Perú, fines 2010 - inicios 2011.

Perú, fines 2010 – inicios 2011: situación social y política, lucha de clases, elecciones generales y alternativa democrática, antiimperialista y popular

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú).

PRIMERA PARTE.

Propongo una visión sintetizada del Perú actual a partir de los problemas que arrastra este país a lo largo de casi 200 años de vida republicana, desde el año de la independencia política de 1821. Esta primera parte es el diagnóstico de una realidad que suscita, en la mayoría de peruanos, grandes preocupaciones y también serias diferencias para proyectar el futuro de la nación. Después de esta PRIMERA PARTE, abordaré la lucha política actual, expresada, principalmente, en el proceso electoral para las elecciones de abril (primera vuelta) y de junio (segunda vuelta), como forma fundamental de la lucha de clases en el momento actual, las clases y las fuerzas políticas en pugna y sus propuestas programáticas. Finalmente, trazaré las perspectivas programáticas para una nueva alternativa de características democráticas, antiimperialistas y populares, con orientación socialista.

Mis afirmaciones no están explícitamente sustentadas en datos estadísticos, pero parten de las evidencias empíricas que numerosos investigadores vienen explicitando en sendas publicaciones sobre la pobreza en el Perú, el estado del servicio de salud, la crisis de la educación peruana, la evolución de las ganancias del gran capital y la involución del ingreso de los asalariados, la concentración del capital, el peligro inminente de una hecatombe ecológica en la Amazonía peruana, etc.

Observando lo que viene ocurriendo en el Perú de hoy, cabe repetir aquella afirmación que señala la democracia burguesa consiste en que, cada cinco años, los dominadores de turno son elegidos por los dominados, quienes engañan a las masas son puestos en la cúspide del poder por quienes son traicionados a la vuelta de la esquina. Tal es el carácter de clase de la democracia formal en el Perú, como ha venido ocurriendo en todos los países donde la burguesía ha manejado el aparato estatal desde el siglo XIX.

Las épocas electorales en los países capitalistas permiten escuchar los planteamientos más insospechados, los ofrecimientos más osados, sobre todo de los partidos y candidatos de la derecha. Afloran los problemas del momento, las necesidades más urgentes de las masas oprimidas, pero estas, casi siempre están impedidas, por la demagogia reinante y el dinero invertido en las campañas, de observar los reales problemas de fondo que se requieren enfrentar para dar un curso nuevo a su existencia de parias en un sistema donde unos cuantos capitalistas se dan el lujo de auspiciar a varios de sus candidatos con ingentes inversiones, para luego sacar todos los dividendos posibles a los contratos con el Estado, contratos para los que el Estado, sí, es muy eficiente.

Comentaristas y hasta estudiosos de las ciencias sociales se enfrascan en seguir los pasos de las alianzas, de los cubileteos electorales, la conformación de las candidaturas presidenciales y congresales, la preocupación por si el nuevo Congreso será mejor o peor que el que fenece y los anteriores, de dónde salen los millones de soles que gastan en la campaña, los “pactos éticos” y hasta los gestos más risibles, como los exámenes toxicológicos, para engañar mejor a las masas, los insultos que van y vienen de unos a otros: la cáscara de la realidad social y política, descuidando el enfoque de los asuntos de fondo del país. Razón suficiente para ensayar una visión, breve por cierto, de la situación social, política y de la lucha de clases en el Perú en el marco del proceso electoral que tendrá en abril del presente año su primera vuelta para un período gubernamental de 5 años (1911 – 1916).

El Perú se presenta, al finalizar la primera década del siglo XXI, como un país que no ha resuelto sus contradicciones fundamentales que viene arrastrando cuando faltan once años para que la república fundada en 1821 cumpla los 200 años. La república popular china, sólo en 60 años, y con problemas mucho más difíciles de afrontar por su numerosa población, su gran extensión, el secular atraso de su estructura económica y social, y la consecuente miseria milenaria de centenares de millones de habitantes, luego de haber asumido el poder el Partido Comunista bajo la dirección de Mao tse-tung, ha sido capaz de avanzar, con independencia y soberanía, al lugar que ocupa hoy en el mundo. Los peruanos estamos preparándonos para celebrar los 200 años de vida republicana sumidos en los mismos problemas heredados del pasado. Es necesario retomar la definición del Perú por sus contradicciones fundamentales, lo que significa asumir sus problemas básicos no resueltos, como hechos históricos y no solamente coyunturales. Lo que pasa es que el pragmatismo que hoy domina, como componente fundamental de la ideología neoliberal, pretende dejar fuera de la historia los aportes de interpretación de José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre y los posteriores estudiosos de nuestra realidad económica, social, política y cultural, aportes vivos aún, que nos vienen demostrando que es otro el camino por recorrer para construir un país soberano, desarrollado, próspero y, sobre todo, con justicia social, sin las aberrantes desigualdades sociales que se siguen profundizando.

Distinguimos los problemas básicos del Perú, aquellos cuya solución pueden generar cambios en los demás. Son los problemas estructurales que al ser abordados en su esencia y raíz pueden generar cambios en el conjunto de la sociedad, en las relaciones de producción y los fenómenos superestructurales. La economía, la soberanía, la formación de la nación peruana, el problema agrario y campesino, el problema indígena, son, desde nuestra perspectiva, los problemas estructurales que, de no enfrentarlos, ninguno de los demás problemas podrían resolverse.

Los problemas estructurales del Perú:

Los problemas que no se han resuelto aún, por no haber sido abordados en su esencia y raíz, son la herencia de un desenlace inconcluso en la lucha independista del dominio español (1821 – 1824) y de un nuevo alineamiento sumiso a las nuevas potencias económicas de los siglos XIX y XX, a Inglaterra, primero, y a Estados Unidos, principalmente, a partir de las primeras décadas del siglo pasado, en momentos en que el fenómeno imperialista moderno pasaba del dominio inglés al de la actual potencia que viene siendo zarandeada por la crisis capitalista, por la resistencia de los pueblos invadidos (Irak, Afganistán), por las nuevas alternativas que van surgiendo en Latinoamérica, el surgimiento de un mudo multipolar con la República Popular de China como uno de los ejes principales de la nueva correlación de fuerzas, y por la aplicación ingeniosa de la revolución cibernética expresada en los destapes de los Wikileaks.

El enfoque del carácter de la conquista y la colonización del Perú por los españoles como la destrucción de una civilización, la prehispánica con su rica tradición de desarrollo cultural y autosuficiencia alimentaria, y la imposición de una cultura diferente a través de la violencia armada, apenas encubierta con la prédica religiosa del catolicismo más conservador de la Europa de los siglos XV al XVIII, se ha venido cimentando como la síntesis más fundamental de ese acontecimiento histórico que cambió el rumbo de una civilización milenaria y abrió paso una nueva historia, con los problemas que heredó la república oligárquica y que siguen atrapando el futuro del Perú en las vísperas de los 200 años de la primera independencia.

Como es de sobra conocido, fue José Carlos Mariátegui el primero que estudió sistemáticamente los problemas fundamentales del Perú en su magistral libro “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”, obra que, desde una visión marxista de la economía, la sociedad y la cultura, dio un derrotero para comprender mejor el Perú y sus problemas, partiendo de estudios anteriores como los realizados por don Manuel Vicente Villarán y García Calderón. Jorge Basadre, Víctor Andrés Belaúnde, José Matos Mar, José María Arguedas, Augusto Salazar Bondy, Heraclio Bonilla, Nelson Manrique, Manuel Burga, Julio Cotler, entre los más destacados, han contribuido y vienen contribuyendo con el conocimiento de nuestra realidad, aun cuando sus métodos de análisis e interpretación no coincidan totalmente con los que utilizara nuestro Amauta.

A la obra de los historiadores, sociólogos y antropólogos se ha unido, en los últimos decenios, el trabajo de los economistas, cuyos análisis de los hechos económicos actuales y del largo plazo, ayudan mejor a definir la estructura económico-social del Perú republicano. Son de gran utilidad teórica y práctica los trabajos de Oscar Ugarteche, Humberto Campodónico, Félix Jiménez, Efraín Gonzales de Olarte, y otros no menos importantes.

El problema de la soberanía.

Es uno de los problemas más importantes del Perú que impide su desarrollo autosostenido (“autocentrado”, prefieren otros), integral y permanente. Toda nación moderna, o que se precie de serla, tiene (debe tener) capacidad suficiente para enfrentar y resolver sus problemas sin someterse a los designios de los extranjeros y sin depender de la “ayuda” económica de ninguna potencia. El desarrollo de sus propias fuerzas es la base fundamental en la búsqueda del progreso del país. El uso de sus recursos naturales, la potenciación de sus fuerzas productivas humanas, científicas y tecnológicas, son las claves para asegurar autonomía en la toma de decisiones y en la planificación del desarrollo nacional.

Lo que ha ocurrido en el Perú, desde los primeros años de la república, es todo lo contrario. Se permitió que el capitalismo inglés se apoderara de los procesos de la economía peruana: en las finanzas, con la presencia monopólica de bancos extranjeros que centralizaron los beneficios de los créditos y los ahorros; en la explotación de los recursos naturales, cuya renta es simplemente exportada a los países de origen de las inversiones; un sistema de impuestos favorable a los grandes inversionistas; un aparato industrial de enclave extranjero y de nula transferencia tecnológica, subsidiario de la industria imperialista; un sistema salarial de “cholo barato”; un proceso de circulación de bienes y servicios (comercio) monopolizado por algunas empresas privadas de importación y exportación.

Este proceso de dominación extranjera en el Perú se potenció con la presencia del capitalismo norteamericano y de otras potencias capitalistas, hasta llegar a la situación actual en la que los gobiernos peruanos que se suceden son incapaces de replantear los actuales contratos onerosos para el Perú, o de elevar los impuestos a las transnacionales que explotan nuestros recursos naturales. En lugar de fijar soberanamente los impuestos directos, se viene planteado, casi rogatoriamente, impuestos a las sobreganancias, canon y sobrecanon, convertidos hoy en las “grandes” reivindicaciones de los pueblos del interior del país frente a un Estado totalmente postrado ante los intereses del gran capital. Lo más indigno para un país es la aceptación del “óbolo voluntario” que las transnacionales de la minería se han comprometido a entregar al Perú, una migaja de sus millonarias ganancias anuales que están obteniendo en los últimos 20 años con la explotación del hierro, cobre, oro, plata en nuestro país. Para agravar más el significado de ese óbolo, su administración es realizada por las propias empresas.

