José Ramos Bosmediano, miembro de la Red social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.
No solamente el Presidente actual del Perú, Alan García Pérez, sino también todos los representantes en los poderes del Estado, hasta las instancias de gobiernos regionales y municipales, juramentan el cargo ante la cruz del cristianismo católico y la biblia católica, presiden los más importantes actos públicos con tedeums y ritos similares del catolicismo. Tal es uno de los elementos culturales y políticos heredados de la colonia, siempre actual en toda la historia republicana del Perú.
Ante el crecimiento de ciertos grupos religiosos derivados del protestantismo europeo, principalmente evangélicos y adventistas, en los últimos años los gobernantes se han visto obligados a reconocer su respeto y su colaboración con dichas confesiones, a tal punto que, en el artículo 50 de la Constitución política vigente desde 1993, se ha incluido una segunda parte dedicada al reconocimiento del Estado a las “otras confesiones religiosas”. Agreguemos que en las zonas donde los israelitas del desaparecido Ataucusi tienen hegemonía, su religión se ha convertido en la premisa de la educación de los niños en las escuelas públicas.
Aunque alguien diga lo contrario con el argumento de que hay libertad de pensamiento y de culto, el Estado peruano no es laico, ni imparcial frente al confesionalismo religioso. El artículo 50 de la Constitución vigente, en su primera y medular parte, no dice que el Estado es laico, como debiera decir, sino que, en forma eufemística, proclama el confesionalismo cuando establece que “en un régimen de independencia y soberanía” el Estado respeta y reconoce a la Iglesia católica por su legado histórico y cultural en el proceso de nuestra historia, agregando la obligación de colaborar con ella.
