José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.
Con el proyecto educativo neoliberal que viene rigiendo la educación peruana desde los años 90, se ha impuesto en el Perú un espíritu privatizador del servicio social educativo, que también se da en los servicios de la salud y la seguridad social, configurando una visión de la vida de los ciudadanos atada a lo privado, a tal punto que lo colectivo y lo estatal han sido minimizados, retirados de la vivencia de las personas para convivir con los demás: un espíritu individualista y, en el fondo, conformista, pues la explicación última que se tiende a dar a los fundamentos de la existencia social e individual es la demiúrgica del mercado y de la libre empresa para ordenar la vida social y subordinar al hombre a estos dos factores considerados como “lo natural” que no se puede alterar (véase: XESÚS R. JARES. Educar para la verdad y la esperanza. En tiempos de globalización, guerra preventiva y terrorismos. URGENCIAS. Editorial Popular. Madrid. Primera edición, 2009. Cap. I, pp. 27-66). Este es el espíritu que ha dominado la actuación de las más altas autoridades del gobierno fujimorista, que explican los fabulosos robos perpetrados, la propia educación de los hijos de Alberto Fujimori con dinero de dudoso origen y que, increíblemente, Keiko Fujimori privilegia como una virtud en su preparación profesional y, sin ningún escrúpulo, un factor “positivo” para su campaña por la presidencia del Perú, nada menos. Pero este espíritu neoliberal no se ha debilitado con la derrota política del fujimorismo en el Perú: tanto el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) como el actual de Alan García Pérez (2006-2011), han insuflado a todas sus políticas de la visión privatizadora como fundamento ideológico, lo que explica el continuismo de las privatizaciones a todo nivel. Este espíritu, qué duda cabe, se difunde a raudales a través de los grandes medios de comunicación (RPP, todos los diarios capitalinos y los canales de TV), cuyos programas son pagados por grandes empresas que son presentadas, por los “líderes de opinión”, como los soportes de servicios a la comunidad, como es el caso del INTERBANC, cuyo demagógico concurso “El maestro que deja huella”, enmascara el sistema de créditos que esquilma a los maestros, cuyas necesidades de supervivencia obligan a recurrir a endeudarse casi de por vida, pero que el “educador” León Trahtemberg, entre otros, presenta, en RPP, como una gran reivindicación a los maestros (!!).
Del dogma al Pragmatismo Neoliberal.
Uno de los postulados más importantes del dogma neoliberal es el que equipara la ciudadanía a la situación de consumidor en que se resuelve el intercambio entre unas cuantas empresas, que monopolizan el gran comercio de bienes y servicios privados, y la gran masa de los consumidores en las condiciones impuestas por aquellas. Ciudadano = consumidor, tal es la ecuación del dogma neoliberal, que lleva a considerar la irremediable conclusión de pasar de la educación como derecho a la educación como mercancía, deducción muy bien aplicada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) en su capítulo sobre el comercio de mercancías (servicios = mercancías). Tal es el marco ideológico de las políticas educativas neoliberales, que deriva en el pragmatismo neoliberal como instrumento para lograr resultados inmediatos y tangibles en función de la economía de libre mercado y, en el nivel micro, el afán de ganancia fácil de los comerciantes de la educación, la salud y la seguridad social.
