José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.
Es sorprendente la confusión o la duda que embotan la conciencia crítica de ciertos académicos peruanos cuando piensan y escriben sobre la situación actual de la universidad peruana, es decir, de las más de 90 universidades que ya tiene el Perú, más que cualquier país europeo de capitalismo desarrollado con muchos más millones de habitantes que los que alberga nuestro país. En esta oportunidad, me refiero al párrafo final de un artículo de la poeta y profesora universitaria Rocío Silva Santisteban (“¿Alas y buen viento?”), en DOMINGO de La República, 06/12/2009, p. 24), una de las intelectuales jóvenes más importantes del país.
Luego de expresar su desaliento frente al “escándalo de la Universidad Alas Peruanas” y comprobar que en su stand de la Feria del Libro Ricardo Palma (diciembre 2009) sólo exhibió una producción de libros que sirven para “figurar” y no para aportar, concluye con una duda sobre la crisis de la educación superior universitaria. Citamos el párrafo final del artículo:
No sé si sea la universidad convertida en empresa lo que ha permitido esta debacle de la universidad en su conjunto. Alas Peruanas es la cereza del pastel. Debajo podemos encontrar otras tantas universidades que tienen como prioridad ir engañando muchachos haciéndoles creer que la educación puede ser un medio de movilidad social, de salida de la pobreza, de escape de la miseria, y que mientras más rápido entres a trabajar más rápido podrás ganar dinero, y si te dan un título convalidado en Estados Unidos, mejor porque te largas volando de este ruinoso país. ¿Quién ha sido el culpable de convertir a la universidad en este monstruo inmoral, apolítico y, sobre todo, estúpido? Eso es lo que representa el escándalo de Alas Peruanas: otra victoria de la estupidez humana (subrayado mío).
La debacle viene de atrás.
La insurgencia reformista de los estudiantes universitarios en el Perú de 1919 y años siguientes tuvo su motivación fundamental en la existencia de una universidad peruana elitista aristocrática, ajena a los intereses de las grandes mayorías y, sobre todo, puesta al servicio del orden oligárquico que la sostenía y perpetuaba; realidad que don Manuel Vicente Villarán denunció oportunamente a fines del siglo XIX. Mariátegui supo definir esa crisis en su ensayo sobre el proceso de la instrucción pública en sus “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”, como el producto de una economía y una sociedad en la que “el espíritu de la Colonia ha tenido su hogar en la universidad”. Ese espíritu colonial no desapareció del todo con la lucha estudiantil ni con las reformas realizadas bajo las exigencias juveniles, pese al esfuerzo de algunos intelectuales que desde las cátedras de las universidades públicas impregnaron a su trabajo académico de un espíritu de investigación y de renovación científicas.
La reforma educativa de la dictadura del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) diseñó un modelo de universidad bajo control del poder político militar, con la presencia de importantes intelectuales en la elaboración del diseño curricular, como Augusto Salazar Bondy, Wálter Peñaloza Ramella, Emilio Barrantes y otros más. Quiso introducir en la universidad peruana un proceso de modernización tecnocrática, en el contenido y en la metodología, como parte superior del sistema escolar reformado. Al fracasar las reformas estructurales en lo económico y social, todo el proceso de la reforma se vino abajo, quedando solamente las estructuras burocráticas que supervivieron hasta gran parte de los años 80 del siglo XX, década en la que la crisis general de la educación peruana se volvió más visible, tal como ocurrió con la crisis de la sociedad peruana de fines del siglo pasado.
Para enfrentar esa crisis, el nuevo credo demoliberal, el neoliberalismo, impuso una reforma educativa de privatización. Al principio, entre 1991 y 1993, la privatización era concebida por ciertos sectores intelectuales, erróneamente, como una política que sólo podría aplicarse a la educación básica regular, como ya lo había anunciado el candidato del FRFEDEMO Mario Vargas Llosa en su campaña electoral anticipada desde 1989. La docencia universitaria pública y hasta los dirigentes estudiantiles de aquellos años no se sentían comprometidos en la lucha contra la privatización de la educación que los maestros del SUTEP estaban librando desde que el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, en 1991, promulgara el primer decreto privatizador, el Decreto Legislativo 699; luego los decretos leyes 26011, 26012 y 26012 en 1992, así como el recorte de los gastos del Estado en el mantenimiento de las escuelas, etc.
