José Ramos Bosmediano.
Profesor de Filosofía y Ciencias
Sociales, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red
SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú).
Con mi saludo y agradecimiento
infinito a todos los que se han solidarizado y siguen haciéndolo para recuperar
mi salud, vuelvo a la escritura sobre los inmensos problemas de nuestro país y,
por qué no, del mundo. Con la enfermedad no aplacada, no es posible aislarse de
nuestros amigos y compañeros de lucha. A los maestros del SUTEP por su
inquebrantable defensa de la escuela pública y sus derechos, en la huelga del 5
de setiembre al 5 de octubre.
Seguramente en estos días el
Presidente Ollanta Humala Tasso promulgará la nueva ley magisterial aprobada en
la madrugada del viernes 23 del mes en curso, con el nombre de “Ley de Reforma
Magisterial”. Como ha sido siempre la costumbre de los gobernantes de los
últimos 50 años, los actuales, con sus parlamentarios y su prensa (voces y ecos
de la derecha neoliberal que gobierna el Perú) han salido “con la pata en alto”
para ponderar los “beneficios” de ese esperpento de ley magisterial, tanto para
los maestros como para los estudiantes de la escuela pública, garantizando a
estos últimos una supuesta elevación de su nivel de aprendizaje y, a los
maestros, el ingreso a la “meritocracia” para su buen desempeño y sus mejores
beneficios remunerativos y su ascenso en la carrera docente. No se requiere
escuchar ni leer toda la prensa de la derecha, pues el diario “La República” de
Lima, que dice ser diferente a aquella, nos informa mejor sobre la posición que
toda la derecha peruana tiene sobre nuestros problemas económicos, sociales,
políticos y culturales. Las ediciones del sábado 24 y del día de hoy (domingo
25), en sus páginas 12 y 6, respectivamente, son más que suficientes para
calibrar sus juicios y sus ilusas esperanzas, también su desprecio a las
opiniones de los maestros organizados en el SUTEP, cuya huelga fue decisiva
para introducir ciertos elementos positivos en el proyecto del Ejecutivo, pero
soslayando los fundamentales derechos de los maestros peruanos, conculcados
desde marzo de 1992 por la mafiosa dictadura fujimontesinista.