Ocurre que la soberanía nacional se ha venido y se viene midiendo solamente como expresión del cuidado de nuestras fronteras, o de la discusión y aprobación de leyes y constituciones, de la elección de gobernantes y autoridades. Es la soberanía formal de nuestra república, también formal, la que pesa en la educación cívica de los peruanos, alimentada por una educación con supervivencias coloniales, cuya crisis sigue retardando el desarrollo cultural del país. Se confunde interdependencia y colaboración mutua con sumisión de nuestro país.

En el campo espiritual se ha ido consolidando la vieja idea de que sin la ayuda extranjera no podemos desarrollarnos. Esa “ayuda” es lo fundamental. Nuestras potencialidades no cuentan. Incluso somos incapaces de resolver el problema del narcotráfico sin la orientación de Estados Unidos, a tal punto que los gobiernos de turno caminan regateando más dólares para combatir esa plaga que está convirtiendo a México en un país de miles de asesinatos en los últimos años. Tuvo que ser la embajada yanqui en el Perú la que informara, vía secreta, el involucramiento de militares peruanos en el negocio de las drogas, incapaces, como son los gobernantes, de atacar a los factores fundamentales en la proliferación del narcotráfico desde las alturas del poder, como quedó demostrado durante la dictadura fujimontesinista de 1990 – 2000.

Soberanía, independencia, capacidad de autogobernarse en todos los sentidos, son las conquistas de una república moderna que el Perú no ha logrado hasta hoy. Los discursos gubernamentales, los ritos electorales, las leyes y las constituciones, no pasan de ser meras ilusiones de soberanía que la realidad contradice. En las numerosas “cartas de intención” que obliga firmar el Fondo Monetario Internacional se expresa el grado de dependencia de nuestro manejo presupuestal a los intereses de la gran banca internacional. En el programa de la derecha nunca ha sido considerada una alternativa de soberanía nacional. Siempre han dado por hecho el alineamiento del Perú con la democracia capitalista y sus bases económicas de dominación mundial. Esta significación de sumisión contiene el TLC firmado con Estados Unidos y, por extensión, los demás TLC con otros países, suyos supuestos beneficios no llegan al pueblo peruano.

El problema nacional y la nación inconclusa.

Ha sido ya cuestionada la convicción, casi escolar, de que la nación peruana se perfiló y forjó durante las guerras de la independencia y en el proceso de confrontación ideológica y política que precedió a la creación de la república. En estos tiempos se ha puesto en circulación la tesis, según la cual, nuestra nación empezó a construirse en el fragor de la lucha entre los caudillos militares en la primera mitad del siglo XIX, como si esos caudillos hubiesen planteado, por lo menos, la liberación de millones de indígenas oprimidos por el gamonalismo, o hubiesen sentado las bases de una nación independiente del dominio extranjero. Queda hoy claro el hecho de que esa supuesta nación se identifica con los sentimientos e intereses y hasta con la cultura de los criollos que han dominado el país desde la Presidencia de la República, los ministerios, el Parlamento, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Clero y la las clases dominantes: los viejos terratenientes, hasta el medio siglo XX por lo menos, y una burguesía criolla intermediaria que sigue funcionando como socia obsecuente del gran capital internacional. La reciente revelación de los wikileaks sobre reuniones de los principales candidatos con la Embajada de los Estados Unidos para buscar salidas a los problemas del país, no hacen más que confirmar el carácter de subordinación de las clases dominantes a ese poder imperialista, y que en el pasado también ocurría con el imperialismo inglés.

En el Perú no se ha desarrollado una burguesía nacional, patriótica, como ocurrió en los países donde la burguesía asumió la lucha contra el poder feudal (Europa), o en el caso de países asiáticos, cuya burguesía desarrolló un verdadero capitalismo nacional sobre la base del desarrollo industrial moderno.. La burguesía peruana hace tiempo que ha demostrado su incapacidad histórica para resolver los problemas del Perú. El propio capitalismo en el Perú ha dejado de ser la alternativa estructural para esa gran tarea histórica que significa construir una nación, incapacidad que conlleva, frecuentemente, a confrontar con las clases oprimidas que reclaman sus reivindicaciones, como ha ocurrido con el movimiento campesino de Atusparia en el siglo XIX, la lucha del proletariado cañero del Norte en 1932, los movimientos campesinos del Valle de Chicama y de Puno, con la lucha de los indígenas amazónicos en los años 2008 y 2009, cuyo bárbaro desenlace el 5 de junio del 2009 es de absoluta responsabilidad del gobierno aprista del Presidente Alan García Pérez.

Al ser marginados de casi todos sus derechos millones de campesinos e indígenas del Ande y de la Amazonía peruana, componentes de nacionalidades hasta hoy oprimidas por la nación criolla, era impensable construir la nación peruana. Todos los esfuerzos de emancipación de la opresión de clase, tanto de los campesinos, indígenas, obreros y sectores bajos de la burguesía, fueron duramente reprimidos y temporalmente derrotados. Desde los inicios de la república se observa, en la historia peruana, una fragmentación social profunda, una división abierta entre clases sociales, con expresiones de discriminación racial de por medio. La dominación de clase con la fragmentación social resultante que hoy vivimos es uno de los obstáculos más poderosos que impide construir la nación peruana.

Esa fragmentación se evidenció, por ejemplo, durante la guerra con Chile, pues una parte de los negros e indígenas confundieron los intereses chilenos con su propia emancipación del yugo criollo. Mucho mejor se ha observado las profundas divisiones entre peruanos durante la lucha indígena amazónica entre el 2008 y el 2009, cuando los principales líderes de la daerecha peruana menospreciaron a los indígenas como sujetos de derecho. El propio Presidente de la República, Alan García Pérez, llegó a tildar a los campesinos e indígenas amazónicos como ociosos e incapaces de hacer producir aquellas tierras. ¿Equivocación de un hombre ensoberbecido por el poder? En parte sí. Pero, fundamentalmente, se trata de la conducta de uno de los portadores actuales de los intereses de la burguesía dominante, de su dominio de clase, cuya nación no tiene nada que ver con los intereses de nuestras clases oprimidas sino, como acaba de demostrar el nuevo Premio Nobel de Literatura, el neoliberal Mario Vargas Llosa, con los poderosos del mundo, con quienes este escritor se siente más cómodo. Para la clase dominante en el Perú de hoy, la patria no está en el Perú, sino en los bancos extranjeros y en las urbes del mundo capitalista. Esa clase es “patriota” en tanto y en cuanto sus bolsillos están llenos con las ganancias, no siempre lícitas, que les permite mantener la propiedad de los más importantes medios de producción. Por eso también despotrican del nacionalismo y tratan de enfrentar a este con el patriotismo. Para la burguesía criolla, patriotismo y nacionalismo son incompatibles. Por eso su conducta apátrida, entreguista, sumisa al poder económico y político de los países imperialistas.

Parte del problema de la soberanía nacional es la inexistencia de una política exterior de no alineamiento con las potencias en pugna, de apoyo a las luchas de los pueblos por su independencia, de mutuo respeto y de beneficio compartido con todos los países y, sobre todo, de defensa de nuestra soberanía en todos los terrenos.

La república fundada sobre bases económicas, sociales y culturales coloniales, siguió y sigue bajo la orientación ideológica y política de los criollos de pensamiento colonial.

La construcción de la nación es una de las tareas históricas fundamentales del pueblo peruano. Su plasmación será un proceso de profundas transformaciones en los campos de la economía, de las relaciones sociales de producción y de la cultura; no de integración de las clases, pues esa integración es una ilusión mientras las clases oprimidas no se emancipen de la dominación económica, social y cultural.

Atraso y dependencia de nuestra estructura económica.

En 1985 fue editado en el Perú el libro “Perú: 1890-1977. Crecimiento y políticas en una economía abierta” de Rosemay Thorp y Geoffrey Bertram (Mosca Azul Editores / Fundación Friedrich Ebert / Universidad del Pacífico, Lima). Como si fuera hoy, los autores describen la economía peruana en el período estudiado como un sistema basado en la dependencia a los intereses extranjeros, sobre todo una economía supeditada a la exportación, con un atraso considerable respecto a economías diversificadas para su desarrollo. Basados en algunas hipótesis empíricas y la revisión de distintos estudios, señalan 6 características de nuestra evolución económica: a) los excedentes económicos concentrados en manos extranjeras reducen la capacidad de crecimiento en el largo plazo; b) la monopolización de las oportunidades en manos extranjeras afecta negativamente las capacidades de decisiones locales o nacionales; c) la monopolización tecnológica extranjera induce a la falta de desarrollo tecnológico nacional; d) nuestra economía es vulnerable porque su eventual dinamismo depende de factores externos, principalmente de los precios de algunos bienes primarios; e) la dependencia externa crea dualismo interno, es decir, una profunda desigualdad entre los peruanos, hecho que muchos estudiosos han mencionado; f) esa dependencia externa de nuestra economía impide que surja en el país una fuerza competitiva, pues la clase dominante se alía con el poder extranjero para obstaculizar el surgimiento de alternativas diferentes a la existente. ¿No resuena este resumen como un elocuente eco en nuestra realidad presente?

El economista Gonzales de Olarte, en su pequeño libro “El péndulo peruano. Políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963 – 1990” (IEP Instituto de Estudios Peruanos, 2da. edición, Lima, 1994), comprueba la inexistencia de políticas económicas que enfrenten al subdesarrollo, es decir, al atraso de la estructura económica del Perú, desde una perspectiva del largo plazo, ocurriendo, más bien, una suerte de péndulo que va de gobierno a gobierno sin un proyecto de desarrollo nacional. Gonzales trata de demostrar que no hay gobernabilidad en el Perú porque la economía no funciona adecuadamente, pues dice que cuando hay recesión los conflictos aparecen y, cuando se produce el crecimiento de la economía, los conflictos son insignificantes. Aunque esta tesis no es comprobable empíricamente, tiene la virtud de señalar que la economía peruana requiere un viraje de fondo, que para el autor, fiel a su credo liberal, no significa ir más allá del esquema capitalista.

En reciente entrevista (Diario La Primera de Lima, 01/febrero/2011, pp. 12-13), el economista y Profesor de la Universidad del Pacífico, Bruno Seminario, al que nadie puede reprocharle una posición de izquierda, no puede ser más claro cuando tipifica a la economía peruana actual como una economía sumamente vulnerable porque está sujeta a los factores externos, sin un proceso de industrialización, con salarios que han perdido su valor y con una concentración monopólica y dominante del comercio.