El pretexto de la lucha contra el terrorismo permitió a la dictadura fujimorista, en 1994, su ingreso militarizado a las universidades públicas más importantes para imponer rectores adictos al credo neoliberal, al tiempo que empezó a reducir más el presupuesto universitario, obligando a las autoridades de todas las universitarias a buscar nuevos recursos para los gastos de mantenimiento, reduciéndose más las remuneraciones de los maestros universitarios, los peor pagados en América Latina. No se puede olvidar que en aquel año de 1994 los neoliberales en el poder impusieron la evaluación estandarizada a los maestros universitarios, de los cuales sólo un pequeño número de docentes tuvo la dignidad de renunciar a su cátedra antes de ser sometido a una humillante y antipedagógica evaluación. Se puede decir que la crisis de la educación superior universitaria que vivimos hoy se profundizó con las políticas neoliberales. Entonces, no es posible sorprendernos ante la presencia de verdaderos esperpentos con poses de universidad en el campo privado de los negocios, uno de cuyos ejemplos, solo uno, es Alas Peruanas, pues el CONAFU acaba de elevar a universidad al instituto privado TELESUP.
Un decreto para el negocio con la educación.
En 1996, en pleno apogeo de las políticas neoliberales del fujimorismo, la dictadura promulgó el Decreto Legislativo 882, que hoy ha venido a la memoria de quienes debieron de haber luchado desde el principio por su derogatoria. Este decreto, lo dijimos en su momento los dirigentes del SUTEP, es la autorización más abierta para que cualquier persona pueda crear instituciones de educación superior, institutos y universidades. El procedimiento es casi idéntico al que se utiliza para crear una empresa cualquiera. Para el TLC actual es el mejor marco para el “comercio de servicios”, razón por la cual su derogatoria no es muy fácil en el marco de un gobierno neoliberal como el actual; ni lo fue cuando gobernó don Valentín Paniagua, que no tocó ningún interés neoliberal; y mucho menos cuando don Alejandro Toledo fue Presidente y hablaba de educación como cualquier vendedor de ilusiones.
Es el rasgo comercial de las universidades privadas que ampara el Decreto Legislativo 882 el que define la existencia de aquellas, rasgo que los dueños de Alas Peruanas aprovecharon para que el Poder Judicial les dé todas las garantías legales para su funcionamiento, la creación de sus filiales y la multiplicación de sus especialidades profesionales y de postgrado, incluida la formación profesional a distancia.
Está claro que el neoliberalismo agudizó la crisis de la educación peruana y de la universidad en particular. Por un lado, propiciando la proliferación de universidades privadas, cada cual subordinada a los objetivos de lucro de sus dueños y testaferros, lo que no nos debe llamar la atención, pues la educación privada en general nada o muy poco tiene que ver con los derechos de los niños y jóvenes a una educación integral, que solamente puede ser un “bien colectivo” (UNESCO: “La educación encierra un tesoro”, 1996) y no el derecho de cualquier persona individual o jurídica de “crear y conducir” un centro educativo (Ley General de Educación 28044, 2003). Por otro lado, empobreciendo más a las universidades públicas, obligándolas a crear nuevos ingresos propios elevando las tasas de matrícula y los pagos que realizan los postulantes, manteniendo un sistema injusto de preuniversitaria para obtener más ingresos, pero elitizando la educación; en realidad, privatizando indirectamente la educación universitaria.