El dogmatismo neoliberal, cuyos 35 años de aplicación en Inglaterra y toda América (excepto Cuba) sólo ha logrado, en el campo de la educación, más ahondamiento de la crisis estructural que la agobia, ensayándose, año tras año, como ocurre en Chile y Perú, cambios curriculares para enmendar los entuertos de Fujimori y Pinochet, sin resultados dignos de valorarse como positivos. Es que la pedagogía no resuelve, por sí sola, los problemas de la crisis educativa, pues ésta no es, en primer lugar, pedagógica, sino estructural, es decir, una crisis que se define en el campo de la economía y las relaciones sociales. Creer que reacondicionando el currículo y capacitando a los maestros para que “cada cual conquiste el salario que se merece”, no es sino una utopía, vale decir, una ilusión, un sueño de opio, que el educador y sacerdote católico Paulo Freire se encargó de invalidar desde los años 60. La pedagogía, con el maestro como el principal orientador de su aplicación en el aula y fuera de ella, actúa bajo condiciones determinadas por las políticas educativas: presupuestales, de infraestructura, laborales, investigativas, de servicios sociales, de planificación de la educación, de administración científica del proceso educativo…
El dogma neoliberal no puede, de ninguna manera, orientar políticas educativas, entre ellas las orientaciones pedagógicas, que conduzcan a producir un proceso de enseñanza-aprendizaje integral (uso el término integral y no el traído desde el mundo empresarial, calidad, tan socorrido hasta por nuestros izquierdistas criollos). Sus promotores y administradores, a todo nivel, no pueden sino dedicarse a la mera administración de la crisis educativa que, en el Perú, ha sido casi una constante, lo que explica las más de 20 reformas educativas en menos de 200 años de vida republicana. La actual crisis, que pretendió ser resuelta por la reforma velasquista de los 70, ha devenido en más profunda con la privatización neoliberal, su constructivismo o “nuevo enfoque” de competencias y otros galimatías, cuyos mentores van cambiando cada vez que necesitan justificar su presencia en el Ministerio de Educación.
El caso de la administración de la Educación en Loreto.
Por supuesto que no tenemos, hasta hoy, ningún gobierno regional en el Perú que haya logrado promover una educación pública integral, planificada, de interrelación entre el desarrollo económico-social y el proceso educativo. Son subsidiarios del proyecto neoliberal, y no solamente en el terreno de la educación. El gobierno regional de Puno, por ejemplo, carente de un proyecto integral de desarrollo, ante el evidente fracaso de unificar a su población en torno a una alternativa transformadora, ha derivado en la vieja propuesta del federalismo, sistema de organización estatal que carece de sentido renovador, menos todavía revolucionario (ver: JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, el ensayo sobre el centralismo. Varias ediciones).
El justo y contundente paro regional de los maestros de Loreto, realizado el 21 de mayo 2009 bajo la conducción de su sindicato, El Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación de Loreto (SUTE Regional Loreto) y sus bases provinciales de Maynas, Alto Amazonas, Mariscal Castilla, Nauta, Requena y Ucayali, ha puesto con mayor evidencia el carácter neoliberal de la administración de la educación en esta región, bajo la responsabilidad de una directora regional que salió a amedrentar a los docentes con las amenazas del descuento por “día no laborado”, como si los maestros peruanos organizados en el SUTEP no supieran, por experiencia propia de casi cuarenta años de lucha, que realizar una paralización laboral significa un sacrificio salarial, y que nunca se ha mendigado que “por favor, no nos descuenten”. Este riesgo de todo trabajador que lucha explica, precisamente, la existencia de “amarillos” y boicoteadores de la lucha social, cuyo ingenuo argumento es “no perjudicar a los niños”, como si los maestros en huelga no tuviesen, también, hijos que “se perjudican” cuando no hay clases. Agréguese que las amenazas de descuento es el denominador común de todos los ministros de educación y de sus funcionarios, amén de los funcionarios intermedios, sin haber logrado evitar las luchas magisteriales.
Resulta que los dirigentes del SUTE regional Loreto y del SUTE Maynas han descubierto la entraña corrupta, aprovechadora y neoliberal (ese espíritu neoliberal del que hemos hablado en el primer parágrafo de este texto) de los administradores de la educación, en un documento llamado “Convenio” entre la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL) y una escuela privada de reciente creación, “La Científica” (¿?), propiedad de un familiar del Gerente de Asuntos Sociales del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), José Valera Torres, ex Director de la DREL.