En el momento actual los neoliberales han puesto la mira en la desaparición de toda presencia del Estado en la administración de la economía, traspasando la propiedad total de los medios de producción a los empresarios privados. Este modelo capitalista ha sido, en realidad, lo que ha predominado en la evolución de la república peruana, desde el siglo XIX y casi todo el siglo XX, siendo la excepción el corto período de la dictadura del General Velasco (1968 – 1975), cuya experiencia desarrollista neokeynesiana fue desmantelada gradualmente hasta que el zarpazo neoliberal cayera en el Perú con la dictadura fujimontesinista.

La economía capitalista en el Perú no ha creado una industria nacional que incorpore nuestras materias primas a la producción interna de bienes y servicios y de desarrollo tecnológico; ni una agricultura próspera que sea la base de la seguridad y soberanía alimentarias, de la creación de trabajo masivo y del desarrollo de la industria y agroindustria; no se ha creado en el Perú un capital “originario” que sea la base fundamental de las inversiones y reinversiones para dejar de depender de la inversiones extranjeras que han estrangulado nuestra capacidad de desarrollo con el pago de la cuantiosa deuda externa que seguimos arrastrando con la permanente retroalimentación de “mas deuda para pagar la deuda” (“refinanciamiento”, “reperfilamiento”).

La economía neoliberal que viene imponiéndose en el Perú desde la década de los 90 del siglo XX está dando continuidad al mito de la ayuda externa como puntal de nuestro desarrollo y a la creencia de que el capitalismo nos va a convertir en un país “modelo” de modernidad y de progreso. Hasta los proyectos de infraestructura de las transnacionales y de los afanes hegemonistas del capitalismo de Brasil son considerados, por los gobernantes peruanos, como un mérito de su administración, como es el caso de las carreteras transocéanicas, cuya supuesta autoría se disputan el ex Presidente Alejandro Toledo y el Presidente Alan García Pérez.

Nuestro atraso es evidente en todos los terrenos de la economía. El crecimiento del PBI no es, de por sí, un factor de progreso y desarrollo. Crecimiento elevado del PBI hubo durante la segunda fase de la dictadura de Odría (1950 – 1956) y también en los primeros años de la dictadura de Velasco, pero en ningún momento la economía peruana superó los problemas de la dependencia externa, de la fragmentación social, del atraso tecnológico, de la desarticulación espacial del territorio, de la pobreza y la desocupación. Si de la pobreza se trata, los neoliberales consideran que ella se reduce y hasta desaparece cuando el Estado invierte en la entrega de pequeños servicios a los más pobres, incluidos los 100 nuevos soles para cada familia en extrema pobreza (Programa Juntos), política social introducida en casi todos los países latinoamericanos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El problema de nuestra economía, atrasada, dependiente, de desarrollo desigual, de base primario-exportadora, no podrá ser resuelto en los marcos del capitalismo, incluso si se cambiaría de “modelo”. Tanto la privatización y el estatismo, como modelos capitalistas, han fracasado no solamente en el Perú. Es el socialismo la alternativa que resuelve esa contradicción en el marco de una economía planificada para el desarrollo acelerado e integral de las fuerzas productivas, naturales, científicas, tecnológicas y humanas, al servicio de las mayorías nacionales. No son los monopolios extranjeros los que desarrollarán nuestro país.

Si algún propagandista neoliberal ha dicho que en el Perú se ha producido una “revolución capitalista”, habría que preguntarle quién ha ganado con esa supuesta revolución: si los inversionistas extranjeros y sus socios en el Perú, o la inmensa mayoría de peruanos que, en el mejor de los de los casos, viven con salarios y pensiones miserables. Las revoluciones capitalistas han tenido su tiempo. Fueron revoluciones que crearon una nueva economía y una nueva civilización que hoy están en decadencia. Hasta el pensamiento burgués, su arte desintegrador y su cultura pragmatista tienen hoy el signo de lo irracional, lo precario, lo relativo, la falta de la afirmación creadora que caracterizó al humanismo burgués de los siglos XIV al XVIII. El llamado postmodernismo es la expresión actual del envejecimiento y el colapso de la civilización burguesa, por ende, de su proyecto económico y social.

El problema agrario y campesino.

Planteado por José Carlos Mariátegui como el problema de la tierra, en los tiempos actuales abarca este y también la inexistencia de una agricultura relacionada con la solución de, por lo menos, las siguientes cuestiones cruciales: 1. la democratización de la propiedad agraria en función de las necesidades de millones de campesinos, la presencia del Estado en la gran producción agraria, la propiedad colectiva en sus diversas formas y la propiedad privada individual para medianos empresarios, sin el minifundio empobrecedor y sin el latifundio que se beneficia con las inversiones estatales en las grandes irrigaciones merced al trabajo asalariado de sobrexplotación; 2. la soberanía alimentaria del país a través de la producción agraria centrada, fundamentalmente, en el mercado interno, no solamente para el consumo inmediato, sino, también, para la exportación, sin menoscabar nuestras necesidades internas de alimentación; 3. la recuperación de nuestra tradición agraria, promoviendo el cultivo masivo de las especies y variedades autóctonas y conservando su carácter orgánico que nos permita cuidar nuestras semillas y nuestras tierras de la expansión irresponsable de los transgénicos, objetivo de la voracidad de los monopolios que producen esa semilla de laboratorio; 4. el uso racional del agua y de las irrigaciones, no sólo para no contaminar ni destruir la capa freática de las tierras cultivables, sino para impedir el uso privado monopólico del agua; la producción moderna de maquinarias y herramientas agrícolas, semillas, almacenes, tecnologías para mejorar y proteger la producción agraria en las tierras andinas y un sistema de formación masiva de técnicos agrícolas, de ganadería tropical, ganadería andina, apicultura, avicultura etc.; 5. modernización del trabajo agrícola y pecuario, tanto desde el punto de vista de su organización como de los beneficios para los productores: seguridad social universal, educación tecnológica y salud, desarrollo cultural; 6. un nuevo sistema de comercialización que beneficie al productor directo y no a los intermediarios.

Si en el pasado el problema agrario se definía como la existencia del latifundio y las formas de explotación pre-capitalistas sobre las masas indígenas, hoy se ha conformado en el Perú un nuevo latifundismo, ya no de tipo feudal, sino burgués, el de la apropiación de las mejores tierras por la burguesía agraria protegida por el Estado y los gobiernos de los últimos 20 años. La gran propiedad capitalista de la tierra se ha convertido en ley, pues actualmente los nuevos latifundistas pueden ser propietarios de hasta 40 mil hectáreas, pero hay casos en que esa propiedad individual se ha excedido más allá del máximo legal. Ya no tenemos yanaconas y aparceros, pero sí cientos de miles de asalariados con remuneraciones miserables, sin derechos sociales, con turnos que exceden la jornada de las 8 horas y sin trabajo estable.

Por otro lado, las exportaciones agroindustriales se han convertido en el objetivo fundamental de la gran producción agraria, dejando nuestro mercado interno con productos de menor calidad y con precios cada vez más elevados para la población, más un sistema monopólico de comercialización en las grandes ciudades a través de cadenas de propiedad extranjera que compran la producción a precios disminuidos para venderlos a precios sobrevalorados en las grandes tiendas. El mismo Bruno Seminario, en la entrevista citada, señala el hecho de que las grandes tiendas comercializadoras no han creado un nuevo mercado, ni han ampliado el existente, sino que han absorbido la clientela de los pequeños negocios, llevándolos a la ruina.

El problema indígena.

Quechuas, aimaras e indígenas amazónicos constituyen una población importante no solamente por su número, sino por su significado económico y cultural. En el caso de los indígenas del ande, no obstante el fenómeno migratorio que les lleva a convertirse en pobladores de medias y grandes urbes en la sierra, costa y selva inclusive, su papel en la economía peruana sigue siendo gravitante, y lo sería mucho más si su trabajo y sus tradiciones agrarias fueran rescatadas, revaloradas y reivindicadas por el Estado a través de la recomposición de la propiedad agraria y la organización del trabajo sobre la base de la cooperación. En el caso de las poblaciones indígenas amazónicos, su vida está ligada a su territorio ancestral, a sus recursos naturales, básicamente los recursos de flora y fauna, de ríos y lagos, tributarios de una cultura bosquecina que hoy está amenazada por las transnacionales de la minería metálica y los hidrocarburos, amén de las ambiciones capitalistas de convertir a la Amazonía peruana en la base de la producción de biocombustibles.

Se deduce con claridad que el problema indígena en el Perú no solamente no ha desaparecido, como auguraron los enemigos de lo “arcaico”, sino que se ha vuelto más evidente y siempre relacionado con la propiedad de la tierra para la producción de la vida social de esos grupos humanos. Para los neoliberales, los indígenas sólo existen como un estorbo para la modernización capitalista. Por eso sus políticas de depredación de esas culturas y de sus espacios geo-económicos y ecológicos.

Lo que denominamos los problemas de la pobreza, del hambre y la miseria en el Perú, ligados a la desocupación o el desempleo en sus diversas formas, son parte de los problemas estructurales y su erradicación no puede ser una acción separada de estos, como lo plantean el Banco Mundial y los gobernantes peruanos. Situarlos como problemas diferentes o separados es distraer la atención de los ciudadanos, sobre todo de aquellas masas que sufren esas lacras sociales que tienen un origen estructural.

Problemas fundamentales de la superestructura:

Son los problemas que, al tener determinaciones estructurales en su origen y en las condiciones para abordarlos y buscar resolverlos, tienen una gran capacidad de influencia en las transformaciones económicas y sociales. Hablamos de problemas fundamentales en cuanto abarcan la vida de toda la sociedad y no a cuestiones parciales que, siendo importantes, son derivaciones de los problemas fundamentales no resueltos.

El problema ecológico.

El equilibrio hombre-naturaleza constituye una de las condiciones para que la vida sobre la tierra y, en el caso específico nuestro, sobre el territorio peruano, no desemboque en la destrucción de la naturaleza, pues esta destrucción, al mismo tiempo, se convertiría en la destrucción de la vida humana misma.

