Municipalización de la Educación: Fracaso anunciado.

Lic. José Ramos Bosmediano, Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

Desde que el gobierno neoliberal del hoy condenado Alberto Fujimori lanzara la orden de municipalizar la educación, basándonos en los antecedentes de la reforma educativa chilena de Pinochet y su municipalización fracasada, desde el sindicato que dirigimos en aquella década (1990-2000) advertimos que esta política no tenía el objetivo de “descentralizar” la educación para “hacer más eficiente la gestión” y lograr el “mejoramiento de la calidad”, sino que buscaba disminuir las responsabilidades económicas del gobierno central en función del ahorro fiscal en materia educativa, con graves consecuencias para la escuela pública, por ende, para la gran mayoría de niños y jóvenes que son matriculados en ella; pero también para los propios docentes que no tendrían ningún derecho a reclamar a los alcaldes sus reivindicaciones económicas. Se denunció el signo privatizador de la municipalización de la educación. El fujimorismo lanzó hasta tres veces el desfachatado proyecto. Las tres veces debió de recular frente al esclarecimiento de sus reales objetivos.

En el marco de la nueva Ley General de Educación (28044) promulgada por el gobierno de Alejandro Toledo con el ignorante apoyo parlamentario de todos los “demócratas” de aquel Parlamento (2001-2006), el actual gobierno del señor Alan García Pérez, también con la complicidad de los actuales parlamentarios, ha puesto en marcha, desde el 2007, el plan piloto de la municipalización de la educación. Los apristas pueden denostar del fujimorismo todo lo que quieran, pero no pueden negar que son fieles herederos de toda la política económica, social y cultural del neoliberalismo impuesto por el socio de Montesinos. Son, incluso, más diligentes para seguir vendiendo el país y proseguir con la privatización de los servicios sociales, como la educación y la salud. La destrucción real de la carrera pública docente es, en el mismo sentido, el cumplimiento de lo que el fujimorismo no pudo realizar.

Descentralización y Municipalización de la Educación.

José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

Antecedentes de la Municipalización de la Educación Peruana.

Estamos a casi 20 años de la imposición de la reforma educativa neoliberal por el gobierno del hoy sentenciado Alberto Fujimori Fujimori sin haber experimentado, por lo menos, una ligera mejora de la situación educativa cuya crisis se agudizó en la década de los 80. Decimos que es una reforma impuesta porque no mereció ningún debate, ni consulta, ni fundamentación para que el gobierno lo convirtiera en política de Estado. Fueron los “expertos” y los “consultores” de los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) quienes dieron las líneas maestras para esa reforma educativa como parte del “ajuste estructural” dictado por el denominado “Consenso de Washington”. Desde luego que intervinieron también los funcionarios del gobierno y algunos “expertos” de ciertas ONG que apoyaron la implementación de la reforma.

Para corroborar lo que decimos basta mencionar que en marzo de 1991, mediante un Decreto Supremo, el gobierno de Fujimori anuló los derechos fundamentales de los maestros que establecía la Ley 24029 (Ley del Profesorado), medida previa para luego establecer un sistema masivo de trabajo docente por contrato y la evaluación estandarizada que hoy continúa aplicando el gobierno actual.

Perú 2010: Estado confesional o Estado Laico.

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

No solamente el Presidente actual del Perú, Alan García Pérez, sino también todos los representantes en los poderes del Estado, hasta las instancias de gobiernos regionales y municipales, juramentan el cargo ante la cruz del cristianismo católico y la biblia católica, presiden los más importantes actos públicos con tedeums y ritos similares del catolicismo. Tal es uno de los elementos culturales y políticos heredados de la colonia, siempre actual en toda la historia republicana del Perú.

Ante el crecimiento de ciertos grupos religiosos derivados del protestantismo europeo, principalmente evangélicos y adventistas, en los últimos años los gobernantes se han visto obligados a reconocer su respeto y su colaboración con dichas confesiones, a tal punto que, en el artículo 50 de la Constitución política vigente desde 1993, se ha incluido una segunda parte dedicada al reconocimiento del Estado a las “otras confesiones religiosas”. Agreguemos que en las zonas donde los israelitas del desaparecido Ataucusi tienen hegemonía, su religión se ha convertido en la premisa de la educación de los niños en las escuelas públicas.

Aunque alguien diga lo contrario con el argumento de que hay libertad de pensamiento y de culto, el Estado peruano no es laico, ni imparcial frente al confesionalismo religioso. El artículo 50 de la Constitución vigente, en su primera y medular parte, no dice que el Estado es laico, como debiera decir, sino que, en forma eufemística, proclama el confesionalismo cuando establece que “en un régimen de independencia y soberanía” el Estado respeta y reconoce a la Iglesia católica por su legado histórico y cultural en el proceso de nuestra historia, agregando la obligación de colaborar con ella.

Descentralización y diseño curricular.

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

Se ha venido exagerando la adecuación del currículo en el proceso de la descentralización de la educación al considerar que con la diversificación curricular se puede satisfacer las necesidades y aspiraciones de las regiones y localidades en materia de educación y cultura.

Al respecto, es recurrente la crítica que se hace a los ejemplos que establecen los textos escolares cuando señalan elementos naturales y culturales de otras regiones, donde las especies vegetales comestibles son diferentes, o en el caso de los cuadrúpedos, aves y peces. Igual ocurre con la mención de hechos culturales, como el transporte, la propia alimentación, etc. Esta observación carece de valor pedagógico suficiente, pues al excluir el estudio de lo que podríamos llamar la “geografía alimentaria” de regiones que no son las nuestras, se estaría mutilando el estudio de las riquezas naturales de la nación. El problema de fondo no está en “provincializar” o en “regionalizar” los ejemplos en el proceso enseñanza-aprendizaje que, por lo demás, tiene, en sus fines, objetivos, métodos y procedimientos no solamente nacionales, sino universales, productos del desarrollo de la pedagogía como ciencia. ¿En qué quedaría la interculturalidad como uno de los ejes pedagógicos?.