Se ha llegado a una situación signada por el caos académico, el enriquecimiento a costa de las expectativas de la juventud y de su familia, a la producción de profesionales cuyas características, en términos de competencia, defieren dentro de una misma profesión según la universidad de la cual proceden los egresados, incluyendo no pocas universidades públicas que sobreviven con el magro presupuesto asignado por el Fondo Monetario Internacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de turno, como ocurre con la descarada reticencia de homologar las remuneraciones de los maestros universitarios.
La pregunta de la profesora Rocío Silva Santisteban carece de pertinencia. Toda esta mayor decadencia de nuestra enseñanza superior tiene en los gobernantes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, principalmente) de las últimas décadas a sus verdaderos culpables. No han creado la crisis, que viene de atrás, pero la han mantenido y profundizado.
Salir de esta situación no está solamente en traer abajo el Decreto Legislativo 882, sino desarmar todo la estructura de la educación que el neoliberalismo ha impuesto en los últimos 20 años. No es una tarea fácil, pues más de cincuenta universidades privadas forman parte de poderosos intereses económicos y políticos y hasta religiosos, además de decenas de miles de estudiantes enganchados en esos centros de negocio, amén de muchos miles de maestros que trabajan en ellas. Para hacerlo, se requiere un gobierno capaz y dispuesto a nacionalizar toda la educación superior, universitaria y tecnológica, potenciar las universidades públicas y su presencia a nivel nacional, sin fundar universidades en lugares donde las ya existentes pueden garantizar la universalidad de la educación superior como uno de los objetivos programáticos de la nueva educación que nuestro país requiere.
La lucha reivindicativa actual de los maestros universitarios es, no cabe duda, justa, lo que no se debe confundir con la necesidad, más allá de lo reivindicativo, de luchar por una nueva universidad, lo que supone, en primer lugar, la derrota de las políticas neoliberales y, al mismo tiempo, levantar una reforma educativa que abarque el conjunto de la educación peruana. No se trata solamente de un problema presupuestal, pero tampoco soslayar este problema, pues gratuidad, universalidad y nueva educación se relacionan con el papel del Estado en el financiamiento y la conducción de un nuevo sistema educativo.
En el fondo del escándalo de Alas Peruanas, a la cual tenemos que seguir llamando universidad, está la crisis de nuestra universidad y, en general, de la educación peruana.
Lima, diciembre 19 del 2009
Es sorprendente la confusión o la duda que embotan la conciencia crítica de ciertos académicos peruanos cuando piensan y escriben sobre la situación actual de la universidad peruana, es decir, de las más de 90 universidades que ya tiene el Perú, más que cualquier país europeo de capitalismo desarrollado con muchos más millones de habitantes que los que alberga nuestro país. En esta oportunidad, me refiero al párrafo final de un artículo de la poeta y profesora universitaria Rocío Silva Santisteban (“¿Alas y buen viento?”), en DOMINGO de La República, 06/12/2009, p. 24), una de las intelectuales jóvenes más importantes del país.
Luego de expresar su desaliento frente al “escándalo de la Universidad Alas Peruanas” y comprobar que en su stand de la Feria del Libro Ricardo Palma (diciembre 2009) sólo exhibió una producción de libros que sirven para “figurar” y no para aportar, concluye con una duda sobre la crisis de la educación superior universitaria. Citamos el párrafo final del artículo:
No sé si sea la universidad convertida en empresa lo que ha permitido esta debacle de la universidad en su conjunto. Alas Peruanas es la cereza del pastel. Debajo podemos encontrar otras tantas universidades que tienen como prioridad ir engañando muchachos haciéndoles creer que la educación puede ser un medio de movilidad social, de salida de la pobreza, de escape de la miseria, y que mientras más rápido entres a trabajar más rápido podrás ganar dinero, y si te dan un título convalidado en Estados Unidos, mejor porque te largas volando de este ruinoso país. ¿Quién ha sido el culpable de convertir a la universidad en este monstruo inmoral, apolítico y, sobre todo, estúpido? Eso es lo que representa el escándalo de Alas Peruanas: otra victoria de la estupidez humana (subrayado mío).
La debacle viene de atrás.