La relación dialéctica entre las necesidades humanas y el medio natural que provee de los elementos energéticos y alimenticios para la satisfacción de las cada vez mayores necesidades, tiende a generar severos desequilibrios cuando la explotación de los recursos se realiza irracionalmente, otorgando mayor importancia a los beneficios del corto plazo para una economía de libre mercado, o cuando se orienta la producción a una competencia consumista dentro y fuera del país. Esta situación está poniendo en peligro la supervivencia en el planeta, razón por la cual gobiernos y organismos internacionales están promoviendo acuerdos para detener la depredación de la naturaleza, la emisión masiva y acelerada de CO2 y, consecuentemente, el calentamiento global en proceso de aceleración desde el siglo XX, por lo menos. Lo que se observa, sin embargo, es que la economía capitalista se sustenta en una explotación irracional de los recursos naturales, sin distinguir aquello que requiere cuidado para que siga reproduciéndose y preservándose, de lo que debe ser explotado moderadamente por su alto nivel de contaminación y de destrucción de los organismos vivos de la tierra y las aguas.

La biodiversidad de la que nos enorgullecemos los peruanos, en costa sierra y selva, especialmente en nuestra Amazonía, hace tiempo que está en proceso de depredación por el largo tiempo que viene siendo explotado en función de ganancias individuales y rápidas. Desde la década de los 70, la explotación minera y la de hidrocarburos están acelerando esa depredación. Los especialistas señalan que las ¾ partes de la Amazonía peruana ha sido ya lotizada para la explotación de petróleo y de gas. También nos llaman la atención por los grandes proyectos hidroenergéticos, de carreteras y ferrocarriles que se “tragarán” grandes extensiones de bosques y de cuencas acuíferas, en función de las necesidades de expansión capitalista de algunos países y de las cuantiosas ganancias de las empresas internacionales que ganarán las licitaciones para la construcción de las obras de infraestructura.

Es un mérito del experimentado investigador Marc Dourojeanni y sus colaboradores (Alberto Barandiarán y Diego Dourojeanni), haber llamado la atención sobre el peligro que se cierne sobre la Amazonía si es que los gobernantes mantienen la irresponsabilidad de seguir depredando el pulmón verde y húmedo más grande del planeta Tierra. Una de sus conclusiones no puede ser más elocuente: “Si el desarrollo de la Selva no es orientado de una forma más sensata que en la actualidad, es presumible que a partir de los 2030 en adelante, esa región sufrirá de múltiples problemas que por ahora desconoce o que sufre discretamente…” (“La Amazonía peruana en el 2021. Explotación de recursos naturales e infraestructura: ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que significa para el futuro?” ProNaturaleza. Primera edición. 2009. P. 134) No es una casualidad que el libro haya merecido casi el silencio de los llamados “líderes de opinión”.

El problema de la democracia.

El Estado peruano, como república unitaria y representativa, democracia de raíz occidental, no ha logrado desarrollar los elementos de la democracia moderna. Ha sido, siempre, una democracia meramente formal, amputada de los elementos populares y de las aspiraciones de las masas. Sobre la base de una estructura económica y social atrasada, del latifundismo casi feudal y su alianza con una burguesía intermediaria de intereses extranjeros, se supeditó a la dictadura de una clase sin ningún proyecto nacional de desarrollo, carente de un ideario liberal moderno. El funcionamiento de esa democracia formal no logró establecer un sistema político estable, ni pudo ofrecer a las masas las posibilidades de su participación en las distintas instancias de gobierno. Todo intento de cambio fue aplastado con la más dura represión, incluso aquellos cambios que no traspasaban las fronteras del propio liberalismo, como ocurrió con las reformas de los años 70 del siglo XX, fueron considerados como “radicales” y hasta “comunistas”. Estos mismos adjetivos utilizan las clases dominantes actuales para enfrentar propuestas liberales socialdemócratas como las de Ollanta Humala o las de Fuerza Social.

La democracia que viene desde la independencia de 1821 está en crisis. Como se viene comprobando desde hace 20 años, los partidos políticos carecen de un ideario definido y de una organización estable. El neoliberalismo les ha convertido en meros instrumentos electorales al servicio de la libre empresa. La Ley de Partidos Políticos, promulgada para resolver la crisis de los partidos, carece de eficacia para cumplir un propósito que la crisis de la democracia burguesa en el Perú exige otro camino. El transfuguismo, por ejemplo, antes que ser un problema individual de políticos ciertamente despreciables, es una expresión de la crisis que ocurre en la vieja democracia republicana. Otro tanto ocurre con el sistema de campañas electorales, abiertamente mercantilizadas; el sistema preferencial de votación para los cupos parlamentarios, verdadero escenario de las ambiciones individuales y de pugnas internas, cuotas económicas inalcanzables para la mayoría de quienes aspiran a una candidatura. A tanto ha llegado su fracaso que hay científicos sociales que hoy piden la vuelta al sistema de voto por lista completa para el Parlamento y que sean los partidos los que establezcan el orden de sus candidatos. Pero ese orden también seguirá supeditado a los cambalaches de la política criolla.

La democracia capitalista en el Perú no ha logrado garantizar los derechos sociales que las clases dominadas lograron conquistar en las democracias de capitalismo avanzado. Las conquistas sociales que se han logrado conquistar en el Perú han sido siempre recortadas por las clases dominantes, cuyo conservadurismo les ha llevado a reducir cada vez más esos derechos, como ocurre, por ejemplo, con la jornada de las 8 horas de trabajo, conquistada por la clase obrera en 1919.

La democracia burguesa en el Perú está minada, además, por la corrupción generalizada que atraviesa los clásicos poderes del Estado y toda la burocracia administrativa con poder de decisión y de gasto. El punto final de esta descomposición moral ha llegado con la imposición del neoliberalismo y su visión irracional de la economía y de las relaciones sociales con base en la “mano invisible” del libre mercado.

El problema de la democracia en el Perú es la fase de falencia final de la democracia burguesa formal que ya no puede garantizar ni siquiera los recortados derechos del pueblo y de los trabajadores. En todo caso, es la democracia de los de arriba, de los dueños del poder del Estado. En última instancia, es el problema del carácter del Estado peruano: autoritario, centralista, oligárquico. Es la crisis de un Estado que requiere ser cambiado. Otro Estado es necesario y posible.

El problema del centralismo.

Tiene su base en la estructura económica y social del Estado peruano fundado en el siglo XIX. Es, en primer lugar, la expresión del desarrollo desigual del capitalismo en el Perú, con “polos de desarrollo” y con periferias de profundo atraso económico, social y cultural. En segundo lugar, es la presencia de una clase dominante en la capital como la exclusiva portadora de las decisiones más importantes a través de los poderes del Estado, de las demás instituciones públicas y privadas, empresariales y de una alta burocracia que, como decía Jorge Basadre, tiene miedo de transferir capacidades de decisión a las regiones y localidades.

Las medidas jurídicas, político-electorales y administrativas que desde el siglo XIX se han venido legislando y actuando, incluyendo la elección de autoridades regionales y municipales, no tienen la fuerza descentralizadora suficiente porque forman parte de un sistema económico y social profundamente centralista. La mayor centralización y concentración del poder económico que impone el neoliberalismo profundiza el centralismo en el Perú. El regionalismo que se desprende de esta visión centralista carece de perspectiva descentralizadora, de tal manera que la regionalización actual se ha convertido en una división arbitraria del territorio, sin sentido histórico, cultural y geo-económico, produciendo la balcanización del país y no pocos conflictos interregionales por la apropiación de ciertos recursos naturales. Se basa, por lo demás, en la departamentalización de origen virreinal. La misma distribución de los aportes de las transnacionales por la explotación de los recursos naturales carece de un criterio de justicia, alimentando provincianismos y regionalismos basados en el uso nada productivo de esos aportes, en lugar de realizar una inversión planificada para grandes proyectos de integración nacional y de la creación de una base común de desarrollo.

Fragmentación y desigualdades sociales.

La base organizativa de la república peruana ha sido, desde su fundación, la desigualdad económica y social. Hasta los años 50 del siglo XX, fueron los campesinos del Ande y de la Costa la clase numéricamente más oprimida. Desde fines del siglo XIX, aparecen los trabajadores asalariados, cuyo número se incrementa significativamente hasta los años 30 del siglo XX, período de grandes luchas obreras y numerosos levantamientos campesinos, acompañados por los sectores más ilustrados de la pequeña burguesía empobrecida y sensible a los movimientos revolucionarios que ocurrían en el mundo. Desde las universidades, desde el trabajo intelectual y desde el periodismo, la pequeña burguesía hizo suyas las luchas de campesinos y obreros.

En la segunda mitad del siglo XX, un sector importante de los dirigentes católicos tomaron parte en la lucha contra las desigualdades sociales, tratando de rescatar el mensaje popular del Evangelio como Teología de la Liberación y reconociendo la existencia de una lucha entre explotados y explotadores, es decir, la lucha de clases, idea totalmente estigmatizada por la derecha peruana en casi todas sus expresiones políticas. Es que en la república peruana, igual o más que en otras realidades, es imposible no distinguir la diferencia sustancial entre una gran mayoría de clases oprimidas y una minoría opulenta, cuyo filantropía ha tratado de atenuar las desigualdades, como ocurre hoy con las “donaciones” que grandes empresas entregan a las comunidades y al propio Estado para resolver pequeños problemas coyunturales, dejando intactas las desigualdades económicas y sociales. O cuando las grandes empresas mineras financian las campañas electorales actuales, seguras de que los eventuales congresistas serán los defensores de sus intereses.

Con la aplicación del modelo capitalista neoliberal desde los años 90 del siglo pasado, las desigualdades económicas y sociales se han profundizado en el Perú, lo que quiere decir que hoy es más grande la distancia entre los pobres y los ricos, resultado que se obtiene aplicando el método Gine que, sin embargo, no expresa integralmente las desigualdades sociales al tener en cuenta sólo los elementos cuantitativos, puesto que las desigualdades económicas generan otras diferencias que tienen que ver con los derechos individuales, sociales y humanos. La profundización de las desigualdades económicas y sociales que ha generado el neoliberalismo se ha manifestado con bastante fuerza en Chile y Brasil, países considerados como los más desiguales de América Latina y a los que el Perú se ha acercado bastante en los últimos años.

Las políticas neoliberales aplicadas para atenuar las desigualdades y “disminuir la pobreza”, se denominan programas sociales, desde la realización de pequeñas obras en las comunidades del interior del país y en las barriadas más pobres de las grandes ciudades, hasta la entrega de alimentación (comedores populares, vaso de leche), creación de trabajo temporal para un sector de los desocupados, la entrega de dinero en efectivo (Programa Juntos) a los “más pobres”. Los programas sociales son mandatos del Banco Mundial, ya que este organismo es el que dirige las llamadas “reformas estructurales” que aplica el neoliberalismo para garantizar el aumento de la tasa de ganancia de los grandes empresarios.

El Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) registra para el Perú severas desigualdades en la distribución de los beneficios del crecimiento del PBI en la presente década, especialmente en la pérdida de ingresos para el sector mayoritario de la población, lo que explica las demás disparidades: oportunidades en el índice de educación (pérdida de -30.2%), en esperanza de vida al nacer (-l6.5%). Estas y otras disparidades sitúan al Perú en el cuarto lugar de los países latinoamericanos de desigualdades, al lado de Brasil, Chile y Argentina (La República de Lima, 9/12/2010. P. 14: DESIGUALDAD AFECTA AL DESARROLLO HUMANO)

Los neoliberales han venido prometiendo, como si fuera una verdad incontrovertible, que las inversiones y el crecimiento del PBI generarían, de facto, el “chorreo” de los beneficios “hacia abajo”. Hoy mismo, en la presente campaña electoral, nuevamente vuelven a la misma promesa de “poner más énfasis en el desarrollo social” y en el trillado “combate a la pobreza”. Esta promesa es contraria al proceso de concentración y reconcentración de la propiedad sobre los medios de producción y, por ende, de la riqueza que es producida por el trabajo colectivo de millones de trabajadores y su apropiación individual por unos cuantos empresarios de las finanzas, la industria, el gran comercio y la producción agraria y agroindustrial para la exportación.

La lucha por la justicia es la lucha por la igualdad en todos los planos de la vida social: en la economía, los derechos sociales y humanos, la cultura, la educación, la recreación, el goce de los beneficios de la ciencia y la tecnología, el derecho a la vida en un ambiente sano. Todo ello supone una transformación de fondo de las estructuras económicas y sociales del país que el capitalismo mundial impide a los pueblos, incluyendo a los propios habitantes de los países desarrollados, como se comprueba con el empeoramiento de las condiciones de vida para los sectores pobres y medios empobrecidos en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Italia, Grecia, Francia, Canadá, etc., sometidos a las mismas políticas de “austeridad” que el Banco Mundial y el FMI vienen aplicando, con el salvajismo ya conocido, a los países del Tercer Mundo.

La fragmentación social es una consecuencia del atraso económico y social y se agudiza con el proceso de mayores desigualdades que genera el capitalismo que oprime a la sociedad peruana, con repercusiones en la fragmentación cultural del país.

Pese al avance en la infraestructura para el transporte terrestre, el Perú sigue siendo un país desintegrado física y poblacionalmente. Con las carreteras interocéanicas, de cuya autoría brasileña hemos hecho referencia, sólo habrá una integración vertical y sectorizada, no para beneficiar el desarrollo del país, sino para la promoción de las transaccionales, de los grandes importadores y exportadores del Brasil y de las potencias extracontinentales.

La fragmentación social es la existencia, cada vez más difundida y promovida, de distintos niveles de vida entre la población peruana, desde aquellos que gozan de muchos privilegios (vivienda, educación, consumo, esparcimiento, principalmente), hasta sectores que no tienen otra alternativa que preocuparse por el día a día de su subsistencia. En el fondo de esta fragmentación social está la diferente concepción de vida de cada sector. Esta fragmentación está borrando el concepto colectivo de la patria y de los bienes de la nación: todo tiende a ser propiedad privada, principalmente individual o “colectiva” si se trata de ciertas asociaciones, clubes, grupos corporativos, etc. En la salud y la educación, por ejemplo, la fragmentación ha llevado a la conformación de servicios tan diferenciados que nadie puede controlar su funcionamiento ni garantizar servicios cualificados para todos. Cada uno cuida su salud como puede. Cada uno se educa de acuerdo con sus posibilidades. Hay regiones que viven en permanente pugna por la propiedad y los beneficios de los recursos naturales, de los ríos que cruzan su territorio, por ejemplo. La localización de los recursos mineros, en lugar de convertirse en un factor para el desarrollo nacional, es motivo de privilegios “naturales” para ciertas regiones en la forma de canon, regalías, donaciones, etc., hasta llegar al uso ilegal de esos recursos, cuando no a hechos criminales como los registrados en el 2010 en la región Ancash. La fragmentación social y las otras son la consecuencia inevitable de una realidad clasista en la que se ha venido configurando la dominación burguesa sobre las clases oprimidas: la clase obrera, el campesinado, los sectores indígenas subsistentes, la pequeña burguesía en sus diversos estamentos y un semiproletariado convertido en vasto ejército industrial de reserva, cantera de mano de obra barata. Las diversas formas que adquiere la lucha de clases en nuestro país tienen que ver con el grado de explotación sobre las clases dominadas, pero también con las limitaciones de estas clases oprimidas que no han logrado aún conformar un movimiento unificado para luchar por la conquista del poder para construir un nuevo Estado, una nueva economía, una nueva cultura, una nueva educación, una nueva moral: en definitiva, una nueva sociedad.

Pero nos encontramos también con la profunda fragmentación cultural del Perú. Siendo un país diverso desde el punto de vista antropológico, como muchos países del mundo, esta realidad no impediría construir la unidad de la nación en torno a nuestros objetivos comunes, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos y respetando los derechos de los distintos grupos culturales y nacionalidades existentes. En lugar de fomentar la unidad, se promueve la fragmentación entre los mismos componentes de las distintas colectividades. Uno de factores de esa fragmentación es la influencia de las transnacionales de la minería que divide a las comunidades indígenas para la explotación de los recursos naturales, ofreciendo pequeñas dádivas a los jefes indígenas o a las autoridades criollas-mestizas, lo que finalmente produce un enfrentamiento entre los propios componentes de las comunidades y pueblos. El otro factor es la presencia de numerosos credos religiosos que producen diferenciaciones insalvables entre los propios niños, creando las bases para los enfrentamientos en defensa de una supuesta libertad de credos; disputa que, en el medio rural, tiene mucha influencia en las escuelas.

Una sociedad tan fragmentada como la peruana está produciendo la proliferación de opciones electorales “independientes” que en lugar de basarse en programas para la construcción de la nación peruana y el desarrollo nacional, se sustentan en meros intereses personales y de pequeños grupos, algunos de los cuales se parecen más a mafias que a fuerzas políticas, reclutando activistas y candidatos que transitan de un partido a otro sin ningún escrúpulo, previa cuota de inscripción.

Pero no se crea que la fragmentación brevemente descrita esté al margen del sistema económico, político y social dominante. El neoliberalismo, por su ideología irracional sustentada en la concepción del libre mercado como “motor del desarrollo”, afianza y promueve la fragmentación para imponerse en medio de de la división y el caos. Las clases dominantes y la cultura criolla dominante manejan esa fragmentación a través de los medios de comunicación y de los operadores políticos de la derecha: publicistas, “comunicadores”, “líderes de opinión”, literatura de “autoayuda”, telenovelas (véase “Al fondo hay sitio” como ingenua pretensión de posible convivencia entre los de “arriba” y los de “abajo”, sin mayores problemas).

En síntesis: más divididos, masas mejor gobernables. Tal es el papel de la fragmentación en el Perú.

La condición fundamental para acabar con las desigualdades sociales es una profunda transformación económica y social. Lo que hoy el Banco Mundial y sus seguidores en cada uno de los países subdesarrollados denominan la pobreza no es sino la consecuencia de las desigualdades sociales, de la apropiación individual de la riqueza producida por millones de trabajadores. El “combate a la pobreza”, eslogan repetido en casi todos los países, no pasará de ser un analgésico a la miseria de esos millones de desheredados.

El problema de la cultura.

No hay mayores controversias con la afirmación generalizada del carácter diverso de la cultura peruana, de la pluriculturalidad que ha venido enriqueciéndose con el fenómeno de la inmigración de orientales y negros, principalmente, aun cuando el origen de esa inmigración haya sido el fruto de una política esclavizadora de los antiguos colonizadores y de las emergentes clases dominantes desde el siglo XIX.

Los elementos más importantes de la pluriculturalidad del Perú son las culturas andinas y las amazónicas, que hoy por hoy son las más oprimidas por la cultura dominante.

El problema fundamental de la pluriculturalidad en el Perú es el dominio de la cultura criolla, propia de las clases dominantes y de ciertos estamentos que desprecian a las culturas dominadas, cuyos valores van perdiendo su capacidad de respuesta, incluso en el campo del arte, como es el caso del pintor amazónico Rémber Yahuarcani, quien se niega a la denominación de artista nativo por poseer, la mencionada designación, una carga “despectiva”. El artista nativo se bate en retirada para llegar a “triunfar” en un medio elitizado bajo los postulados de un arte enajenado.

A la dominación de la cultura criolla se agrega la penetración cultural extranjera, configurando una cultura peruana que el filósofo Augusto Salazar Bondy denominara “cultura de la dominación”, imitativa, sin originalidad y sin capacidad de desarrollar los valores propios de nuestras culturas nacionales.

La creación reciente del Ministerio de Cultura, siendo un paso importante para impulsar una política cultural que nos ayude a desarrollar una cultura peruana auténtica, no pasará de ser un acto burocrático, una formalidad, si se carece de los lineamientos que nos permitan rescatar lo nuestro, lo propio como base (“la tierra”, decía Martí), asimilando los valores de la cultura universal en el arte, la ciencia, la tecnología, las forma de vida, construyendo la personalidad cultural del Perú que muchos denominan identidad nacional.

El nuevo Ministerio de Cultura, en particular el Ministro Juan Ossio, ha demostrado que carece de la suficiente perspectiva cultural cundo decide pintar las paredes de concreto armado del Museo de la Nación. Pareciera que los más altos funcionarios del Estado ni siquiera se han percatado que el arquitecto Niemeyer existió, habiendo estado en exhibición su obra el 2010 en el Centro Cultural de San Marcos. Mucho menos la existencia de Le Corbusier.

¿Cuáles son los valores fundantes de la cultura peruana a construirse? Es una pregunta importante cuya respuesta depende de la sociedad que queremos construir. Si carecemos de un proyecto de sociedad nueva, distinta a la que hoy tenemos, será difícil superar nuestra desintegración cultural y el carácter dependiente de nuestra cultura dominante actual.

