José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP, Asesor Pedagógico del SUTE Regional Loreto.Se ha desatado un escándalo mayúsculo a raíz de los viajes de magistrados y altos miembros del partido aprista, gobernantes y miembros del actual Congreso de la República, viajes sufragados por la universidad privada ALAS PERUANA; es decir, un charco de conductas que compromete a los tres poderes básicos de la democracia burguesa que demuestra, una vez más, no solamente su crisis real, sino su descomposición política y moral. Los medios de información dicen de los pormenores de este nuevo escándalo, al que se une el descubrimiento de un pobre diablo metido de espía a favor de los planes económicos y bélicos de la gran burguesía chilena, militarista, fascista y soporte principal del neoliberalismo del Consenso de Washington.
Me propongo dirigir mi visión hacia los problemas de fondo, pues la prensa y los funcionarios que están tratando este problema no irán más allá de describir el escándalo, con más o menos “indignación” y hasta quejidos moralistas, como es su costumbre. Al final, los implicados quedarán un poco “chamuscados” pero seguirán nadando en las sucias aguas de la política criolla, gobernando, decidiendo, como ocurre con Jorge del Castillo, que sigue escribiendo, con su rostro “rejuvenecido”, en La República de Lima, y que hasta se ha atrevido a formar un grupo numeroso de “asesores” para implementar la política anticrisis, como si los “petroaudios” y las reuniones con el mafioso empresario Fortunato Canaán no significarían sino un “pecadillo”, como dijera el “demócrata ejemplar” Luís Bedoya Reyes, que se prepara, dicho se a de paso, para recibir un Honoris Causa, nada menos que de la gloriosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos (¡!).
Un problema de fondo: la privatización de la educación peruana.
Nos encontramos en una circunstancia propicia para mirar con mayor nitidez el fracaso rotundo de la privatización de la educación que propicia la denominada “reforma estructural” del neoliberalismo en el Perú y en América Latina, pero principalmente en el Perú. Fracaso en tanto y en cuanto dicha reforma, aplicada a la educación, pretendió vender la ilusión de que privatizando el servicio educativo iba a generarse un proceso de superación de la crisis y, en consecuencia, el “mejoramiento de la calidad de la educación”. Por supuesto, para que esa ilusión se convirtiera en realidad, era necesario abrir las puertas para la inversión privada en educación, en todos los niveles; anular todos los derechos laborales y profesionales de los docentes y demás trabajadores en la educación; desmantelar al Ministerio de Educación de sus cuadros profesionales y reemplazarlos por “consultores”, profesionales “de confianza” y terceros privados para cumplir con las tareas básicas de la administración, capacitación y evaluación de los maestros; y anular la Ley del Profesorado para sustituirla por lo que hoy se denomina Ley de Carrera Pública Magisterial, esperpento de la desregulación laboral de la docencia de los niveles y modalidades de la educación básica.
Esta reforma educativa neoliberal, acompañada por la teoría curricular pragmatista del “nuevo enfoque” constructivista, con municipalización y “autonomía” escolar, empezó entre 1991 y 1995, en pleno auge del fujimorismo, incluyendo las evaluaciones estandarizadas, incluso en las universidades estatales, cuya invasión militarizada en 1994 fue el soporte físico y psicológico para imponer rectores mediocres y áulicos del poder de turno. Cabe recordar que el SUTEP, con el dolor que sintió el extinto sacerdote católico Felipe Mc Gregor, quien escribiera en un pequeño libro que “un sindicato radical, con su huelga de 109 días, no permitió que el Presidente Fujimori llevara a cabo toda su reforma educativa”, refiriéndose, desde luego a la larga huelga nacional de 1991 que levantara la consigna: ¡PRIMERO SON LOS NIÑOS Y NO LA DEUDA EXTERNA!, desarrolló una lucha de resistencia activa contra ese régimen corrupto.
En aquella década, es lamentable decirlo, los maestros del SUTEP luchamos casi solos frente a la reforma educativa neoliberal. Eran pocos los maestros de la educación superior universitaria que levantaron su voz de solidaridad con nuestra lucha. Políticos y “expertos” en educación vivían pensando en cómo obtener “alguito” de los dispositivos legales y hasta se prestaron para “capacitar” a los maestros en la aplicación de la pedagogía constructivista. Los maestros universitarios, con algunas excepciones, consideraron, tal vez, que la reforma no les iba a tocar, no obstante las invasiones militarizadas de 1994 y al carácter privatizador de la reforma educativa neoliberal, de alcance totalizador como parte del programa económico en marcha.