La insurgencia reformista de los estudiantes universitarios en el Perú de 1919 y años siguientes tuvo su motivación fundamental en la existencia de una universidad peruana elitista aristocrática, ajena a los intereses de las grandes mayorías y, sobre todo, puesta al servicio del orden oligárquico que la sostenía y perpetuaba; realidad que don Manuel Vicente Villarán denunció oportunamente a fines del siglo XIX. Mariátegui supo definir esa crisis en su ensayo sobre el proceso de la instrucción pública en sus “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”, como el producto de una economía y una sociedad en la que “el espíritu de la Colonia ha tenido su hogar en la universidad”. Ese espíritu colonial no desapareció del todo con la lucha estudiantil ni con las reformas realizadas bajo las exigencias juveniles, pese al esfuerzo de algunos intelectuales que desde las cátedras de las universidades públicas impregnaron a su trabajo académico de un espíritu de investigación y de renovación científicas.
La reforma educativa de la dictadura del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) diseñó un modelo de universidad bajo control del poder político militar, con la presencia de importantes intelectuales en la elaboración del diseño curricular, como Augusto Salazar Bondy, Wálter Peñaloza Ramella, Emilio Barrantes y otros más. Quiso introducir en la universidad peruana un proceso de modernización tecnocrática, en el contenido y en la metodología, como parte superior del sistema escolar reformado. Al fracasar las reformas estructurales en lo económico y social, todo el proceso de la reforma se vino abajo, quedando solamente las estructuras burocráticas que supervivieron hasta gran parte de los años 80 del siglo XX, década en la que la crisis general de la educación peruana se volvió más visible, tal como ocurrió con la crisis de la sociedad peruana de fines del siglo pasado.
Para enfrentar esa crisis, el nuevo credo demoliberal, el neoliberalismo, impuso una reforma educativa de privatización. Al principio, entre 1991 y 1993, la privatización era concebida por ciertos sectores intelectuales, erróneamente, como una política que sólo podría aplicarse a la educación básica regular, como ya lo había anunciado el candidato del FRFEDEMO Mario Vargas Llosa en su campaña electoral anticipada desde 1989. La docencia universitaria pública y hasta los dirigentes estudiantiles de aquellos años no se sentían comprometidos en la lucha contra la privatización de la educación que los maestros del SUTEP estaban librando desde que el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, en 1991, promulgara el primer decreto privatizador, el Decreto Legislativo 699; luego los decretos leyes 26011, 26012 y 26012 en 1992, así como el recorte de los gastos del Estado en el mantenimiento de las escuelas, etc.
El pretexto de la lucha contra el terrorismo permitió a la dictadura fujimorista, en 1994, su ingreso militarizado a las universidades públicas más importantes para imponer rectores adictos al credo neoliberal, al tiempo que empezó a reducir más el presupuesto universitario, obligando a las autoridades de todas las universitarias a buscar nuevos recursos para los gastos de mantenimiento, reduciéndose más las remuneraciones de los maestros universitarios, los peor pagados en América Latina. No se puede olvidar que en aquel año de 1994 los neoliberales en el poder impusieron la evaluación estandarizada a los maestros universitarios, de los cuales sólo un pequeño número de docentes tuvo la dignidad de renunciar a su cátedra antes de ser sometido a una humillante y antipedagógica evaluación. Se puede decir que la crisis de la educación superior universitaria que vivimos hoy se profundizó con las políticas neoliberales. Entonces, no es posible sorprendernos ante la presencia de verdaderos esperpentos con poses de universidad en el campo privado de los negocios, uno de cuyos ejemplos, solo uno, es Alas Peruanas, pues el CONAFU acaba de elevar a universidad al instituto privado TELESUP.
Un decreto para el negocio con la educación.