La cultura criolla dominante es una herencia colonial que ha venido alimentándose de los valores de la cultura burguesa imperialista que, al decir de Mario Vargas Llosa en el prólogo de su libro “La civilización del espectáculo”, ha convertido a la cultura, efectivamente, en un espectáculo, sustituyendo los valores que él llama eternos por la banalidad, la tontería, etc. Este escritor neoliberal descubre, al fin, que la cultura occidental, a la que tanto adora, ya no tiene ningún horizonte seguro, realidad ya descrita por José Carlos Mariátegui en la segunda década del siglo XX cuando afirmaba que la cultura occidental, identificada por la cultura capitalista, había llegado a su período decadente. Una cultura decadente, como la occidental capitalista, no puede ser la base para construir una nueva cultura peruana. No hay, pues, ningún valor eterno que nos pueda legar la cultura capitalista en descomposición.

Por lo tanto, el problema de la cultura en el Perú es la existencia de una cultura criolla dominante, por un lado y, por otro, la de una rica tradición cultural propia, en proceso de desarrollo que se requiere valorar y revalorar para fundar la nueva cultura peruana a partir de nuestras raíces. Esta gran tarea requiere la presencia de de un Estado capaz de promover el trabajo cultural en función de las aspiraciones de las grandes mayorías nacionales.

La cultura propia es la base para fundar una nueva educación y para desarrollar la ciencia y la tecnología en un país. Estas, a su vez, son los elementos que enriquecen la cultura. El desarrollo cultural de una sociedad tiene bases económicas y sociales. No es un mero trabajo intelectual de especialistas que sólo promueven las creaciones individuales de artistas e innovadores. Tampoco es la promoción de espectáculos y del turismo para promover los negocios de los privados, dejando al margen a millones de peruanos que, por sus condiciones económicas, son enajenados de los valores de nuestros bienes culturales.

El problema de la educación.

Una visión equivocada, por interesada y coyuntural, es concebir el problema de la educación como un simple asunto de calidad en función de ciertos conocimientos y destrezas útiles para adaptarse a las nuevas condiciones de la acumulación capitalista actual. En cada ciclo de la crisis educativa, los reformadores de la educación peruana han adoptado la misma visión, correspondiente a las necesidades de la vieja clase latifundista, primero, y del capitalismo dependiente, desde el siglo XX. Esta visión de la crisis de la educación peruana ha convertido las consecuencias de la crisis en supuestas causas del problema: los índices de las falencias educativas, la situación académica de los maestros, los aspectos administrativos y organizativos de la escuela y los métodos pedagógicos, considerados como las causas de nuestra situación educativa.

No hemos tenido sino algunos intentos de abordar el problema educativo enfocando las causas de la crisis y la naturaleza económica y social de esta. Los reformadores fueron incapaces de evaluar la estructura obsoleta del sistema educativo peruano que la república adoptó como herencia de la educación colonial y al margen de la educación moderna que en pleno siglo XIX se desarrollaba en Europa: la escuela pública gratuita y universal, la educación democrática, la educación científica y politécnica, la educación laica, la coeducación como elemento de la educación democrática; pero, sobre todo, un proyecto educativo como parte de un proyecto nacional de desarrollo democrático y moderno en función de las necesidades y aspiraciones de las mayorías. Al contrario, la república peruana siguió manteniendo un sistema educativo elitista, centrado en educar a un grupo gobernante a través de su exclusiva educación privada, lo que suponía el abandono presupuestal de la educación pública, hasta que el neoliberalismo decidió, definitivamente, generalizar el negocio de la educación levantando el falso postulado de la “•libertad de enseñanza” y el engañoso postulado del Banco Mundial del “mejoramiento de la calidad de la educación”.

Son hitos fundamentales los análisis de la crisis de la educación peruana realizados por Manuel Vicente Villarán, el propio “Califa” Nicolás de Piérola, José Antonio Encinas, José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre y la Comisión de Reforma Educativa conformada por don Augusto Salazar Bondy, Emilio Barrantes y Wálter Peñaloza Ramella, entre los más importantes. Sus criterios de análisis fueron diferentes a los que posteriormente utilizó el Banco Mundial como base de la reforma educativa neoliberal en curso, porque objetivo fundamental de esta es promover una reducción sustancial del presupuesto dedicado a la educación con fines de equilibrios macroeconómicos exigidos por el FMI y el llamado Consenso de Washington.

El problema de la educación peruana es el de un sistema educativo que no ha desarrollado la educación moderna como parte de un proyecto democrático, integral, independiente y popular. La reforma educativa neoliberal en curso no hace más que mantener los elementos negativos y los valores conservadores del sistema educativo en crisis, confundiendo el tecnocratismo con la pedagogía científica, el negocio de la educación con la democracia educativa y el trasplante de currículos y métodos extranjeros con las necesidades pedagógicas de nuestra realidad. Agotadas las reformas neoliberales a finales de los 90 del siglo XX, los gobernantes han empezado a imaginar y actuar a través de medidas parciales, como el plan de “una laptop por estudiante”, “colegios emblemáticos”, “colegio mayor”, “plan lector”, evaluación estandarizada de maestros y estudiantes, la “meritocracia” docente, becas para los mejores estudiantes, créditos para estudiantes universitarios, la creación de nuevas universidades públicas y privadas, estudios obligatorios de postgrados para los maestros de la educación básica, hasta la disparatada propuesta de “instrucción pre-militar” para el nivel de educación secundaria.

Una observación perspicaz del sistema educativo peruano actual nos advierte su agotamiento, su funcionamiento caótico y su ineficacia para resolver la crisis histórica y estructural que arrastra desde su fundación.

A las clases dominantes no les interesa ni la escuela pública ni el futuro cultural de las mayorías oprimidas, sino en la medida en que sean medianamente instruidas para servir como soportes de un sistema productivo en beneficio de las transnacionales y de una economía interna subdesarrollada.

El destino de la reforma educativa neoliberal, impuesta en los años 90 del siglo XX, es el mismo que la reforma de Augusto Pinochet en Chile, donde el Congreso viene discutiendo una nueva Ley de Educación para resolver la crisis de esa reforma, mejor dicho su fracaso, que es también el fracaso del continuismo neoliberal que la Concertación Democrática actuó desde 1990.

El problema de la religión.

La religión católica sigue siendo la mayoritaria en el Perú, con una feligresía, entre practicante y no practicante, que no baja del 80%. Su debilidad, antes que numérica, es cualitativa, en el sentido de que su indiscutible “prestigio” ya no es tal. Ha sido erosionada, principalmente, por su relación con los sectores más conservadores y pudientes de la sociedad peruana, cuando no con los gobernantes de turno, principalmente con aquellos que han ejercido el poder desde posiciones autoritarias y antipopulares, siendo el caso más saltante la relación del actual Cardenal Juan Luis Cipriani con la dictadura fujimontesinista y sus continuadores. Otro factor de la erosión de su “magisterio” ha sido la aparición, por los años 60-70 del siglo XX, de la tendencia progresista de la Teología de la Liberación, bajo la presión de los movimientos populares de liberación en América Latina que promovieron las corrientes socialistas, pero que luego fue casi abandonada produciéndose una suerte de desengaño de los sectores más conscientes de las masas en “su iglesia de los pobres”. De un prestigio de significado social y continental, pasó, hacia los años 90, a su decaimiento como corriente contestataria al lado de los pobres. A lo anterior debe sumarse el crecimiento del Opus Dei como corriente católica de indudable posición conservadora y antipopular, ligada a los intereses de los más ricos del Perú y totalmente desfasada de los cambios de conciencia frente a problemas concretos de la vida social, como el aborto y el control de la natalidad por métodos artificiales; pero, sobre todo, porque esta “nueva iglesia católica” es sentida por un gran número de católicos y no católicos como parte del orden injusto existente, elemento espiritual de defensa de un sistema que requiere cambios importantes. No deben descartarse factores externos al Perú, como los permanentes escándalos por abusos sexuales protagonizados por numerosos sacerdotes y la permanente derechización de la jerarquía papal respecto a las cuestiones sociales planteadas por los papas Paulo VI y Juan XXIII, cuyas propuestas de apertura de la iglesia católica hacia los anhelos de justicia de los desheredados de la tierra ayudaron al surgimiento y fortalecimiento temporal de esa corriente “liberadora” que llevó a muchos sacerdotes a tomar parte en las luchas del pueblo, incluso en las guerrillas de liberación en Latinoamérica (algunos de ellos): Camilo Torres, Helder Cámara, los hermanos Boff, Ernesto Cardenal, Paulo Freire, Arnulfo Romero, fueron las más importantes expresiones de esa iglesia comprometida con los pobres. Y aunque en el Perú los sacerdotes católicos no fueron más allá del discurso, de todas maneras se convirtieron en eventuales enemigos de los poderosos.

Es evidente que se ha producido un viraje en la iglesia católica peruana, como en el resto de América Latina, una clara derechización, un predominio de la más conservadora, como que esa iglesia ha vuelto, en el Perú, a los fueros de Monseñor Lisson y de los curas que usaron el púlpito para predicar la sumisión a los “sagrados principios” de la iglesia. Los “Diálogos de fe” que Monseñor Cipriani ofrece todos los domingos y sus encendidos discursos de cada ocasión expresan la hegemonía espiritual de lo conservador en la mayoría de la población peruana, lo que ha llevado al gobierno peruano actual a proclamar como patrono del Perú al Señor de los Milagros.

Sobre la base de esta evolución de la iglesia católica peruana, pero, también frente al empeoramiento de las condiciones de existencia de las poblaciones del campo y de los sectores marginados de las ciudades, grupos religiosos procedentes de credos protestantes se han venido afianzando en la conciencia de no pocos sectores populares y medios (adventistas, evangélicos, pentecostales y sus variaciones y divisiones), al tiempo que nuevas tendencias de naturaleza fundamentalista han irrumpido en la conciencia social de sectores marginados de la población, con predicas catastrofistas para el género humano, pero asimismo con esperanzas en un supuesto futuro de salvación, bajo nuevas relaciones entre feligreses y jefes religiosos, incluyendo relaciones de trabajo, como es el caso de los Israelitas del Pacto Universal fundado por el extinto Ataucusi, cuyo peso espiritual llegó, incluso, eventualmente a la política parlamentaria. En esta misma dirección política vienen actuando los grupos evangélicos, cuyo pragmatismo les lleva a engrosar las filas de diferentes partidos de derecha, buscando competir con la iglesia católica en el campo de la influencia en el poder del Estado.

Se ha entablado en el Perú, en los últimos 30 años, una lucha por tomar el poder del Estado por los grupos religiosos, que ha llegado al campo de la educación. Por su parte, la iglesia católica dirige casi toda la educación básica privada con su Consorcio de Educadores Católicos, y parte importante de la educación privada y pública superior. Por el otro lado, las iglesias no católicas también están expandiendo su influencia educadora privada y hasta pública, como en el caso de los israelitas, que en determinadas zonas selváticas dirigen las escuelas baso los postulados de su credo religioso, haciendo retroceder a los católicos en esas zonas.

