sábado, 22 de septiembre de 2012

Educación universitaria y los honoris causa.


José Ramos Bosmediano.

Hoy día, 2i de setiembre, amanecimos en el Perú con una noticia indignante relacionada con nuestra universidad pública: la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a la que denominamos con orgullo “La Decana de América”, otorgará el título de honoris causa a un grupo de 12 parlamentarios en actividad (La República de Lima, 21/09/2012, p. 12).

Entre el merecimiento y  el cálculo político

El título de honoris causa equivale, académicamente, a un doctorado para la persona a la que le otorga una universidad.  Es un merecimiento por el aporte cultural, científico, artístico o de carácter académico.  No se requiere comprobar el merecimiento a través de un proceso de evaluación concreta como es el caso de los doctorados ordinarios.  Se basa, estrictamente, en la valoración de la trayectoria del homenajeado, sus aportes en los temas que hemos mencionado.  Así, nadie pondría en tela de juicio el honoris causa otorgado a don Luis Alberto Sánchez, a don Mario Vargas Llosa, a don Luis Jaime Cisneros, a don Hugo Pesce, en fin, a tantos otros que han enriquecido la ciencia, la cultura, el arte, o que han producido una trayectoria de docencia universitaria trascendente.  Esta ha sido siempre la visión que se ha tenido de los doctorados honoris causa.

sábado, 25 de agosto de 2012

sábado, 11 de agosto de 2012

Nueva ley del profesorado: Cuestiones previas.

José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP (Perú)

Un nueva  Ley para los profesores del Perú se empieza a discutir a propuesta del gobierno del Presidente Ollanta Humala con la denominación Ley de Desarrollo Docente (LDD), que debe ser aprobado por el Parlamento para su promulgación, reglamentación y ejecución.  La nueva norma reemplazaría a la denominada Ley del Profesorado (LP, 24029) de 1984, modificada por la Ley 25212 en 1990; también sustituiría a la Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM, 29062)  promulgada por el segundo gobierno aprista  el 2007.  

La Ley de 1984 y su modificación de 1990 fue, sobre todo, el fruto de una larga lucha del magisterio organizado en su sindicato, el SUTEP, increíblemente con la oposición de los senderistas que ahora dicen luchar para defenderla (hay que reiterar su eslogan de aquellos años: “la ley no se come”). Igual ocurre con los apristas, quienes consideraban que la LP les pertenecía, pero hoy la consideran indefendible, comprometidos, como están, con el programa neoliberal de su nuevo socio político, el fujimorismo con su impronta corrupta  y todo. 

 La Ley 29062, en cambio, fue promulgada al margen de las opiniones del magisterio y su sindicato, producto de un largo proceso de imposición de la reforma educativa neoliberal, privatizadora de la  educación y con una política de desregulación del trabajo docente para, en el mediano plazo, desligar las relaciones laborales de los maestros con el gobierno central.  No es casual que los 55 mil docentes incorporados a la LCPM empiezan de cero, hablando de su tiempo de servicios, sin los derechos establecidos en la LP, sometidos a evaluaciones estandarizadas con nulo valor pedagógico.  

¡ Apostemos por una nueva educación en nuestro país !
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