Además de constituir una contradicción entre el supuesto proyecto de mejorar la escuela pública y la autorización casi indiscriminada y muy alegre para el funcionamiento de más centros educativos dedicados al negocio, los administradores de la educación loretana convienen en dotar a ese centro “científico” de maestros pagados por el Estado, lo que quiere decir que, a costa de la escuela pública, ellos deciden favorecer, en este caso, a quien busca, simplemente, el lucro con las pensiones y otros cobros a sus clientes que tienen, seguramente, la ilusión con convertir a sus hijos en “profesionales exitosos” matriculándolos en ese centro privado. Pero donde la inmoralidad política salta como la liebre es cuando se comprueba que el dueño del mencionado centro educativo privado es cuñado del mencionado Gerente de Asuntos Sociales del GOREL. No es casual que otra funcionaria de la DREL, la profesora Gladis Ríos, sancionada por irregularidades cometidas cuando el gobierno aplicaba a los maestros la prueba estandarizada, mediocre y punitiva, tenga hoy su propio centro educativo privado. Nuevamente se comprueba que, bajo el amparo de la actual constitución fujimorista y el Decreto 882 de 1996, también fujimorista, más la nueva Ley General de Educación 28944, promulgada por el ex Presidente Toledo el 2003, la privatización de la educación sigue su marcha.
Los dos casos que estamos mencionando, aun a costa de hacer más aburrido este texto, nos dan una mejor idea del espíritu neoliberal que inspira a nuestros administradores de la educación, desde el Ministerio de Educación hasta la Asamblea Nacional de Rectores, cuyos máximos funcionarios son propietarios o promotores de la educación privada. En manos de estos funcionarios, la educación pública no tiene otro destino que seguir languideciendo. Todo el discurso que vierten no es sino la demagogia camuflada de “buenas intenciones”. Al final, para mucha gente, los maestros son los que deben responder por la crisis educativa del país. Sería conveniente que se investigue, en todo el país, las relaciones entre centros privados y los administradores de la educación pública, incluyendo la composición de la carga laboral de esos centros.
Corresponde a los maestros organizados en su sindicato y a los docentes universitarios dedicados a formar educadores un trabajo de construcción de una alternativa de nueva educación para el Perú. Esa alternativa no puede tener otro fundamento programático que la escuela publica para todos los peruanos. El proyecto educativo del SUTEP, redactado en 1992, es una base importante, aunque los neoliberales lo hayan ninguneado a lo largo de estos años. Es una tarea necesaria, presente, ineludible.
Iquitos, capital de la Amazonía peruana, mayo 23 del 2009
Con el proyecto educativo neoliberal que viene rigiendo la educación peruana desde los años 90, se ha impuesto en el Perú un espíritu privatizador del servicio social educativo, que también se da en los servicios de la salud y la seguridad social, configurando una visión de la vida de los ciudadanos atada a lo privado, a tal punto que lo colectivo y lo estatal han sido minimizados, retirados de la vivencia de las personas para convivir con los demás: un espíritu individualista y, en el fondo, conformista, pues la explicación última que se tiende a dar a los fundamentos de la existencia social e individual es la demiúrgica del mercado y de la libre empresa para ordenar la vida social y subordinar al hombre a estos dos factores considerados como “lo natural” que no se puede alterar (véase: XESÚS R. JARES. Educar para la verdad y la esperanza. En tiempos de globalización, guerra preventiva y terrorismos. URGENCIAS. Editorial Popular. Madrid. Primera edición, 2009. Cap. I, pp. 27-66). Este es el espíritu que ha dominado la actuación de las más altas autoridades del gobierno fujimorista, que explican los fabulosos robos perpetrados, la propia educación de los hijos de Alberto Fujimori con dinero de dudoso origen y que, increíblemente, Keiko Fujimori privilegia como una virtud en su preparación profesional y, sin ningún escrúpulo, un factor “positivo” para su campaña por la presidencia del Perú, nada menos. Pero este espíritu neoliberal no se ha debilitado con la derrota política del fujimorismo en el Perú: tanto el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) como el actual de Alan García Pérez (2006-2011), han insuflado a todas sus políticas de la visión privatizadora como fundamento ideológico, lo que explica el continuismo de las privatizaciones a todo nivel. Este espíritu, qué duda cabe, se difunde a raudales a través de los grandes medios de comunicación (RPP, todos los diarios capitalinos y los canales de TV), cuyos programas son pagados por grandes empresas que son presentadas, por los “líderes de opinión”, como los soportes de servicios a la comunidad, como es el caso del INTERBANC, cuyo demagógico concurso “El maestro que deja huella”, enmascara el sistema de créditos que esquilma a los maestros, cuyas necesidades de supervivencia obligan a recurrir a endeudarse casi de por vida, pero que el “educador” León Trahtemberg, entre otros, presenta, en RPP, como una gran reivindicación a los maestros (!!).
