Por Eduardo Gudynas
Latinoamérica
.
Las actuales estrategias de
desarrollo que se observan en América del Sur siguen descansando en una intensa
apropiación de la Naturaleza. En ellas el papel del Estado es indispensable. Es
más, podríamos decir que existen ciertas estructuras y configuraciones del
Estado que permiten y sostienen ese tipo de desarrollo. Esto hace que en una
mirada desde la ecología política sea necesario examinar los nuevos papeles que
desempeñan los Estados en América del Sur. Una pregunta clave es si los nuevos
Estados progresistas son distintos de los anteriores, y en qué medida lo pueden
ser.
He examinado estas cuestiones en
algunos artículos recientes; entre ellos en “Estado compensador y nuevos
extractivismos” publicado en Nueva Sociedad (2012). Las ideas principales en
estos análisis es que el Estado contemporáneo en América del Sur sigue
persiguiendo el objetivo del crecimiento económico, y por lo tanto la
explotación de la Naturaleza es un medio indispensable para lograrlo. Esto hace
que el Estado aliente y apoye el capitalismo; ejemplos de ello se observa en
Brasil con los fuertes apoyos financieros a empresas extractivistas, como la
minera Vale. Se observa que incluso bajo los gobiernos progresistas el Estado
es funcional a este capitalismo que descansa en la apropiación de recursos
naturales para volcarlos a la globalización como materia primas. Ejemplos
recientes son los llamados a la inversión minera.
Pero como estos son Estados bajo
gobiernos progresistas, también hay medidas de intervención en el mercado. Lo
hace de variadas maneras, en unos países más intensamente, en otros menos. Allí
aparecen los instrumentos para captar una mayor proporción de la renta
extractivista, la naconalización de algunas empresas o los planes de asistencia
social basados en pagos mensuales.
Entonces el Estado se mueve entre
dos espacios: en uno cede ante el capital, y en otro trata de contenerlo. Allí
se generan vairadas contradicciones, tensiones y oposiciones. Hay varios
ejemplos de ellas. Por ejemplo, en la Argentina de Cristina F. de Kirchner, el
nuevo ímpetu minero gubernamental.
En ese punto, en el artículo
examino varias medidas a las que apela el Estado para lidiar con esas
contradicciones. Por ejemplo, aplicar medidas supuestamente neutras y objetivas
para solucionar conflictos, apoyar a uno de los “bandos” en pugna, o pagar
compensaciones económicas a los afectados, etc.
De esta manera, en el análisis se
arriba a la conclusión que el Estado progresista busca lograr delicados
equilibrios entre sus concesiones al capital, y la necesidad de regularlo. Por
ejemplo, alienta el extractivismo, pero también trata de amortiguarlo. Esto
hace que las compensaciones económicas jueguen un papel de enorme importancia,
no sólo en reducir la pobreza, sino incluso en el plano simbólico: es lo que
hace que estos Estados puedan decir que tienen una cara política de justicia
social, lo que es propio de la izquierda.
Por lo tanto se concluye que estamos ante un “Estado compensador”. Busca equilibrios entre esas fuerzas distintas, y para ello apela a las compensaciones. El presentar al nuevo Estado como “compensador” permite diferenciarlo de otras expresiones. Está claro que estos no son Estados neoliberales. Pero tampoco son “Estados rentistas” (ni siquiera en el caso venezolano), al menos en la definición rigurosa y original del término.
Por lo tanto se concluye que estamos ante un “Estado compensador”. Busca equilibrios entre esas fuerzas distintas, y para ello apela a las compensaciones. El presentar al nuevo Estado como “compensador” permite diferenciarlo de otras expresiones. Está claro que estos no son Estados neoliberales. Pero tampoco son “Estados rentistas” (ni siquiera en el caso venezolano), al menos en la definición rigurosa y original del término.
Tampoco se está creando un “Estado
de bienestar”, a la imagen europea, especialmente aquella inspirada en los
gobiernos socialdemocrátas. En la América del Sur progresista prevalece la
compensación económica, y no tanto un fortalecimiento de los derechos
ciudadanos. Se pagan los bonos, pero se criminaliza y persiguen las demandas
públicas; aquí, una vez más, estas tensiones son evidentes alrededor de la
minería. El fortalecimiento de la democracia, y en especial en sus aspectos
institucionales, como el papel de los legislativos, no es perseguido por el
progresismo sudamericano, que en varios casos parece más entretenido en
caudillismos personales.
El Estado compensador tiene una
visión de un Estado que puede financiarse de aquí a la eternidad extrayendo
recursos de la Naturaleza. Con ello se aproxima a algunos atributos del “Estado
mágico” que años atrás se describía para la Venezuela petrolera.
Es evidente que este nuevo Estado
compensador, propio de los gobiernos progresistas, acepta cierto tipo de
capitalismo, al que trata de ajustar, darle un rostro humano, reduciendo los
niveles de pobreza. Es la prosecusión de un capitalismo benevolente. Las
diferentes variedades de estrategias de desarrollo, sea la venezolana, el
neodesarrollismo de Brasil, o el nacionalismo popular de Argentina, no ponen en
cuestión la apropiación de los recursos naturales, su inserción en los mercados
globales, o el papel del crecimiento económico. Las diferencias estriban en el
papel del Estado en captar la renta, pero no hay una discusión de fondo sobre
el tipo de desarrollo que se busca. Allí residen las explicaciones que
gobiernos como los de Correa o Morales, tengan una manejo macroeconómico tan
ortodoxo.
Este Estado compensador enfrenta
variados limites. No siempre se pueden hacer esos equilibrios, y como ellos
dependen en buena medida de las exportaciones de recursos naturales, quedan
atrapados a los vaivenes de precios en los mercados internacionales que no
pueden controlar. Paralelamente, erosionan la discusión sobre la justicia
social en su amplio sentido, reduciéndola a las compensaciones económicas. www.ecoportal.net
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