El problema de las religiones en el Perú se sintetiza en la inexistencia del Estado laico. El postulado constitucional al respecto es confesional, al ofrecer el apoyo del Estado a todas las religiones y el reconocimiento especial a la iglesia católica. Pero lo confesional es más rotundo cuando se trata de la educación y del subsidio económico para la iglesia católica. Este problema no resuelto da todas las facilidades para que las religiones sigan formando parte del poder del Estado, desde luego, con el peso más decisivo de la iglesia católica. Si en el futuro otra iglesia lograra situarse por encima de las demás, a ella pertenecería la hegemonía espiritual y política en el poder del Estado. Por hoy, ese papel todavía le corresponde a la iglesia católica.

Lo que ha ocurrido con el cambio de estrofa del Himno Nacional para ser cantada en las escuelas y actos públicos, es hartamente demostrativo del carácter confesional del Estado. Desechando la estrofa que hablaba de la “eterna cerviz” frente al yugo español, se pasó a entregar al Perú “al Dios de Jacob”, otro yugo no es menos oprobioso, aunque más sutil que el anterior.

Otro aspecto no menos importante es la relación de algunas iglesias protestantes con la influencia de los Estados Unidos en la vida política nacional, pues las más importantes tienen sede y financiamiento en aquel país y las formas de pensamiento que promueven entre su feligresía es del pragmatismo y el individualismo, promotoras de un pensamiento que conduce a la resignación frente a los problemas de “este mundo”: una idea muy acorde con los intereses de la clase dominante de Estados Unidos: no tocar el mundo de hoy para conquistar el mundo del mañana.

Hay también un pensamiento religioso muy ligado al sincretismo andino-amazónico, como es el caso del culto a Sarita Colonia, a la Beatita de Humay y las demás expresiones mítico-religiosas que, sobre bases culturales prehispánicas, sobreviven mezcladas con elementos de los ritos y creencias católicas. Pero estos fenómenos tienen escasa importancia en el manejo del poder del Estado en el Perú. Su permanencia no es incompatible con ningún proceso de liberación o de transformación social, como lo ha demostrado la supervivencia de la santería cubana.

El problema de la corrupción.

Es, en realidad, el problema de la moral en el manejo del Estado. Es uno de los problemas surgidos del proceso de la constitución de la república de herencia colonial.

No exageran quienes afirman que hemos ingresado, hace décadas, a una situación de anomia ética en el Perú, a la inexistencia de escrúpulos para delinquir con los recursos del Estado por los gobernantes de todo nivel. Tampoco es una novedad la existencia de un Poder Judicial atado a los nudos de la corrupción.

Pero tan grave como la corrupción de los gobernantes de turno es la condescendencia de importantes sectores de ciudadanos con esa corrupción, expresada, por lo menos, de dos formas: una, justificando el robo con la realización de obras (“ha robado, pero ha hecho obras”, suelen afirmar no pocos ciudadanos); la otra, volviendo a elegir a quienes se han aprovechado de la corrupción para enriquecerse y enriquecer a sus allegados.

La corrupción se vuelve más evidente en las inmensas “inversiones” para las campañas electorales con el objetivo de recuperarlas a través de los contratos y las coimas con el Estado. Los cálculos más conservadores de apropiaciones ilícitas del presupuesto del Estado a través de las coimas señalan que el 30% es para los bolsillos de gobernantes, testaferros y contratistas. Cualquier discusión programática se vuelve casi un estorbo para los compradores de votos. Para ocultar la falta de discusión, candidatos y periodistas elevan a nivel de “interés público” asuntos privados de los candidatos, como su opción sexual, sus relaciones extramatrimoniales, sus excentricidades y hasta su forma de vestir.

Al afirmar que la corrupción en el Perú tiene un origen colonial, no debe ocultarse que se ha venido incrementando a medida en que nos hemos integrado al sistema de dominación capitalista, particularmente con el proceso de neoliberalización de nuestra economía. El Estado neoliberal que se ha configurado en las últimas dos décadas ha profundizado la corrupción en el Perú, de tal manera que los últimos dos gobiernos peruanos del siglo XXI compiten entre sí sobre cual de ellos es el más corrupto, y solo tratan de ocultar su grado de corrupción comparándose con el gobierno de Fujimori-Montesinos, la más putrefacta actuación de gobernantes peruanos. Que la corrupción en el Perú se haya profundizado con el neoliberalismo, demuestra que su origen es económico y social.

El otro factor que debe tenerse en cuenta para explicarnos la multiplicación de conductas corruptas en el manejo del Estado y la adopción de comportamientos permisibles por parte de la población es la promoción del clientelismo político desde el poder del Estado y desde las mismas campañas electorales. La denominada “lucha contra la pobreza” a través de las “políticas sociales” de entrega de bienes de consumo y hasta de dinero, son factores de ocultamiento de la corrupción. Como no hay un desarrollo económico y social real, la única manera de “hacer justicia” es entregar migajas para saciar las necesidades del momento y promover conductas resignadas en la población.

El problema de la salud.

Es en realidad, una derivación del problema de las desigualdades sociales. Se expresa en las endemias que sufren amplios sectores populares, con enfermedades que ya deberían de haber sido erradicadas hace tiempo. Al contrario, muchas de ellas, como la malaria, la lepra y la tuberculosis, no solamente siguen existiendo, sino que, al decir de los especialistas, se vienen incrementando en las zonas más pobres del país.

El problema de la salud en el Perú se manifiesta de distintas maneras. En primer lugar, carecemos de un sistema nacional de salud para todos, sin distinciones de procedencia social. Más bien hay una fragmentación de los servicios de salud con la proliferación de policlínicos privados, contratos de privatización del servicio público con el negocio privado de la salud, sistema paralelo como los llamados “hospitales de la solidaridad”, un negocio y un factor de proselitismo electoral. En suma, la inexistencia de un sistema de salud pública único, integral, gratuito, eficiente y justo.

Una segunda manifestación es la inexistencia de una industria nacional de la salud, empezando por la fabricación de medicinas básicas para toda nuestra población.

Una tercera, la remuneración adecuada al personal médico y paramédico, de tal manera que ellos se dediquen a tiempo completo a la salud pública y no tengan que dedicarse a trabajos adicionales en los servicios privados para aumentar sus ingresos familiares.

Y en cuarto lugar, que es de donde se debe empezar, no tenemos un sistema de salud preventivo integral, comenzando por la alimentación.

No es ninguna casualidad que, ante la inexistencia de un sistema de salud integral en el Perú, se multipliquen los negocios de las medicinas “bamba” y los negocios de la “medicina natural”, de cuya eficacia, en la gran mayoría, no se puede confiar.

El problema de los trabajadores o problema laboral.

Es un problema surgido de las relaciones laborales entre asalariados y empresarios privados, por un lado, y entre asalariados y el Estado como empleador público. En el sistema capitalista el problema es permanente, pues el denominado empleador nunca remunerará al trabajador según su trabajo y su nivel de productividad. De hacerlo, disminuiría al mínimo sus ganancias. Por parte del Estado capitalista, reserva las remuneraciones más elevadas para su alta burocracia, mientras que para la gran mayoría de sus trabajadores solo presupuesta cantidades proporcionalmente pequeñas.

El problema laboral en el Perú actual se ha agudizado porque la gran mayoría de asalariados han perdido su estabilidad laboral y sus derechos sociales, al tiempo que la inestabilidad laboral conlleva la imposibilidad de organizarse sindicalmente para reclamar sus derechos, habiéndose creado el sistema de las empresas llamadas service, convertidas en comercializadoras de la fuerza de trabajo.

Por parte del Estado, la situación es similar, con el agregado de la llamada ”meritocracia” a través de evaluaciones antojadizas para regatear las remuneraciones, cuando no para impedir que profesionales probos asuman funciones más elevadas en la administración pública, como ha ocurrido con el Fiscal Avelino Guillén. En el sector público la “meritocracia” que aplica el neoliberalismo laboral ha agredido abiertamente los derechos profesionales de los docentes, médicos y paramédicos, buscando también mellar los derechos de los docentes universitarios. Su objetivo fundamental es disminuir los gastos en el sector público. Ha creado, además, la figura de contratos especiales con el nombre de CAS, eliminando todo derecho laboral para casi 200 mil trabajadores estatales.

Todo puede definirse como la ausencia de un Código de Trabajo que defina los derechos de los trabajadores y que, sobre esa base, se realicen las negociaciones de los trabajadores con la patronal, privada o Estatal. En el caso del Estado, no existe un sistema de carrera pública que garantice seguridad para los trabajadores y su derecho de superación profesional y laboral, tomando como base evaluativo el desempeño laboral.

Los problemas concretos.

Nos referimos a aquellas cuestiones que surgen en el proceso de evolución de los hechos sociales y de las transformaciones que pueden operarse en determinados momentos de la lucha política, o en el curso de las conquistas sociales en el plano nacional e internacional. Los problemas concretos se presentan en distintos niveles de gravedad, como ocurre, por ejemplo, con la delincuencia común, o el problema del transporte urbano. En todos los casos se desprenden de la ausencia de cambios sustantivos para resolver los problemas estructurales y también los fundamentales. Así tenemos el caso de los derechos de ciertas minorías sociales; las aplicaciones de políticas públicas para resolver cuestiones concretas como el derecho al aborto; el problema de las drogas, en especial del narcotráfico; el problema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana; de las enfermedades endémicas aún no erradicadas; el problema del transporte público; la higiene ambiental, el problema de género, el de las minorías sexuales, el problema de los discapacitados, el problema de la administración de justicia, entre los que son percibidos con mayor interés por la población en determinadas coyunturas, por lo que pueden denominarse como problemas coyunturales. Esta distinción permite explicar que se les considere como los problemas sustantivos, en ausencia de de una comprensión integral de los problemas del país, carencia que es aprovechada por los sectores dominantes que pretenden mantener el mismo sistema económico y social, confundiendo los cambios parciales que ofrecen con la transformación radical que necesita el Perú.

El problema del aborto.

Surge por la inexistencia de un sistema de salud reproductiva y de la planificación demográfica, ligados a la existencia de un Estado laico, verdaderamente laico. Los sectores más conservadores siguen manteniendo las tesis de la improcedencia del aborto terapéutico y de la libre elección por la mujer en determinadas circunstancias sociales del embarazo, así como la improcedencia de los controles científicos del embarazo, supeditando el desarrollo de la ciencia de la salud a las creencias religiosas, con el argumento del “respeto a la vida humana como proyecto divino”. Es evidente que este problema tiene que ver con el grado de cultura que la sociedad peruana sigue experimentado.