Del dogma al Pragmatismo Neoliberal.
Uno de los postulados más importantes del dogma neoliberal es el que equipara la ciudadanía a la situación de consumidor en que se resuelve el intercambio entre unas cuantas empresas, que monopolizan el gran comercio de bienes y servicios privados, y la gran masa de los consumidores en las condiciones impuestas por aquellas. Ciudadano = consumidor, tal es la ecuación del dogma neoliberal, que lleva a considerar la irremediable conclusión de pasar de la educación como derecho a la educación como mercancía, deducción muy bien aplicada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) en su capítulo sobre el comercio de mercancías (servicios = mercancías). Tal es el marco ideológico de las políticas educativas neoliberales, que deriva en el pragmatismo neoliberal como instrumento para lograr resultados inmediatos y tangibles en función de la economía de libre mercado y, en el nivel micro, el afán de ganancia fácil de los comerciantes de la educación, la salud y la seguridad social.
El dogmatismo neoliberal, cuyos 35 años de aplicación en Inglaterra y toda América (excepto Cuba) sólo ha logrado, en el campo de la educación, más ahondamiento de la crisis estructural que la agobia, ensayándose, año tras año, como ocurre en Chile y Perú, cambios curriculares para enmendar los entuertos de Fujimori y Pinochet, sin resultados dignos de valorarse como positivos. Es que la pedagogía no resuelve, por sí sola, los problemas de la crisis educativa, pues ésta no es, en primer lugar, pedagógica, sino estructural, es decir, una crisis que se define en el campo de la economía y las relaciones sociales. Creer que reacondicionando el currículo y capacitando a los maestros para que “cada cual conquiste el salario que se merece”, no es sino una utopía, vale decir, una ilusión, un sueño de opio, que el educador y sacerdote católico Paulo Freire se encargó de invalidar desde los años 60. La pedagogía, con el maestro como el principal orientador de su aplicación en el aula y fuera de ella, actúa bajo condiciones determinadas por las políticas educativas: presupuestales, de infraestructura, laborales, investigativas, de servicios sociales, de planificación de la educación, de administración científica del proceso educativo…
El dogma neoliberal no puede, de ninguna manera, orientar políticas educativas, entre ellas las orientaciones pedagógicas, que conduzcan a producir un proceso de enseñanza-aprendizaje integral (uso el término integral y no el traído desde el mundo empresarial, calidad, tan socorrido hasta por nuestros izquierdistas criollos). Sus promotores y administradores, a todo nivel, no pueden sino dedicarse a la mera administración de la crisis educativa que, en el Perú, ha sido casi una constante, lo que explica las más de 20 reformas educativas en menos de 200 años de vida republicana. La actual crisis, que pretendió ser resuelta por la reforma velasquista de los 70, ha devenido en más profunda con la privatización neoliberal, su constructivismo o “nuevo enfoque” de competencias y otros galimatías, cuyos mentores van cambiando cada vez que necesitan justificar su presencia en el Ministerio de Educación.
El caso de la administración de la Educación en Loreto.
Por supuesto que no tenemos, hasta hoy, ningún gobierno regional en el Perú que haya logrado promover una educación pública integral, planificada, de interrelación entre el desarrollo económico-social y el proceso educativo. Son subsidiarios del proyecto neoliberal, y no solamente en el terreno de la educación. El gobierno regional de Puno, por ejemplo, carente de un proyecto integral de desarrollo, ante el evidente fracaso de unificar a su población en torno a una alternativa transformadora, ha derivado en la vieja propuesta del federalismo, sistema de organización estatal que carece de sentido renovador, menos todavía revolucionario (ver: JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, el ensayo sobre el centralismo. Varias ediciones).