En 1996, en pleno apogeo de las políticas neoliberales del fujimorismo, la dictadura promulgó el Decreto Legislativo 882, que hoy ha venido a la memoria de quienes debieron de haber luchado desde el principio por su derogatoria. Este decreto, lo dijimos en su momento los dirigentes del SUTEP, es la autorización más abierta para que cualquier persona pueda crear instituciones de educación superior, institutos y universidades. El procedimiento es casi idéntico al que se utiliza para crear una empresa cualquiera. Para el TLC actual es el mejor marco para el “comercio de servicios”, razón por la cual su derogatoria no es muy fácil en el marco de un gobierno neoliberal como el actual; ni lo fue cuando gobernó don Valentín Paniagua, que no tocó ningún interés neoliberal; y mucho menos cuando don Alejandro Toledo fue Presidente y hablaba de educación como cualquier vendedor de ilusiones.
Está claro que el neoliberalismo agudizó la crisis de la educación peruana y de la universidad en particular. Por un lado, propiciando la proliferación de universidades privadas, cada cual subordinada a los objetivos de lucro de sus dueños y testaferros, lo que no nos debe llamar la atención, pues la educación privada en general nada o muy poco tiene que ver con los derechos de los niños y jóvenes a una educación integral, que solamente puede ser un “bien colectivo” (UNESCO: “La educación encierra un tesoro”, 1996) y no el derecho de cualquier persona individual o jurídica de “crear y conducir” un centro educativo (Ley General de Educación 28044, 2003). Por otro lado, empobreciendo más a las universidades públicas, obligándolas a crear nuevos ingresos propios elevando las tasas de matrícula y los pagos que realizan los postulantes, manteniendo un sistema injusto de preuniversitaria para obtener más ingresos, pero elitizando la educación; en realidad, privatizando indirectamente la educación universitaria.
Se ha llegado a una situación signada por el caos académico, el enriquecimiento a costa de las expectativas de la juventud y de su familia, a la producción de profesionales cuyas características, en términos de competencia, defieren dentro de una misma profesión según la universidad de la cual proceden los egresados, incluyendo no pocas universidades públicas que sobreviven con el magro presupuesto asignado por el Fondo Monetario Internacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de turno, como ocurre con la descarada reticencia de homologar las remuneraciones de los maestros universitarios.
La pregunta de la profesora Rocío Silva Santisteban carece de pertinencia. Toda esta mayor decadencia de nuestra enseñanza superior tiene en los gobernantes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, principalmente) de las últimas décadas a sus verdaderos culpables. No han creado la crisis, que viene de atrás, pero la han mantenido y profundizado.
Salir de esta situación no está solamente en traer abajo el Decreto Legislativo 882, sino desarmar todo la estructura de la educación que el neoliberalismo ha impuesto en los últimos 20 años. No es una tarea fácil, pues más de cincuenta universidades privadas forman parte de poderosos intereses económicos y políticos y hasta religiosos, además de decenas de miles de estudiantes enganchados en esos centros de negocio, amén de muchos miles de maestros que trabajan en ellas. Para hacerlo, se requiere un gobierno capaz y dispuesto a nacionalizar toda la educación superior, universitaria y tecnológica, potenciar las universidades públicas y su presencia a nivel nacional, sin fundar universidades en lugares donde las ya existentes pueden garantizar la universalidad de la educación superior como uno de los objetivos programáticos de la nueva educación que nuestro país requiere.
La lucha reivindicativa actual de los maestros universitarios es, no cabe duda, justa, lo que no se debe confundir con la necesidad, más allá de lo reivindicativo, de luchar por una nueva universidad, lo que supone, en primer lugar, la derrota de las políticas neoliberales y, al mismo tiempo, levantar una reforma educativa que abarque el conjunto de la educación peruana. No se trata solamente de un problema presupuestal, pero tampoco soslayar este problema, pues gratuidad, universalidad y nueva educación se relacionan con el papel del Estado en el financiamiento y la conducción de un nuevo sistema educativo.
En el fondo del escándalo de Alas Peruanas, a la cual tenemos que seguir llamando universidad, está la crisis de nuestra universidad y, en general, de la educación peruana.
Lima, diciembre 19 del 2009
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