, con un presupuesto de triplica el asignado por los gobiernos peruanos a nuestra educación, con un desarrollo de la ciencia y tecnología que tiene décadas de esfuerzo, con una concepción de la educación como derecho y no como mercancía. Es una educación que corresponde a un país de capitalismo de alto desarrollo y con una redistribución del ingreso menos desigual. El papel de las municipalidades, en ese contexto, es de apoyo y no de sustitución de la conducción nacional y de las responsabilidades financieras del gobierno central. Para conocer esta realidad no era necesario volar en unas “alas peruanas” de sospechosas plumas. El caso de Cuba es similar, pero no igual. Lo que Fidel Castro está denominando “municipalización de la educación superior” es que en cada Municipio, en su ámbito, debe funcionar un centro de educación superior para universalizar más el derecho a ese nivel educativo, puesto que en Cuba ya se ha concluido, desde los años 80, con la universalización de la educación hasta la básica (Secundaria). Nuevamente se descubre que sin conocer lo que ocurre en la educación mundial se pretende vender la municipalización de la educación como si fuera la panacea para resolver la crisis de nuestra educación. Nadie puede ignorar que la educación cubana se ha desarrollado tanto porque su política educativa es de escuela pública única, conducida por el Estado, con un presupuesto de no menos del 8% del PBI, y con una política educativa y cultural de intensa promoción de la investigación científica y tecnológica, pero bajo condiciones políticas que valoran la cultura nacional y asumen la educación como un derecho colectivo, desde una perspectiva socialista. Sin esas condiciones, no se hubiese desarrollado hasta alcanzar el nivel que hoy tiene. ¿De qué municipalización están hablando hoy los neoliberales?

f) Un argumento que escuché en Iquitos, tratando de justificar la euforia municipalizadora de la Alcaldesa del distrito de San Juan, es que si hay experiencias fracasadas en otros países, “en el Perú podemos tener éxito” y “hay que arriesgar”. Por supuesto que este argumento viene siendo esgrimido por los integrantes de la Comisión, una de cuyos miembros es, al mismo tiempo, dueña de una escuela privada. Para los autores de este argumento las experiencias históricas no cuentan, no sirven para aprender. Si una experiencia social ha dado resultados positivos, se aprende de ella, incluso de sus errores; pero si hay experiencias tan nefastas como las de Argentina, Chile, Nicaragua, etc., sin ningún hecho positivo que se pueda emular, no nos queda más que rechazarlas. Se arriesga mientras no haya un antecedente que nos dé la pauta a aplicar o rechazar esa experiencia. En el Perú hemos arriesgado tanto en reformas educativas que seguimos pagando las deudas contraídas sin haber obtenido resultados positivos. Para ciertas personas que integran las comisiones de municipalización, “arriesgarse” sólo significa seguir manteniendo su posición de burócratas bien remunerados. Después del fracaso, no se les volverá a ver para exigirles que rindan cuenta de sus actos y sus argumentos. Esto mismo podemos decir de los alcaldes y concejales que alegremente aceptan la municipalización de la educación, sin tener en cuenta los objetivos reales que el neoliberalismo persigue con esa política educativa. ¿Dónde están hoy los “expertos” y las ONG que colaboraron con el fujimorismo para aplicar su fracasada reforma educativa? ¿Se han hecho alguna autocrítica? Al contrario, han venido colaborando con el gobierno de Perú Posible y hoy están haciéndolo con el gobierno aprista.