El problema de género.

Surge como parte de las profundas desigualdades sociales, alimentadas por tradiciones conservadoras que niegan la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Se pretende reducir el problema de género a la mera relación de pareja y al machismo fuertemente dominante aún en las sociedades modernas. El machismo, que viene de siglos y milenios de vida humana, se exacerba y se alimenta por y de las desigualdades sociales existentes y se expresa, en su forma más injusta, en el mundo del trabajo, sobre todo del trabajo asalariado en el capitalismo.

El fujimorismo creó el Ministerio de la Mujer y su actuación no ha reivindicado a la mujer. Muchas mujeres se han incorporado a la administración pública de niveles superiores, pero la situación de millones de mujeres no ha mejorado. Se trata, entonces, de un problema ligado a los problemas estructurales del país, no de un mero reconocimiento jurídico de los derechos de la mujer, ni a la creación de estructuras burocráticas.

Como en el caso de Inglaterra con Margaret Theacher o de Alemania con Ángela Merkel, su posición en los altos cargos del Estado no han generado nuevas condiciones de vida para las millones de mujeres de su país; más bien su actuación refuerza el sistema de dominación y de desigualdades sociales. Si hay excepciones en el mundo y en el Perú, esas mismas excepciones existen en el caso de los varones en puestos de gobierno.

El problema del narcotráfico.

Es tributario de la falta de un sistema económico que desarrolle el agro, en lo fundamental. Adicionalmente se alimenta de la corrupción en el campo de la administración de justicia y de la inexistencia de una policía eficiente y honesta.

No estamos lejos de la implantación de un Estado ligado al narcotráfico, como se está avizorando desde distintas visiones del problema.

Es también un problema de soberanía en el combate al narcotráfico por la inexistencia de una política propia y no supeditada al apoyo de los Estados Unidos, presencia que nos quita capacidad de ver el problema en su dimensión real. Para nuestro caso, es bueno tomar como referente el reclamo actual de los gobernantes mexicanos, quienes están exigiendo a los Estados Unidos eliminar en su propio país el consumo masivo de drogas y la exportación de armas para la delincuencia en México.

Mientras no haya una política agraria que involucre a las más amplias masas del campo y sitúe en su verdadera dimensión el cultivo y la industrialización de la hoja de coca para fines alimenticios y medicinales, no podremos dar solución al problema. La visión puramente represiva carece de eficacia. La mera sustitución de cultivos en las zonas cocaleras tampoco constituirá una solución en el largo plazo. Es menos adecuada la prohibición total del cultivo de esa planta milenaria y útil para objetivos lícitos y humanos.

El problema de la delincuencia común y la inseguridad ciudadana.

Hasta los años 80 del siglo pasado, no pasó de ser un problema de “choros”, ladrones de poca monta y de algunos asaltos espectaculares a entidades bancarias. Hoy estamos ante la presencia de bandas armadas y organizadas que se dividen las ciudades y hasta dirigen acciones desde los penales.

Hay que ver el origen del problema en la situación social del país, pero su proliferación se alimenta de un sistema judicial y una estructura policial permisivos en gran parte.

En los últimos 20 años la delincuencia común ha generado, por la presión que ejerce en la ciudadanía, la aparición de un nuevo negocio, tan rentable como explotador de mano de obra juvenil y barata: el sistema de seguridad privada, por un lado, y los serenazgos, por otro; ambos ligados a las empresas privadas “de seguridad”. Lo que tenemos hoy es un sistema parapolicial de agentes de seguridad privada y de serenazgos, es decir, un sistema paralelo a la Policía Nacional.

El crecimiento de las empresas de seguridad no ha dado como resultado la disminución de la inseguridad ciudadana. La delincuencia común aumenta casi proporcionalmente al crecimiento de los servicios de seguridad.

Los ciudadanos peruanos viven con el síndrome de la muerte inesperada, del asalto en cualquier parte del país, en las ciudades, en las carreteras y en los ríos amazónicos.

El problema de las enfermedades endémicas.

Se desprende de la falta de un sistema de salud integral para todo el país, con un presupuesto que se incremente y con campañas intensivas hasta reducir la incidencia de dichas enfermedades, continuando luego con la prevención sistemática a través de programas de higiene ambiental, pero garantizando buenas condiciones de alimentación para la población, de urbanización y vivienda adecuadas.

La malaria, la tuberculosis, el dengue, principalmente, siguen haciendo estragos en sectores importantes de nuestra población, sin que los gobernantes centrales y regionales asuman sus responsabilidades, dándose el caso del Presidente regional de Loreto que, mientras el dengue avanzaba en su región, él estaba distrayendo su tiempo en discusiones con jugadores rivales de su equipo-empresa, el CNI de Iquitos.

El problema de la higiene ambiental.

Es un problema desprendido de la pobreza y de la falta de planificación de las ciudades, cuya infraestructura de drenajes, desagüe y agua potable es ostensiblemente deficitaria, denunciada, incluso, en los propios hospitales del Estado.

A lo anterior se unen las prácticas de la explotación minera y de hidrocarburos, además de la fabricación de pasta básica de cocaína que envenena el aire, los ríos y la propia tierra.

Tiene una gran incidencia en el envenenamiento del ambiente la ausencia de un sistema de transporte moderno en las grandes ciudades.

El problema del transporte.

Es un problema que tiene varias expresiones. En primer lugar, por lo más observable, la proliferación de vehículos pequeños en las grandes ciudades, principalmente en Lima, donde hace por lo menos 30 años debió de construirse un Metro, optándose, más bien, por la importación de vehículos menores para satisfacer los intereses de unos cuantos importadores, cuya actividad no cesa hasta hoy y en la que participan no pocos gobernantes y aspirantes a serlo. La ausencia de un transporte moderno ha llevado a convertir a Lima en una ciudad sembrada de inmensos bloques de cemento y de canales denominados “bypass”, sin disminuir el embotellamiento del tránsito urbano, por lo que en Lima se han creado dos medios para el servicio de transporte masivo: el Tren Eléctrico y el sistema de buses llamado Metropolitano, que en conjunto sólo significarán una cobertura del 15 % de las necesidades de transporte urbano en Lima.

En segundo lugar, el transporte terrestre a nivel nacional con vehículos que no garantizan un servicio eficiente y con carreteras casi abandonadas en su mantenimiento y en la presencia permanente de asaltos.

En tercer lugar, el transporte fluvial en los ríos amazónicos, de gran importancia para la población de esa inmensa región, pero bajo pésimas condiciones por el exagerado apetito de enriquecimiento de los propietarios, cuya riqueza se acrecienta en proporción directa al sufrimiento de los pasajeros que se ven obligados de usar esos barcos.

En cuarto lugar, el sistema de transporte aéreo, convertido en el gran negocio de un monopolio chileno llamado LAN, cuyos precios y condiciones son abusivos, además de no cubrir los lugares que no son suficientemente rentables para sus intereses. La presencia de tres líneas áreas diferentes no ha disminuido el problema del uso monopólico privado de nuestro espacio aéreo.

El problema de las minorías sexuales

El conservadurismo existente en el Perú impide dar libertad a los homosexuales a unirse civilmente para ejercer su derecho a la vida en común, con todos los derechos civiles, definiendo adecuadamente sus derechos con los postulados de una nueva Constitución.

La falta de una solución adecuada y oportuna viene generando enfrentamientos innecesarios y haciendo más complejo el problema.

El problema de los discapacitados.

Es uno de los problemas concretos más dolorosos que tiene el Perú debido a las pésimas condiciones de vida imperantes, la falta de un sistema de salud integral, el atraso científico y tecnológico en materia de salud pública, la pobreza de un alto porcentaje de la población, el alcoholismo.

La superación del problema de los discapacitados, por tanto, dependerá de políticas integrales de salud, alimentación, educación, de infraestructura y de trabajo para esas personas, a efecto de disminuir los efectos de las discapacidades que sufre una gran parte de nuestra población, pero disminuyendo también el aumento de discapacitados.

Se ha considerado que la presencia de discapacitados en el Congreso llevaría a resolver el problema, o por lo menos a atenuarlo. No ha sido así. Los congresistas discapacitados actuales se han alineado con la derecha y, por lo menos uno de ellos, viene siendo financiado por las Mineras para su campaña de reelección al nuevo Congreso, siempre con la derecha.

El problema de la administración de justicia

Constituye la falta de una administración gratuita, justa y eficaz de justicia, como aparentemente lo señala la Constitución Política del Perú. Lo que tenemos hoy es una administración profundamente desigual y discriminatoria, casi privada, pues los juicios se ganan o pierden según la cantidad de dinero que se gasta.

El hacinamiento carcelario forma parte de una administración de justicia deficiente, pues el sistema penal existente no permite la reducción de los sentenciados ni el sistema judicial sentencia con prontitud a los inculpados.

En lugar de reformar de raíz el Poder Judicial, los reformadores solo piensan en construir nuevas cárceles y en elevar las sanciones a los culpables de delitos, planteándose, inclusive por los sectores más conservadores, la reimplantación de la pena de muerte para ciertos delitos execrables.

No debe pasarse por alto que parte del problema de la administración de justicia es la impunidad para delitos en agravio del Estado, especialmente relacionados con la apropiación ilícita de recursos fiscales, coimas y narcotráfico.

Es indudable que el problema se vuelve más complejo por el uso político del Poder Judicial, restando a este su independencia respecto a cualquier poder del Estado y a los intereses empresariales.

Conclusiones sobre la primera parte.

Los problemas del Perú son estructurales y no parciales. Estos surgen y se agudizan en determinadas coyunturas. “Desaparecen” en otras, no porque se hayan resuelto, sino porque las exigencias de las luchas sociales obligan a los gobernantes de turno aplicar ciertos paliativos. Sin embargo, más temprano que tarde, reaparecen nuevamente, muchas veces con mayor crudeza, como ocurre con la delincuencia común.

La situación de pobreza, atraso, desigualdades profundas que aqueja al Perú actual no dependerá de políticas parciales, por más espectaculares que ellas sean, sino por una transformación de fondo que dé solución a los problemas estructurales y fundamentales. Solo en esa dirección pueden cobrar importancia las políticas sectoriales en función de objetivos nacionales.

Lima, 01 de febrero del 2011