El justo y contundente paro regional de los maestros de Loreto, realizado el 21 de mayo 2009 bajo la conducción de su sindicato, El Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación de Loreto (SUTE Regional Loreto) y sus bases provinciales de Maynas, Alto Amazonas, Mariscal Castilla, Nauta, Requena y Ucayali, ha puesto con mayor evidencia el carácter neoliberal de la administración de la educación en esta región, bajo la responsabilidad de una directora regional que salió a amedrentar a los docentes con las amenazas del descuento por “día no laborado”, como si los maestros peruanos organizados en el SUTEP no supieran, por experiencia propia de casi cuarenta años de lucha, que realizar una paralización laboral significa un sacrificio salarial, y que nunca se ha mendigado que “por favor, no nos descuenten”. Este riesgo de todo trabajador que lucha explica, precisamente, la existencia de “amarillos” y boicoteadores de la lucha social, cuyo ingenuo argumento es “no perjudicar a los niños”, como si los maestros en huelga no tuviesen, también, hijos que “se perjudican” cuando no hay clases. Agréguese que las amenazas de descuento es el denominador común de todos los ministros de educación y de sus funcionarios, amén de los funcionarios intermedios, sin haber logrado evitar las luchas magisteriales.
Resulta que los dirigentes del SUTE regional Loreto y del SUTE Maynas han descubierto la entraña corrupta, aprovechadora y neoliberal (ese espíritu neoliberal del que hemos hablado en el primer parágrafo de este texto) de los administradores de la educación, en un documento llamado “Convenio” entre la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL) y una escuela privada de reciente creación, “La Científica” (¿?), propiedad de un familiar del Gerente de Asuntos Sociales del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), José Valera Torres, ex Director de la DREL.
Además de constituir una contradicción entre el supuesto proyecto de mejorar la escuela pública y la autorización casi indiscriminada y muy alegre para el funcionamiento de más centros educativos dedicados al negocio, los administradores de la educación loretana convienen en dotar a ese centro “científico” de maestros pagados por el Estado, lo que quiere decir que, a costa de la escuela pública, ellos deciden favorecer, en este caso, a quien busca, simplemente, el lucro con las pensiones y otros cobros a sus clientes que tienen, seguramente, la ilusión con convertir a sus hijos en “profesionales exitosos” matriculándolos en ese centro privado. Pero donde la inmoralidad política salta como la liebre es cuando se comprueba que el dueño del mencionado centro educativo privado es cuñado del mencionado Gerente de Asuntos Sociales del GOREL. No es casual que otra funcionaria de la DREL, la profesora Gladis Ríos, sancionada por irregularidades cometidas cuando el gobierno aplicaba a los maestros la prueba estandarizada, mediocre y punitiva, tenga hoy su propio centro educativo privado. Nuevamente se comprueba que, bajo el amparo de la actual constitución fujimorista y el Decreto 882 de 1996, también fujimorista, más la nueva Ley General de Educación 28944, promulgada por el ex Presidente Toledo el 2003, la privatización de la educación sigue su marcha.
Los dos casos que estamos mencionando, aun a costa de hacer más aburrido este texto, nos dan una mejor idea del espíritu neoliberal que inspira a nuestros administradores de la educación, desde el Ministerio de Educación hasta la Asamblea Nacional de Rectores, cuyos máximos funcionarios son propietarios o promotores de la educación privada. En manos de estos funcionarios, la educación pública no tiene otro destino que seguir languideciendo. Todo el discurso que vierten no es sino la demagogia camuflada de “buenas intenciones”. Al final, para mucha gente, los maestros son los que deben responder por la crisis educativa del país. Sería conveniente que se investigue, en todo el país, las relaciones entre centros privados y los administradores de la educación pública, incluyendo la composición de la carga laboral de esos centros.
Corresponde a los maestros organizados en su sindicato y a los docentes universitarios dedicados a formar educadores un trabajo de construcción de una alternativa de nueva educación para el Perú. Esa alternativa no puede tener otro fundamento programático que la escuela publica para todos los peruanos. El proyecto educativo del SUTEP, redactado en 1992, es una base importante, aunque los neoliberales lo hayan ninguneado a lo largo de estos años. Es una tarea necesaria, presente, ineludible.
Iquitos, capital de la Amazonía peruana, mayo 23 del 2009