El llamado para forjar el Frente de Defensa de la Educación y la Cultura en el Perú no encontró, pues, eco en la docencia de la educación universitaria. Como ironía de la historia presente, la huelga nacional indefinida actual de los maestros universitarios de las universidades públicas, iniciada el 23 de septiembre, levanta las mismas consignas de los 90, revela con mayor crudeza la insensibilidad de los gobernantes de turno que, en realidad, no es, principalmente, insensibilidad, sino proyecto privatizador a secas, afán de recortar más el presupuesto educativo público y seguir manteniendo un profesorado universitario en condiciones de miseria, obligados a supervivir con cátedras adicionales en universidades privadas y en centros de preparación preuniversitaria, amén de otros “cachuelos”, como vender separatas o textos elaborados con la premura de quien casi no tiene suficiente tiempo para investigar.
A la sombra de la privatización educativa.
En el escenario descrito, el gobierno de Fujimori dio el Decreto Legislativo 882 de 1996, verdadera ley universitaria para favorecer la creación de universidades privadas en todo el país, con filiales que han crecido como hongos, a tal punto que del más de medio millón de estudiantes matriculados en la educación universitaria, el 50% corresponde a las privadas (56). En este contexto nace ALAS PERUANAS, de iniciativa castrense y de sospechosas relaciones con Vladimiro Montesinos. Hay que estar seguros de que esta universidad (así hay que llamarla porque tiene reconocimiento legal) ha crecido como “crece la sombra cuando el sol declina”, o sea cuando la universidad pública es abandonada a su suerte. ¿Qué clase de profesionales puede formar esta mafia supuestamente académica? ¿Cómo es posible que haya profesionales que decidan aceptar Honoris Causa de esta cueva de mediocridad? Todo ello nos indica la podredumbre de no pocos gobernantes y magistrados, cuyos afanes de figuración y de prebendas rebasa el límite de la mínima conducta moral.
¿ALAS PERUANAS es la única universidad privada sumida en las negras aguas del Leteo de la corrupción? Claro que no. El caso de la universidad San Ignacio de Loyola, de propiedad del ex Ministro toledista Raúl Diez Canseco Terry, “Playboy” que legisló prebendas para la familia de su novia, es un ejemplo de cómo entender que una institución de propiedad de un inmoral garantizaría la formación de profesionales “emprendedores” para “el progreso del Perú”. No se puede soslayar el dudoso proceso de adquisición de la Universidad “San Martín de Porres que regenta el actual Ministro de Educación José Antonio Chang, cuya “escuela de gobernabilidad” dirigida por el Presidente Alan García están dando los frutos, nada auspiciosos, que todos conocemos, con Rómulo León como el alumno más aprovechado del “tercio superior”. Si hurgáramos en la vida interna y los manejos financieros de cada universidad privada, observaríamos mejor el nefasto papel que viene cumpliendo la educación privada en nuestro país, no solamente en el campo académico, sino en la (de) formación moral de nuestra juventud. Las voces de “profesionales emprendedores”, profesionales competitivos”, “líderes empresariales” y otras monsergas que el neoliberalismo ha vulgarizado en estas últimas dos décadas, no son sino taparrabos de una ideología individualista que promueve la corrupción, el autoengaño y la farsa educativa que campea en nuestros predios de hegemonía de los mediocres gobernantes y sus funcionarios.
Hay que resistir y luchar sin tregua.
Como nos dice Ernesto Sábato en sus libros “La resistencia” y “Hasta el fin”, la derrota de hoy es pasajera. Los bribones reirán en estos tiempos, pero días vendrán en que las fuerzas espirituales más nobles extenderán sus alas la esperanza en un mundo mejor.
En el caso que nos ocupa, hay que seguir resistiendo la avalancha neoliberal; la campaña de los testaferros del neoliberalismo; los negociados de los comerciantes de la educación que vienen amasando ingentes ganancias favorecidos por un Estado que les sigue otorgando el privilegio de negociar con los anhelos de superación de nuestro pueblo. La firma del TLC es uno de los mecanismos que tiene la industria transnacional de la cultura para venir a invertir en educación con el postulado de que la educación no es un derecho sino un servicio y, como todo servio, en el argot de la Organización Mundial del Comercio, es una mercancía, por lo tanto, transable y sujeta a compra y venta en el libre mercado.
La lucha por una nueva educación, transformadora e integral, democrática y popular, laica, basada en la escuela pública gratuita y universal, al servicio de un proyecto nacional de desarrollo que hay que construir como parte de la conquista del poder, sigue más vigente que nunca.
Iquitos, corazón de la Amazonía peruana.
Noviembre 14 del 2009.
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